Ante los dramáticos efectos de la DANA y el mantenimiento de los impactos de la sequía

• La Mesa Social del Agua se solidariza con todas las víctimas y los damnificados por las inundaciones en Andalucía y en el resto de España.
• No podemos caer en el error de olvidar la experiencia y las enseñanzas del largo ciclo de sequía que todavía no se ha superado en la totalidad de Andalucía.
• Denunciamos a los sectores que todavía niegan la evidencia de los efectos del cambio climático que intensifica sequías e inundaciones.
• La sobreexplotación de los recursos hídricos y el deterioro de la calidad de los ecosistemas acuáticos están en la base de la crisis del agua en Andalucía.
• La gestión de avenidas e inundaciones necesita un cambio de rumbo en línea con el propio marco legal europeo, estatal y autonómico.
• Estos cambios se deben realizar con criterios de equidad y transición justa tanto laboral como de mantenimiento del tejido empresarial enraizado en el territorio.

La Mesa Social manifiesta su solidaridad con todas las víctimas y damnificados por las inundaciones y fenómenos meteorológicos extremos de estas últimas semanas en Andalucía, y otras zonas de Castilla La Mancha, la Comunidad Valenciana y Cataluña.

Las lluvias de estas últimas semanas, aunque han producido daños en algunas comarcas, como en el campo de Dalias, Levante de Almería, Valle del Guadalhorce y parte de la cuenca del Guadalete, han sido en general beneficiosas en gran parte de Andalucía. Sin embargo, no podemos caer en el error de olvidar la experiencia y las enseñanzas del largo ciclo de sequía meteorológica y la situación de escasez de agua estructural, que todavía no se ha superado en la totalidad de Andalucía.

En estos momentos de conmoción por la tragedia es necesario reforzar la idea de que debemos de planificar más rigurosamente los riesgos que producen tanto las inundaciones como las sequías, intensificadas por el cambio climático, con el objetivo de minimizar los daños sobre las personas, los bienes y los propios ecosistemas.

La gestión de las avenidas necesita un cambio de rumbo en los modelos de ocupación y utilización del territorio en línea con el propio marco legal europeo, estatal y autonómico, que incluye aplicación rigurosa de cartografía y planes de gestión del riesgo de inundación.

Las inundaciones representan uno de los mayores desafíos para las comunidades y municipios en todo el mundo. Ante el creciente aumento de eventos climáticos extremos, es fundamental que los gobiernos locales se preparen mejor para hacer frente a estos riesgos. En este contexto, tener un plan de actuación municipal ante el riesgo de inundaciones emerge como una herramienta vital para la prevención, mitigación y respuesta eficaz ante este tipo de fenómenos extremos. Estos planes deben contribuir a salvaguardar la seguridad y el bienestar de las comunidades locales frente a los efectos del cambio climático y los diferentes escenarios de riesgo de inundación. Es necesario evitar vincular tragedias con fenómenos naturales; por el contrario, hay que poner el foco en los problemas que se derivan de una mala gestión de eventos extremos.

Es necesario adaptar la urbanización, las infraestructuras de transporte, las actividades agrarias y forestales, a las características propias de los riesgos que afectan a cada territorio. Adaptarse implicará cambios en nuestro modo de relacionarnos con los ríos y asumir los costos que implique, los cuales habrá que repartir justamente dado el beneficio social que aportarán. Entre las adaptaciones, habrá que eliminar viviendas, construcciones e infraestructuras en zonas de alto riesgo de inundación, implementar medidas de retención de agua en los espacios agrarios e implantar sistemas de drenajes sostenible en las ciudades Será una tarea difícil, de larga implementación, que requerirá participación y consenso de todos los afectados, pero ineludible si no queremos repetir, y aún aumentar, los impactos de las inundaciones.

La gravedad de las inundaciones también están relacionados con el avance de la aridez y la pérdida de suelos, que deben paliarse sistemas de cultivo adaptados al terreno y con planes de mantenimiento y recuperación de masas forestales, así como forestaciones que contrarresten los efectos del cambio climático, sobre todo en zonas litorales especialmente vulnerables.

Las lluvias de otoño no han sido suficientes para resolver las situaciones de alerta incluso emergencia de algunas zonas de Andalucía, especialmente en las Cuencas Mediterráneas, como la Axarquía. Es necesario no perder la perspectiva que la sobreexplotación, que volverá a ponerse de manifiesto tras las lluvias, y el deterioro de la salud de los ríos, humedales y acuíferos están en la base de la profunda crisis estructural del agua en Andalucía. Hay que insistir en esta idea clave: Andalucía está sometida a una crisis de escasez, acentuada por lluvias irregulares, a veces torrenciales, y olas extraordinarias de calor, como consecuencia del cambio climático. La demanda de agua del conjunto de Andalucía, con grandes diferencias de unas comarcas a otras, sobrepasa la disponibilidad del recurso actual. El déficit es estructural, y se mantiene a duras penas, en muchos casos, por la sobreexplotación generalizada de aguas subterráneas.

No podemos, y tampoco debemos, esperar a que episodios de lluvias extraordinarias vengan a aliviar la situación. Ante la indiscutible realidad del cambio climático, y la larga experiencia de crisis hídrica acumulada hay que redefinir el modelo de gestión del agua en Andalucía.

Es inaceptable que, salvo los acuíferos de Campo de Dalías y Doñana y alguna otra excepción, ninguna otra masa de agua subterránea esté declarada sobreexplotada de acuerdo con los planes hidrológicos vigentes que deben, entre otras cosas ordenar y racionalizar el uso del agua sin poner en riesgo el mantenimiento de los ríos, humedales y acuíferos. Es necesario mejorar la gestión de los recursos subterráneos, para lo que es clave implicar a los usuarios a través del impulso de la gobernanza con la creación de órganos de decisión, así como una mejora del conocimiento sobre la cantidad y calidad de las aguas subterráneas.

Todas las medidas para afrontar los objetivos de la gestión del agua en relación con la protección del medio ambiente, los abastecimientos urbanos, la garantía al regadío, o la gestión del riesgo de inundación, se deben modular con criterios sociales, salvaguardando los derechos fundamentales de los sectores vulnerables, y de manera significativa la supervivencia de la agricultura familiar, social y profesional.

Hay que poner en marcha el escudo social necesario para hacer frente a los impactos tanto de sequías como de inundaciones en las condiciones vitales y laborales de la población trabajadora, afectada por la pérdida de empleos y el deterioro de sus condiciones de vida. No se puede olvidar el impacto sobre el propio derecho humano al abastecimiento (cortes de suministro, deterioro de la calidad) y saneamiento (destrucción de redes y depuradoras) como estamos viendo en muchos lugares, tanto por sequía como por inundaciones. Todo esto solo se podrá realizar desde una apuesta por una política fiscal que sostenga un sistema público capaz de prever y actuar eficazmente.

La política del agua necesita más interacción, diálogo y compromiso social para superar las deficiencias y desequilibrios en los procesos de toma de decisión y gobernanza del agua. Hay que defender y apoyar la información científica y técnica, no gobernar al margen de las evidencias. Hace falta reforzar en la sociedad el debate y el compromiso social, la información veraz, la necesaria labor pedagógica, el combate contra la desinformación y la participación pública eficaz.

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