Abortar en Castilla y León: “Tuve que alegar problemas de salud mental para evitar el periodo de reflexión y no tener que ir dos veces de Ávila a Valladolid”

Laura es de un pequeño pueblo de Ávila. Hace un año se quedó embarazada y decidió abortar. Sabía que el primer paso era acudir a su centro de salud, pero decidió ir al de un pueblo cercano, algo más grande, por una cuestión de privacidad. “En el mío todo el mundo te conoce y no me apetecía que alguien acabara enterándose”. Su periplo comenzó ahí, en esa provincia, pero terminó en Valladolid, pagando 730 euros de su bolsillo. Y resume su experiencia así: “Abortar en Castilla y León es mucho más difícil de lo nunca imaginé”.

En el centro de salud del pueblo contiguo, el matrón le indicó que tendría que pasar por la consulta de la trabajadora social, tal y como establece el protocolo, quien le informaría de los procedimientos y le entregaría un sobre con información sobre políticas activas a la maternidad, de acuerdo a lo que establece la ley aprobada en 2010. Después, tendría que esperar tres días mínimo de periodo de reflexión y ya podría acudir a la clínica privada de Valladolid con la que Ávila, como el resto de provincias excepto Soria, tiene concertada la prestación de la interrupción del embarazo.

“El matrón me dijo que solo había una trabajadora social para toda la zona y que la próxima consulta que tenía sería en dos semanas”, explica Laura a Newtral.es. “Le pregunté qué opciones tenía, que no quería ni podía esperar tanto. Me dijo que podía ir a la clínica de Valladolid directamente, pero que en ese caso tenía que pagar yo por abortar”, prosigue. El matrón no le indicó que, en ese caso, Laura podría haber acudido también a alguna de las otras tres clínicas acreditadas para abortar que hay en Castilla y León: dos en Salamanca y una en León. 

Ese mismo día, Laura llamó a la clínica de Valladolid, Ginemédica. “La persona que me atendió me dijo que sin ser derivada desde la pública, tenía que ir yo en persona a que me hicieran una ecografía para confirmar el embarazo y a recoger el sobre con la información. Después, esperar tres días [el periodo de reflexión que marca la ley vigente] y volver de nuevo para ya practicarme el aborto”, explica. 

Por sus circunstancias laborales y personales, Laura no podía permitirse acudir hasta en dos ocasiones a Valladolid, a más de 100 kilómetros de su casa. Suponía un viaje de ida y vuelta de algo más de tres horas cada vez, sumado al tiempo de espera en la clínica. “Le pregunté entonces si no era posible hacerlo el mismo día. Me dijo que sí, si me veía el psiquiatra de la clínica y me hacía un informe, pero que eso se pagaba aparte, no me dijeron nada más. Así que tuve que alegar problemas de salud mental para evitar el periodo de reflexión y no tener que ir dos veces de Ávila a Valladolid. Recuerdo que ponía: ‘Refiere tener ansiedad’. Pero fue porque sabía que tenía que pasar por ahí para no tener que desplazarme dos veces”, cuenta. 

Viajar de Ávila a Valladolid pagando 700 euros por abortar

A raíz del testimonio de Laura, hemos llamado a Ginemédica explicando un caso similar para comprobar si existe la opción de abortar en una clínica evitando el periodo de reflexión. Quien nos atiende indica, en primer lugar, que hay que recoger el sobre con la información en persona, esperar tres días y ya acudir para la realización del aborto.

Preguntamos si no hay opción de realizar todo el mismo día y desde esta clínica señalan que sí: “Tienes la opción, para no esperar los días que obliga la ley, que te haga un informe el psiquiatra. Cuesta entre 45 y 70 euros en función del tiempo que estés en consulta”, que se sumaría a lo que cuesta la intervención —entre 400 y 700 euros, en función de si es farmacológico o instrumental, tu grupo sanguíneo y la semana de embarazo—. Desde esta clínica indican que el psiquiatra solo va a preguntar “si estás segura, si lo tienes claro”. 

Hemos contactado también con las otras tres clínicas acreditadas que hay para abortar en Castilla y León —Multimédica y Mencía, en Salamanca, y Buenavista, en León—, pero en ninguna han ofrecido esta posibilidad. Desde la gerencia de la clínica Ginemédica indican a Newtral.es que “se puede dar la circunstancia, si en algún momento la mujer que acude está en una circunstancias psíquicas determinadas, que la vea el psiquiatra para intentar resolver el tema lo antes posible”. El gerente José Manuel Muñoz asegura que “existe esa posibilidad, pero que es para patologías psiquiátricas específicas”. 

Sin embargo, Laura considera que, “más allá de estar preocupada por las circunstancias”, no tenía ningún problema de salud mental. 

