A siete años del huracán María, en Puerto Rico no se puede contar ni con el servicio eléctrico 

El 13 de agosto, la tormenta tropical Ernesto se intensificó rápidamente justo antes de pegarle a Puerto Rico y las Islas Vírgenes. La intensificación y trayectoria merecieron aviso de huracán para las Islas Vírgenes tanto como para las islas municipio de Vieques y Culebra.

A pesar de no tocar tierra en ninguno de los dos archipiélagos, Ernesto trajo consigo vientos de hasta 50 millas por hora (80,5 kilómetros por hora) y hasta 10 pulgadas (25,5 cm) de lluvia en Puerto Rico. Al día siguiente, Puerto Rico amaneció con más de 728.000 abonados (casi la mitad del total) sin servicio eléctrico, miles sin agua potable (debido a que muchas comunidades dependen de la electricidad para bombear agua), y alertas de inundación a través de toda la isla.  

Afortunadamente no se reportaron muertes debido al paso de la tormenta. Pero no pasa desapercibido el frágil estado de la infraestructura energética en Puerto Rico. Siete años después de que el huracán María devastara a Puerto Rico y resultara en el apagón más grande y extenso en la historia de Estados Unidos (80% de la población se quedó sin luz y algunas comunidades no se les restableció el servicio por un año), una vez más la isla se enfrenta a debilitantes apagones que afectan la mitad de la población.

Nuestra población se ve forzada a tirar a la basura alimentos perecederos, muchos no pueden usar equipo médico para dializar pacientes en casa, o no pueden refrescarse en sus hogares ante el calor peligroso tras la tormenta.  

Empresas privadas eléctricas operan sin fiscalización ni penalidad alguna por incumplimiento de obligaciones y niveles de servicio 

LUMA, el consorcio privado encargado de la distribución eléctrica, no es capaz de mantener de manera confiable el vital servicio eléctrico en la isla. La prueba más reciente previo a la tormenta tropical Ernesto ocurrió en junio del corriente, cuando más de 340.000 abonados se quedaron sin luz en medio de una terrible ola de calor. Esto preocupa al ente regulatorio energético, el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), quien recientemente exigió a LUMA explicaciones ante el incremento de 19% registrado en interrupciones en el servicio eléctrico entre 2023 y 2024.

¿Y porqué tantas interrupciones? Risiblemente, LUMA dice que se dio a la tarea de remover la vegetación descuidada ya que ésta es “la causa principal de las interrupciones de servicio en Puerto Rico“, declaración engañosa según el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). De acuerdo con LUMA, si la culpa no la tiene el follaje, la tiene la fauna: ratones, iguanas, gatos, y monos son todos sospechosos de causar los apagones en la isla. Todo menos su propia incompetencia y negligencia. 

Enfurece que a casi siete años del Huracán María, del colchón de $750 millones que los contribuyentes en Puerto Rico fueron forzados a aportar para que LUMA entrara al mercado, de haber despedido a los celadores de línea cuyos contratos sindicales fueron desconocidos por LUMA, de por lo menos siete alzas en las tarifas por kilovatio-hora (después que LUMA prometiera que no habrían dichas alzas), esta es la hora que Puerto Rico no tiene luz de manera confiable ni a precios que la mayoría de nuestra gente pueda pagar. 

Y es que a LUMA se le permite operar de la manera más descabelladamente posible, empezando por todas las irregularidades mencionadas anteriormente relacionadas al contrato y personal, hasta las entidades fiscalizadoras, el NEPR y la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), quienes son muy blandengues en su fiscalización de LUMA. LUMA incumple por mucho en sus métricas de rendimiento.

Por ejemplo, la duración promedio de los apagones en Puerto Rico entre abril de 2023 y marzo de 2024 fue de 1.414 minutos, o casi 24 horas (el promedio en Estados Unidos en 2022 fue de casi 6 horas). El NEPR estableció que para LUMA estar en cumplimiento no debe rebasar los 1.243 minutos (20,7 horas).  El CPI indagó para saber que pasaría en caso de incumplimiento con las condiciones mínimas de rendimiento que provocarían la cancelación del contrato de LUMA, pero el NEPR y la AAPP se pasaron la papa caliente uno al otro y evitaron contestar con claridad y exactitud hasta cuándo puede LUMA incumplir su contrato sin que el mismo sea cancelado.

