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La federación ecologista canaria Ben Magec – Ecologistas en Acción, como una de las convocantes de las movilizaciones del próximo 20 de octubre, queremos animar a la ciudadanía canaria a sumarse a las manifestaciones que tendrán lugar el próximo 20 de octubre bajo el lema “Canarias tiene un límite”. Es necesario salir a las calles a reivindicar nuestros derechos y caminar conjuntamente hacia un futuro mejor para las islas.
La tensa situación actual del archipiélago, con récords de turistas sin límite ni control, la masificación y deterioro de los espacios naturales, el colapso de carreteras y servicios públicos, la falta de agua o las dificultades en el acceso a la vivienda son algunas de las razones que motivan las protestas. La ciudadanía reclama desde hace años, frente a la pasividad de los responsables políticos, un cambio del modelo turístico actual por uno sostenible y respetuoso no solo con el territorio, sino con las personas que habitan en él. Para lograrlo son necesarias una serie de medidas urgentes como una ecotasa, una moratoria turística y vacacional y también la regulación de la compra de viviendas para no residentes.
A la lista de problemas medioambientales y territoriales se suman, además, las problemáticas sociales derivadas de un modelo turístico ilimitado e incontrolado que dificulta el acceso a la vivienda a los canarios y canarias, con un auge del alquiler vacacional y de compra de propiedades por parte de población europea, encareciendo el precio de la vivienda hasta cifras inasumibles con nuestros salarios. Una crisis que, lejos de solucionarse, se agrava en todas las islas y provoca que personas con empleo e ingresos sean incapaces de acceder a una vivienda mientras las casas vacías, segundas residencias de europeos y edificios enteros destinados al alquiler vacacional siguen incrementándose. Esta problemática se traduce, además, en una masificación de las islas sin precedentes, llegando hasta los 2,2 millones de habitantes en 2023, con un aumento del 7,5% de nuevos residentes de origen europeo, más de 300.000 personas que suponen un 14,5% de la población total de las islas. Un aumento incontrolado que está generando a su vez el colapso de los servicios públicos canarios, principalmente sanitarios, pero que también afecta a otros sectores como la educación o la justicia.
Pese a los récords turísticos que se superan año tras año y los millones de euros que genera la industria turística en las islas, casi el 34% de la población canaria, cerca de 800.000 personas, se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, unas cifras muy superiores a la media estatal que nos sitúan como la segunda comunidad con peores datos, solo por detrás de Andalucía.
La escasez de agua es otro de los factores que agravan la situación actual de la población canaria, que ve como mientras se restringe el consumo de agua en sus pueblos, la industria turística sigue haciendo un uso irresponsable de este recurso llenando piscinas o regando campos de golf, consumiendo además hasta seis veces más agua que la población residente.
En general, una situación de colapso social y medioambiental frente a la que los dirigentes públicos no tienen respuesta ni buscan soluciones y agravan aún más negándose sistemáticamente a llevar a cabo cualquier medida que sirva para controlar una problemática que hace años pasó los límites. Es inadmisible que tras las movilizaciones del 20 de abril, en las que más de 200.000 personas dentro y fuera de las islas reclamaran medidas para limitar el turismo masivo que nos está expulsando de nuestro territorio, las instituciones públicas hayan pisado el acelerador de la destrucción aprobando nuevos proyectos turísticos que no hacen sino agrandar la herida y empeorar la situación insostenible que sufren tanto los espacios naturales de las islas como quienes las habitamos.
Es urgente una moratoria turística y vacacional que ponga freno a la especulación incontrolada y al auge de la vivienda vacacional, una ecotasa que genere ingresos que nos permitan abordar el deterioro de nuestro medio ambiente y una regulación de la compra de vivienda por parte de personas no residentes, que con su mayor poder adquisitivo están encareciendo el mercado en las islas e imposibilitando que la población local pueda acceder a ellas, expulsándonos de nuestros pueblos y barrios. El 20 de octubre volvemos a salir a las calles, esta vez en zonas turísticas, para reclamar lo que llevamos décadas reclamando: CANARIAS TIENE UN LÍMITE
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