Emilia García, psicóloga en la clínica Buenavista (León) y una de las portavoces de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), explica a Newtral.es que “hasta las 14 semanas, no se necesita pasar por un psiquiatra ni nada parecido”. “Lo de que se emita un informe psiquiátrico alegando un riesgo para la salud psíquica de la gestante está pensado para interrupciones más allá de la semana 15. Implica que la mujer tiene que estar muy, muy afectada. Nunca debería ser una forma de acortar plazos. Eso no significa que defendamos el periodo de reflexión, al contrario, celebramos que la reforma de la ley del aborto lo quiera eliminar. Pero no nos parece adecuado que se ofrezca esta posibilidad, previo pago”, añade.

El artículo al que hace referencia García es el número 15 de la ley del aborto aprobada en 2010, que indica que excepcionalmente se podrá interrumpir un embarazo pasadas las 14 semanas (y antes de la semana 22, porque ahí se regula por otros supuestos) si concurren motivos médicos. De esta forma, no hay periodo de reflexión de tres días, pero debe existir un grave riesgo para la vida o la salud (física o psíquica) de la embarazada y así “conste en un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por un médico o médica especialista distinto del que la practique o dirija”. En el caso de Laura, el psiquiatra era un médico especialista distinto al que luego le realizó el aborto, con capacidad para emitir ese dictamen o informe donde se alegaba el riesgo para su salud psíquica. 

Emilia García recuerda que “esto ya se hacía antes de la ley de 2010, cuando las mujeres tenían que alegar este supuesto para poder abortar”. Como contamos en Newtral.es, en 1985 se despenalizó el aborto en tres únicas circunstancias; una de ellas era el riesgo para la salud física o psíquica de la mujer. Hasta la aprobación de la ley en 2010, que permitió el aborto libre y sin condiciones en las primeras 14 semanas, “muchos médicos y mujeres se arriesgaron”, apuntaba Francisca García, presidenta de ACAI. “El supuesto de riesgo para la salud mental de la madre se interpretó de una manera amplia para que las mujeres pudiesen abortar”, añadía. 

Abortar en Castilla y León: un periplo con obstáculos

Igual que Laura, Marta también pagó por abortar. En su caso, para evitar trasladarse hasta Valladolid, derivada por la pública, y someterse a la intervención en una de las clínicas acreditadas que hay en su provincia. 

“Fui al hospital por unos dolores muy fuertes y ahí me dijeron que estaba embarazada. Me indicaron que tenía que ir al centro de salud, después esperar cita con la trabajadora social, pasar los tres días de reflexión y ya acudir a una clínica en Valladolid. El proceso podía ser de casi 15 días y me dio mucha angustia. Decidí ir directamente a una clínica que había en Salamanca”, cuenta a Newtral.es. 

De haberlo cursado por el circuito público, no habría pagado, pero se habría tenido que desplazar hasta Valladolid, recorriendo también más de 100 kilómetros. Sin embargo, tenía la opción de asumir el coste del procedimiento e ir a una clínica en su misma ciudad. Una opción que no existe para las mujeres de Ávila, Palencia, Segovia, Soria y Zamora, donde ni siquiera hay clínicas acreditadas para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Por tanto, pagando o no, tienen que desplazarse a Valladolid o a Madrid (en el caso de Soria).

En Burgos tampoco hay clínica privada acreditada pero sí hay dos hospitales públicos que realizan abortos: el Hospital Santiago Apóstol (desde 2012) y el Hospital Universitario de Burgos (desde 2022). A pesar de ello, estos dos centros no pueden asumir el 100% de las interrupciones, por lo que la administración pública también concierta este servicio con la clínica de Valladolid.

El caso de Ana, residente en Salamanca, también muestra la dificultad para abortar en Castilla y León. Se quedó embarazada en 2018 y, aquel año, la administración pública la derivó a la clínica Isadora, en Madrid, no a Valladolid como ocurre ahora. “No tuve que pagar por la intervención, pero sí el viaje hasta Madrid, que fueron cerca de 60 euros. Yo solo tenía 23 euros en la cuenta bancaria y no quería pedirle dinero a mis padres. Me dijeron que ese no era su problema y que, además, luego podía reclamar ese dinero y se me devolvía. Yo no podía ni adelantarlo, se lo tuve que pedir al chico con el que estaba liada”, cuenta a Newtral.es.

Ana explica que se sintió “desamparada”: “La matrona que me hizo la ecografía para confirmar el embarazo, antes de pasar por la trabajadora social, me preguntó varias veces si estaba segura de que quería abortar, que eso marcaba de por vida. Nadie me explicó que existía un método farmacológico y otro quirúrgico, ni las ventajas y desventajas, ni cómo iba a ser la recuperación… En la clínica de Madrid sí me explicaron todo y me sentí muy acompañada. Pero no es justo tener que irme tan lejos para abortar [más de 200 kilómetros] y teniendo que adelantar yo el dinero del transporte”, añade. 