Al momento LUMA opera bajo una extensión sin término al contrato original que expiró en noviembre de 2022 y otorgada por el gobernador Pierluisi, contrato que no cuenta con penalización alguna por incumplimiento a LUMA. Es una verdadera locura. 

¿Qué le espera a Puerto Rico con Genera al mando de la generación eléctrica? 

Después del huracán María, el gobierno federal y la Junta de Control Fiscal (en inglés Fiscal Oversight Management Board, FOMB) establecida por el Congreso mediante la ley PROMESA, decidieron que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) sería privatizada antes de que pudiera recibir fondos federales de FEMA y de otras agencias federales para reconstruir la red (lean aquí la historia de la politización y destrucción en cámara lenta de la AEE que llevó a la privatización del sistema energético).

Esta fue una decisión imprudente, dado el desastroso experimento de privatización con no una, sino dos empresas privadas de gestión de servicios de agua en la década de 1990. En ese entonces, esos contratos fueron cancelados por el gobierno de Puerto Rico por no mejorar el servicio ni cumplir con requisitos mínimos de rendimiento. Eso solo fue posible porque los contratos de privatización incluían cláusulas que permitían al gobierno de Puerto Rico rescindirlos en caso de mal desempeño; por lo menos esas dos empresas tenían experiencia en la gestión de sistemas de agua potable. Pero esas lecciones no fueron tomadas en cuenta, y en junio de 2023, la AEE entregó las operaciones de su flota de generación a la empresa privada Genera. 

New Fortress Energy, la empresa matriz de Genera, no tiene experiencia en energía renovable y se especializa en gas metano. New Fortress resaltó cuatro temas de la propuesta seleccionada por la AAPP. Primero, señaló que lograría un ahorro significativo de costos en beneficio de los consumidores mediante la gestión de combustible y la optimización de operaciones. Segundo, que mejoraría la confiabilidad y eficiencia del sistema de generación con un enfoque en energía distribuida y microrredes. Tercero, que retirará centrales obsoletas, garantizando simultáneamente una generación confiable, de bajo costo y más limpia en los centros de carga para apoyar la transición a las energías renovables. Por último, dijo tener compromiso con la contratación local y planes para reclutar, capacitar e incentivar a los empleados.

En un informe este año a sus accionistas, el liderato de New Fortress Energy declaró su plan de reemplazar la flota generatriz obsoleta en Puerto Rico con unidades de gas metano, y que la energía y almacenamiento solar sería complementaria. O sea, que no se puede vislumbrar claramente cómo la gestión de Genera adelantará el mandato de un mínimo de 40% para el 2025, 60% para el 2040 y 100% de generación en base a fuentes renovables para el 2050, contenido en la Ley de Política Pública Energética de 2019.

A un año de asumir, Genera dice que a través de la gestión de combustible y optimización de operaciones producirían ahorros de $875 millones de aquí al 2028 y que la mitad de los ahorros irían a la AEE para reducir costos a los consumidores. La empresa dice estar enfocada en estabilizar e incrementar la generación, la cual fluctúa mucho y provoca apagones a menudo cuando las obsoletas unidades de generación salen de servicio. Pero el hecho es que Genera, al igual que LUMA, no cuenta con el personal con el conocimiento para operar y dar mantenimiento a las plantas porque los despidieron al desconocer los acuerdos de negociación colectiva del sindicato de trabajadores UTIER. Y su especialización en gas metano es un incentivo obvio para promover la ampliación de combustibles fósiles y no de fuentes renovables.  

