Cuando la Unión Europea negociaba el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones con Estados Unidos, la investigadora Lora Verheecke vigilaba las reuniones que los comisarios europeos mantenían con las empresas para el Corporate Europe Observatory, un grupo de investigación sobre el acceso privilegiado y la influencia de que disfrutan las corporaciones y sus lobbies en las políticas de la UE y que lleva más de 25 años en funcionamiento.
“A veces hay regalos, viajes a islas en el Caribe… pero sobre todo reuniones, recepciones o incluso formaciones”, explicaba Verheecke en El Objetivo, en 2017, sobre las formas de persuasión de estos lobbies o grupos de presión empresariales en Bruselas. La investigadora denunciaba que el 89% de las reuniones que la Comisión Europea había mantenido a puerta cerrada sobre este Tratado habían sido con estos grupos, frente al 9% que se realizaron con organizaciones de la sociedad civil.
El término ‘lobby’ se asentó hace al menos dos siglos, cuando quienes intentaban influir en las leyes del Parlamento británico aguardaban en los vestíbulos (en inglés, lobbies) de Westminster para reunirse con los diputados. Ahora, los grupos de presión en Bruselas vuelven a estar en el punto de mira por el escándalo destapado por los medios belgas Le Soir y Knack, el Qatargate, una presunta organización criminal financiada por Catar, país anfitrión del Mundial de fútbol, que trataba de influir en las decisiones del Parlamento Europeo mediante sobornos a algunos de sus miembros.
Aunque casos como este no ayudan a que los lobistas gocen de muy buena reputación, sus intereses no tienen por qué ser tan poco legítimos. Son grupos de presión una ONG, una organización social, un sector empresarial, un país, un ayuntamiento o incluso asociaciones religiosas, y su labor es “necesaria”, tal y como señala el propio Parlamento Europeo, para proporcionarle “conocimientos y experiencia específica sobre numerosos ámbitos económicos, sociales, medioambientales y científicos”. Esa labor quedó reflejada en una cita que se atribuye al expresidente de EE. UU. John F. Kennedy: “Los lobistas me hacen entender un problema en diez minutos, mientras que mis colaboradores tardan tres días”.
¿Cómo es la regulación de la actividad de los lobbies en Europa?
En el Libro Verde sobre una Iniciativa Europea en favor de la Transparencia de 2006, se define el lobbying como “todas las actividades que se realicen con el objetivo de influir en los procesos de elaboración de políticas y de toma de decisiones de las instituciones europeas”.
La UE cuenta con un registro voluntario de grupos de interés, creado en 2011 y gestionado conjuntamente por el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea. Cada institución tiene normas específicas, y algunas convierten el registro en condición previa para sus actividades de representación de intereses. Por ejemplo, el registro es obligatorio para solicitar una tarjeta de acceso al Parlamento Europeo y solo los representantes de intereses registrados pueden ser invitados como oradores a las audiencias públicas de las comisiones.
A 14 de diciembre, hay registrados 12.436 grupos de presión. Más de dos tercios representan intereses comerciales, suyos propios o de sus clientes. Los mayores grupos corresponden a organizaciones no gubernamentales, plataformas y similares (3.493), las empresas (3.039) y las asociaciones comerciales y empresariales (2.633).
El registro, gestionado por una secretaría que integra personal del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, se compone de una web donde los representantes de distintos intereses registran información actualizada sobre sus actividades a nivel de la UE, un código de conducta sobre cómo deben interactuar los lobistas con las instituciones de la UE y un mecanismo de quejas para que cualquier persona pueda iniciar una investigación administrativa en casos de incumplimiento del código de conducta.
Qué pasa con terceros países
Las actividades que desempeñen autoridades públicas de terceros países, incluidas sus misiones diplomáticas y embajadas, quedan fuera del registro de transparencia. Así se recoge en el acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre el Registro de transparencia obligatorio de mayo de 2021.
Hay una excepción: que las autoridades de estos terceros países “estén representadas por entidades jurídicas, oficinas o redes sin estatuto diplomático o estén representadas por un intermediario”. En este caso sí debe registrarse, tal y como marca la regulación de los lobbies en Europa. Es lo que ocurre cuando un país no miembro de la UE contrata a un consultor.
Reuniones de los diputados
Los diputados del Parlamento Europeo también publican información sobre los contactos que mantienen con los grupos de presión, pero no todos están obligados a hacerlo, según el Reglamento interno. Solo los ponentes, los ponentes alternativos y los presidentes de comisión tienen que informar de las reuniones que tengan programadas con lobbies incluidos en el registro, con independencia de dónde se produzcan esas reuniones. Todos los demás diputados pueden informar de los pormenores de sus reuniones voluntariamente.
En mayo de 2021, Civio publicó que la mitad de los eurodiputados no daba cuenta de reuniones con los lobbies. En el caso de España, menos de la mitad de los eurodiputados informaba de sus reuniones.
A raíz del Qatargate, Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, aseguró este lunes: “Pondremos en marcha un proceso de reforma para ver quién tiene acceso a nuestras instalaciones, cómo se financian estas organizaciones, ONG y personas, qué vínculos tienen con terceros países, pediremos más transparencia en las reuniones con actores extranjeros y los vinculados a ellos”.
Propuestas para evitar escándalos
“¿Imaginan que todos tuviéramos acceso a una descripción general de quiénes son los lobistas y con quién se reúnen en el Parlamento Europeo? Y mejor aún, ¿imaginan que tuviéramos reglas que impidieran que los lobistas de un régimen represivo caminaran sin obstáculos por los pasillos de las instituciones? Estas propuestas existen desde hace tiempo, pero no han sido escuchadas”, señala Olivier Hoedeman, coordinador de Corporate Europe Observatory, el organismo que presiona para aumentar la regulación de los lobbies en Europa.
Desde el organismo de control de los lobbies con sede en Bruselas denuncian que, “al negarse a adoptar reglas para detectar y prevenir el lobbying del régimen represivo [de Catar], las instituciones de la UE, incluido el Parlamento Europeo, han abierto la puerta a escándalos de soborno y manipulación de la toma de decisiones”. Creen que hay “graves fallas en las normas vigentes de transparencia y ética”, de las que vienen advirtiendo décadas.
Ya en 2015, el Corporate Europe Observatory lanzó un informe en el que advertía sobre cómo los dictadores y los regímenes represivos pagaban a las empresas europeas de relaciones públicas y lobbying para impulsar su agenda y “enmascarar sus terribles antecedentes en materia de derechos humanos”.
Entre sus propuestas actuales se incluyen extender el registro obligatorio de reuniones con lobbies a todos los eurodiputados, prohibir el lobbying de regímenes represivos, y una reforma del actual registro para que sea legalmente vinculante, especialmente en el Parlamento Europeo.