Emilia García, psicóloga en la clínica Buenavista, recuerda que “todo lo que es poner trabas y obstaculizar el proceso crea más estigma del que ya hay”. “Por eso insistimos en que es legítimo que se reclame que la interrupción del embarazo se haga en la pública, pero con garantías. Los profesionales se tienen que formar no solo en las técnicas, también en el acompañamiento”, añade.

Cristina Romero, una de las fundadoras de A Contracor, una asociación para dar apoyo a mujeres que han pasado por una interrupción del embarazo, explica a Newtral.es que “expulsar a las mujeres del circuito público, sin opción a hacerlo en su ciudad, cerca de su casa, es maltrato institucional”.

Dos hospitales públicos de Burgos, los únicos que realizan abortos en toda Castilla y León

Burgos es la única provincia en la que se puede abortar en Castilla y León a través del sistema sanitario público y sin desplazamientos. Esto se debe a que hay dos hospitales que prestan este servicio: desde 2012, el Hospital Santiago Apóstol, en Miranda del Ebro, y desde 2022, el Hospital Universitario de Burgos (HUBU), en la capital de provincia. 

En ambos centros ha trabajado el ginecólogo y obstetra Abel Renuncio, también vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Contracepción (SEC). Este médico trabajaba en el Santiago Apóstol cuando ya en 2012, tan solo dos años después de la aprobación de la ley del aborto de 2010, este hospital incluyó la prestación de la interrupción del embarazo en su cartera de servicios, tanto farmacológica como instrumental. “Había un equipo muy implicado desde el principio con este tema”, explica en conversación con Newtral.es.

El Hospital Universitario de Burgos realiza abortos farmacológicos desde 2022

Este hospital es el centro de referencia de unos 65.000 habitantes de la provincia de Burgos, según la Junta de Castilla y León. De acuerdo con el último informe autonómico sobre abortos, con datos de 2021, el Santiago Apóstol notificó casi el 100% de los abortos practicados en centros públicos en Castilla y León ese año: 58 de 60. Los otros dos se notificaron en centros públicos de León y Segovia (uno y uno, respectivamente), pero en el informe omite qué centros son. Aun así, esto supone menos de un 3% de abortos llevados a cabos en la red sanitaria pública en toda Castilla y León, ya que el 97,7% son interrupciones realizadas en clínicas privadas (ya sea con financiación pública o costeándolo la usuaria).

Como explica Renuncio, “la cifra será mayor en 2022, año en el que se ha iniciado la prestación de la IVE en el Hospital Universitario de Burgos [donde este médico ejerce desde 2018]”. El último informe oficial todavía no refleja estos datos porque los últimos publicados corresponden a 2021. 

Abel Renuncio reconoce que, de momento, el HUBU solo realiza interrupciones farmacológicas “hasta la semana 12”, por lo que si alguien prefiere un aborto instrumental, sería derivada a la clínica de Valladolid. “Había que decidir entre comenzar la prestación del servicio a través de la vía farmacológica o demorarla hasta poder ofrecer también el método instrumental. Optamos por la primera opción, pero somos conscientes de que la paciente tiene que poder elegir. A día de hoy, es complicado contar con ambas opciones porque un aborto instrumental requiere unos recursos extra: quirófanos, personal de anestesia y enfermería…”, aclara. 

Abortar en Castilla y León y la objeción de conciencia

Este ginecólogo y obstetra considera que la reforma de la ley del aborto, que establece que los servicios públicos se han de organizar de forma que se pueda asumir esta prestación sin externalizarla en clínicas privadas, obligará a tomar medidas en este sentido: “No puede ser que solo haya dos hospitales en toda Castilla y León que realizan interrupciones. La objeción de conciencia claro que es un derecho, pero es individual. La ley marca unos criterios que parece que no se están cumpliendo: el profesional sanitario tiene notificarlo anticipadamente y por escrito”. 

Sin embargo, en los contratos públicos para concertar este servicio con clínicas privadas, las administraciones —excepto la de Burgos— se justifican en que los profesionales sanitarios implicados en la realización de abortos se han acogido al derecho de objeción de conciencia.

“Puede que las administraciones no pregunten y estén dando por hecho que, excepto en estos dos hospitales de Burgos, todos son objetores. Pero eso sería un incumplimiento de la ley porque, insisto, es el profesional quien tiene que comunicarlo por escrito y de forma anticipada. También puede ocurrir que haya objeciones generalizadas, es decir, servicios de ginecología y obstetricia que objetan y que el jefe de servicio lo comunica así a la administración. Pero eso también es un incumplimiento de la ley porque es un derecho que se debe ejercer y expresar de forma individual”, concluye Abel Renuncio.

Respecto a que abortar en Castilla y León implique desplazarse para la gran mayoría de mujeres, Renuncio señala que “va en contra de la equidad sanitaria”: “Las circunstancias personales son muy diferentes y tener que recorrer más de 100 kilómetros puede ser un problema en tu trabajo o en tu vida si tienes problemas económicos o personas dependientes a tu cuidado. Además de que sigue pareciendo algo clandestino y eso no permite normalizar el proceso”.