Pasada la tormenta tropical Ernesto, el déficit de generación que Genera no parece poder superar quedó evidenciado. Durante la noche del jueves después de Ernesto, un incendio en una subestación dejó sin servicio a casi 100.000 abonados en la región de Carolina, y al día siguiente la Central Aguirre en el sur salió de servicio, dejando sin luz a unos 100.000 abonados. Para rematar, el martes, casi una semana después de Ernesto, otros 100.000 quedaron sin luz en horas pico de consumo cuando se repitieron las averías en Aguirre.

¿Qué hacen LUMA y Genera con el dinero que reciben del Congreso y del pueblo de Puerto Rico? 

El presupuesto de LUMA para el año fiscal 2024-2025 es de $693 millones, es aportado por el gobierno de Puerto Rico y está destinado a la operación y manutención del sistema de transmisión y distribución eléctrica. LUMA también cobra una tarifa anual por operar el sistema, el total de la cual se espera sume $500 millones de dólares entre 2021 y 2025.

Sin embargo, LUMA ha postergado sus planes de mantenimiento, ya que en junio suspendió planes para hacer mejoras a unos 100.000 postes de alumbrado, reparación de circuitos soterrados, y mitigación de incendios, proyecto valorado en $65 millones de dólares por “problemas presupuestarios”. LUMA dice que en adición a esos $65 millones, le faltan otros $45 millones para poder llevar a cabo las mejoras. 

El contrato de Genera le otorga $15 millones para gastos de transición y una tarifa anual de $22,5 millones durante los primeros cinco años, la cual se reducirá después del quinto año hasta un mínimo de $5 millones. También incluye incentivos de hasta $100 millones por economizar en gastos operacionales, cumplimiento de normas de seguridad ocupacional y recomendaciones ambientales y de compra de combustible. Lo que no incluye el contrato son incentivos ni penalidades relacionados al cumplimiento de metas de generación con recursos renovables como lo manda la Ley de Política Pública Energética. Las unidades de generación continuarán siendo propiedad de la AEE porque Genera sólo se encargará de la operación, mantenimiento y eventual retiro de las unidades obsoletas, lo cual contribuye a la preocupación en cuanto al énfasis que Genera pondrá en el desarrollo de energía renovable.  

Puerto Rico necesita energía renovable 

La crisis climática, la deuda pública, las alzas sin fin en tarifas y la dependencia en combustibles fósiles estrangulan a las y los boricuas. Todo este mal manejo y falta de fiscalización del sistema energético boricua ocurre en el contexto de una crisis climática sin precedentes que trae al Caribe tormentas más destructivas, que se intensifican rápidamente en cortos períodos de tiempo, y que traen más lluvia.

Las islas, soberanas o no, pagan altos y altamente variables costos por los combustibles fósiles, en gran parte por la volatilidad de sus precios en los mercados globales. El 94% de la generación eléctrica en Puerto Rico se lleva a cabo con combustibles fósiles. Estos costos son la razón principal de los múltiples aumentos en tarifas según LUMA.  De acuerdo. Entonces, ¿por qué no transicionar a fuentes renovables? La energía renovable puede solucionar la incertidumbre frente a la fluctuación de los precios de los fósiles. 

La siguiente gráfica muestra el costo por kilovatio-hora para consumo eléctrico residencial en Puerto Rico y Estados Unidos. Claramente, se puede ver que estos costos son mucho más altos en Puerto Rico, debido en gran medida al costo de comprar combustibles fósiles—algo que LUMA no controla.

Los costos de las tarifas residenciales por consumo eléctrico han aumentado dramáticamente en Puerto Rico y son mucho más altas que el costo promedio en Estados Unidos. Nótese el salto vertiginoso justo después del Huracán María y la tendencia al alza desde 2021.  Fuente de datos: Energy Information Administration Form https://www.eia.gov/electricity/data/eia861m/ 

Las prioridades deben ser establecidas en beneficio del pueblo de Puerto Rico, no de intereses particulares 

Otro contexto importante es que la Junta de Control Fiscal, quien tiene control absoluto sobre los presupuestos y planes de Puerto Rico, prioriza a los acreedores de Puerto Rico y no al sistema energético. En su plan fiscal para reestructurar la deuda de la AEE, la Junta reconoce que las alzas en tarifas pudieran ser usadas para transformar la red energética en una entidad moderna, eficiente, y limpia (i.e., libre de fósiles). Pero en la misma declaración optan por usar el dinero del alza en las tarifas para pagar a los acreedores.  Uno de los principios de un plan de quiebra sería dejarle a la AEE los recursos necesarios para proveer un servicio eléctrico de calidad, de manera que la Junta debería reservar fondos para ello antes de pagar a los acreedores.  

