Catorce organizaciones piden a Teresa Ribera una Ley de Movilidad Sostenible con objetivos concretos de descarbonización

• Entidades sindicales, sociales, ecologistas y juveniles han enviado esta misma mañana una carta a la Ministra en la que reclaman mayor ambición en una ley clave para descarbonizar el sector del transporte y la economía en su conjunto.
• Las organizaciones denuncian la inoperancia del actual texto para reducir las emisiones de un sector, el del transporte, responsable del 29% de las emisiones de gases de efecto invernadero en España.
• En la misiva, la coalición de organizaciones apunta a toda una serie de elementos cuya inclusión en la ley resulta contraria a los esfuerzos colectivos para construir una movilidad más sostenible, resiliente y justa.

Decepcionadas por la debilidad tanto del anteproyecto como del proyecto de ley de movilidad sostenible impulsados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (UMITMA), una coalición de 14 organizaciones ha enviado esta mañana una carta a Teresa Ribera, Vicepresidenta Tercera y Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, para reclamar mayor ambición en una ley considerada clave para descarbonizar el sector más emisor de la economía española.

En su carta, las organizaciones denuncian que el texto legislativo no haya incluido en su articulado “la obligación de conseguir la neutralidad climática del sector transporte-movilidad lo antes posible y, siempre, antes del 2050”, así como que tampoco haya establecido “objetivos intermedios de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030 y 2040 en relación a los niveles existentes en 1990”.

Igualmente, las entidades firmantes de la carta lamentan que en el proyecto de ley ni siquiera haya una vinculación legislativa por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, que fija como objetivo lograr una reducción de 27 millones de toneladas de CO2-eq en el transporte-movilidad para 2030, lo que supondría una reducción del 33% de las emisiones en este sector.

Tampoco respeta la ley lo acordado durante el proceso de tramitación de la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética. En efecto, dicha ley no entró en profundidad en el ámbito del transporte pues derivó ese cometido en la futura Ley de movilidad sostenible y financiación del transporte público (Disposición final octava de la Ley 7/2021), que se elaboraría “con objeto de reforzar y complementar el cumplimiento de las medidas de promoción de la movilidad sin emisiones establecidas en esta ley”.

A pesar de ello, el proyecto de ley propuesto por el Gobierno no solo no establece objetivos concretos de descarbonización, sino que deliberadamente ha dejado caer lo relativo a la financiación del transporte público. Algo que las organizaciones firmantes consideran una “lamentable falta de compromiso, ambición y concreción del citado proyecto de ley”.

Por otro lado, en la carta enviada a la ministra, las entidades promotoras de la iniciativa señalan otras deficiencias del texto, como por ejemplo:

• La ausencia de medidas para avanzar hacia una fiscalidad justa del transporte.
• La inexistencia de acciones para fomentar la movilidad sostenible en el ámbito rural.
  La falta de una hoja de ruta con objetivos concretos para el despliegue de combustibles menos contaminantes.
• La inclusión de mecanismos para el cierre de líneas de transporte ferroviario consideradas “ineficientes” desde el punto de vista económico.
• La inexistencia de medidas para reducir los impactos del transporte aéreo.
• La escasa ambición de los planes de movilidad sostenible al trabajo.
• La inexistencia de medidas encaminadas a asegurar una transición justa en el sector.
• Las entidades firmantes de la carta instan a la ministra a implicarse en la mejora del proyecto de ley, abierto a enmiendas de los grupos políticos hasta el próximo 22 de marzo. Posteriormente, la ley será debatida en el Pleno del Congreso de los Diputados.