1 month ago
24
Ecologistas en Acción de León presenta alegaciones al trámite de audiencia del “Proyecto Regional Parque Medioambiental de Tratamiento de Residuos de San Justo de la Vega”, que contempla la construcción de dos nuevos vertederos con capacidad para 5 millones de toneladas de residuos industriales, de las que un millón serán residuos peligros.
La Consejería de Medio Ambiente que preside el leonés Juan Carlos Suarez-Quiñones, vuelve a aprovechar el verano para acelerar la tramitación de estos vertederos, poniendo a disposición de las personas interesadas nueva documentación, extensa y técnicamente compleja, por un plazo de DIEZ DÍAS.
Dada la fecha elegida y el corto plazo otorgado, el trámite de audiencia es un claro ejemplo de cómo ocultar información y obstaculizar la participación efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones. En este caso muy controvertidas, por el potencial impacto negativo sobre la salud humana y el medio ambiente que supone la construcción de estos nuevos vertederos, colindantes con el CTR, situados entre dos arroyos afluentes de los ríos Tuerto y Órbigo y sobre el acuífero detrítico terciario del Tuerto-Esla, caracterizado por su elevada permeabilidad. El riesgo de contaminación con sustancias tóxicas y peligrosas de las masas de agua, superficiales y subterráneas, es evidente y debería determinar la paralización inmediata de un proyecto que, además, convertirá la provincia de León en sumidero de residuos que no produce y que nadie quiere cerca.
El promotor ha tenido que modificar el proyecto, como consecuencia del informe desfavorable del Servicio de Residuos y Suelos Contaminados de fecha 22 de septiembre de 2023, viéndose obligado a incorporar modificaciones: desaparece la gestión de residuos de construcción y demolición y se reformula la gestión de los residuos industriales, sin incorporar procesos de reciclaje que deberían ser prioritarios. Se mantienen los vertederos de residuos industriales no peligrosos RINP y peligrosos RIP, con la misma solución constructiva, dimensión y capacidad total (2.744.679 m3 y 796.136 m3 respectivamente) pero el vertedero de RINP prolongará su vida útil hasta los 25 años.
Sigue faltando la documentación sectorial acreditativa del cumplimiento de las condiciones de autorización de los vertederos, establecidas en el RD 646/2020. El promotor sigue sin aportar estudio sobre riesgo de inundaciones validado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Tampoco consta el informe, preceptivo y vinculante, emitido por la CHD a la luz de los estudios hidrológicos e hidrogeológicos que el Organismo de cuenca considere pertinentes; y falta también el Informe preceptivo del IGME sobre requisitos de ubicación
Sin los informes favorables de la CHD y del IGME, no hay garantías de que la ubicación y el diseño de los vertederos sean adecuados. Si, como en este caso, el terreno carece de impermeabilidad natural, no se puede asegurar que la barrera artificial de 0,5 m de espesor, proyectada con idénticas características para los vertederos de residuos industriales peligrosos y no peligrosos, cumple las condiciones de protección del suelo y de las aguas impuestas por el RD 646/2020, el cual obliga a ejecutar cuando no existe barrera natural, una barrera artificial de 5 metros de espesor.
Obra informe de CHD, de febrero 2024 de la Comisaria de Aguas, que reconoce la coincidencia territorial de los vertederos con la zona de influencia de la captación de agua para consumo humano de la localidad de San Cristóbal de la Polantera. También constata la posible afección, por contaminación de aguas superficiales y subterráneas, del tramo piscícola “Río Órbigo desde su nacimiento hasta su confluencia con el río Jamuz y todas las aguas que afluyen a este tramo…”; tramo y subtramos que pertenecen a la Red Natura 2000. Este informe concluye diciendo que “la afección del proyecto a las masas de agua no ha sido considerada en los documentos presentados” y considera “insuficiente el análisis de impactos para un proyecto de esta envergadura y repercusión medioambiental”.
Ecologistas en Acción ha solicitado que se paralice la tramitación del procedimiento hasta que se complete la documentación del expediente y comprenda los informes del IGME y de la CHD; así como todos los informes del Servicio de Residuos y Suelos contaminados de la Junta de CyL que justifiquen la adecuación del proyecto a los principios de gestión de residuos (jerarquía de tratamiento, autosuficiencia y proximidad) que están legalmente establecidos. Y, una vez se obtengan estos informes, que siendo vinculantes tendrán que ser favorables, se abra un nuevo periodo de información pública, con un nuevo anuncio oficial publicado en BOCyL y una nueva consulta a interesados, que haga público el expediente completo por el plazo de 30 días hábiles, conforme dispone la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental.
Para más información se adjunta este enlace al texto completo de las alegaciones
La entrada Avanza en fraude de ley la aprobación de los macrovertederos de San Justo de la Vega aparece primero en Ecologistas en Acción.