LUMA, Genera, la Junta, falta de fiscalización, cambio climático. La situación insostenible en el sistema eléctrico y los riesgos a los que expone a la población de Puerto Rico han sido agravados por la entrega del sistema de producción, transmisión y distribución energética a intereses particulares sin fiscalización real, a quienes se les abrió las puertas para venir a lucrar con los millones de dólares asignados por FEMA después del Huracán María. A pesar de que la Ley de Política Pública Energética creó mandatos para incrementar sustancialmente la generación en base a fuentes renovables para el 2050, apenas llega hoy día al 5%.  

Al presente, Puerto Rico cuenta con 14 mil millones de dólares ($14.000.000.000) en fondos federales para reconstruir la red eléctrica. El problema no es tanto la disponibilidad de fondos, sino la implementación por parte de las agencias públicas y privadas mencionadas, las cuales obtusamente ignoran estudios como el de Queremos Sol y el de PR100 que demuestran la viabilidad de reducir las importaciones de hidrocarburos a la vez que se cumple con la demanda energética en Puerto Rico.  

Claramente, la privatización de la generación, transmisión y distribución a manos privadas ha contribuido a acrecentar el problema de fondo que es la necia insistencia en hidrocarburos y la falta de inversión en la transición hacia fuentes renovables. Con la entrega a intereses privados que los gobiernos recientes en Puerto Rico y la Junta han hecho del patrimonio energético, han posibilitado el que las empresas matrices de LUMA y Genera se lucren con millones de dólares federales pero sin facultades ni disposición de atender los problemas de fondo en función de las necesidades de las y los puertorriqueños.  

Soluciones

La encrucijada energética en la que se encuentra Puerto Rico es compleja y aquí apenas he esbozado algunas de sus características. Las soluciones radican en una madeja grande y complicada de agencias federales y puertorriqueñas, empresas multinacionales y comunidades en Puerto Rico pero las mismas deberían seguir una lógica muy sencilla: priorizar la estabilidad del sistema eléctrico en función asegurar su funcionamiento tanto en la vida cotidiana en Puerto Rico como durante situaciones de emergencia como tormentas, huracanes, inundaciones—eventos que serán cada vez más destructivos en la medida que el cambio climático avanza.  

Aquí propongo unas posibles soluciones 

• Los 14 mil millones de dólares disponibles para LUMA y Genera deben ser invertidos de manera prudente para que la AEE tenga los recursos necesarios para proveer un servicio eléctrico confiable;
• NEPR y AAPP tienen que cumplir su función fiscalizadora, clarificar cuáles son las condiciones de rendimiento para mantener los contratos de LUMA y Genera, y establecer y hacer cumplir penalidades por bajo rendimiento; 

• Respetar los acuerdos de negociación colectiva de UTIER y contratar a los trabajadores sindicalistas puertorriqueños con la experiencia y conocimiento para mantener el sistema en funcionamiento; 

• La Junta de Control Fiscal debe destinar, en su plan de ajuste de la deuda, una partida suficientemente grande como para posibilitar la transición de la AEE a una empresa moderna y eficiente, con una trayectoria clara hacia el cumplimiento de la Ley de Política Pública Energética.; 

• Integrar en la búsqueda de soluciones de energía renovable la experiencia comunitaria y la ciencia de estudios como Queremos Sol y PR100, conformados por amplias coaliciones de comunidades vulnerables, científicos, expertos en energía renovable a nivel comunitario y actores del sector privado.