El Ministerio de Consumo acaba de presentar la nueva Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador, un órgano de vigilancia estatal que pretende prevenir y sancionar posibles fraudes masivos y garantizar los derechos de los consumidores.
“El objetivo es que no vuelvan a producirse episodios como el conocido como Dieselgate”, explica Consumo, “ya que en España no se impusieron sanciones ejemplares porque no había un mecanismo sancionador adecuado” a nivel nacional. Aunque reconoce que “las comunidades autónomas sí podían haber sancionado” e indica que este nuevo órgano no podría juzgar retroactivamente este caso concreto.
¿Qué es la Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador?
El pasado 26 de julio se modificó la estructura del Ministerio de Consumo y se creó esta nueva Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador. En octubre se dio luz verde al presupuesto para la puesta en marcha de este organismo y desde entonces se han ido realizando los trabajos necesarios para su puesta en funcionamiento. “Acaba de empezar a trabajar ahora”, explican a Newtral.es fuentes del ministerio.
Con este órgano la Administración General del Estado adquiere capacidad sancionadora por primera vez en la historia en materia de consumo. Sin ella, el Ejecutivo no podía sancionar fraudes masivos ya que anteriormente las competencias sancionadoras en esta materia residían exclusivamente en las comunidades autónomas, principalmente a través de las direcciones generales de consumo.
Sancionará fraudes masivos a los consumidores a nivel nacional
Entre las infracciones en materia de defensa de los consumidores que podrá sancionar este órgano se encuentran las acciones u omisiones que produzcan riesgos o daños efectivos para la salud o la seguridad de la población, el incumplimiento de las normas reguladoras de precios o la introducción de cláusulas abusivas en los contratos, entre otras.
¿Podría entonces sancionar a Volkswagen por el caso Dieselgate? Desde Consumo explican a Newtral.es que “con esta nueva subdirección será más factible abordar grandes infracciones como la del Dieselgate” a partir de ahora, aunque no de manera retroactiva. No obstante, recuerdan que “las autoridades autonómicas siempre habían podido sancionar todo tipo de incumplimientos en materia de consumo”.
Sin embargo, Rubén Sánchez, secretario general de Facua, reprocha a Consumo que podía haber tomado algunas medidas contra casos de fraude a nivel nacional incluso antes de que existiera este nuevo órgano. “Desde Facua les hemos presentado cerca de 200 denuncias contra empresas porque, aunque no pudiera sancionar, sí podía instarlas a cesar en sus prácticas y llevarlas a los tribunales”, se queja. “Consumo ni siquiera contesta a nuestras denuncias, por lo que no nos aclara qué hace con ellas”, añade.
Las comunidades autónomas ya tenían competencias para sancionar
Rubén Sánchez, como Consumo, incide en que “las comunidades autónomas podían haber sancionado el Dieselgate” aunque reconoce que hubiera sido un proceso mucho más complicado. “Para sancionar a una empresa por un fraude masivo como este, el expediente sancionador lo tendría que abrir cada comunidad, habría que abrir 17 expedientes, con multas proporcionales al beneficio ilícito que se haya obtenido por los clientes en cada uno de los territorios”. Algo que no ha ocurrido nunca en España, asegura.
También recuerda que desde Facua han denunciado fraudes masivos y que lo único que han conseguido en alguna ocasión es que tres comunidades autónomas multasen con cantidades que ellos consideran ridículas. “Por eso nosotros pedimos en su día que fuera el Gobierno central, a través de Consumo, el que asumiera las competencias sancionadoras ante fraudes masivos de forma coordinada con las comunidades autónomas”, añade. Precisamente, ese es el objetivo del nuevo órgano sancionador que ha presentado el Ejecutivo.
¿Cómo funciona esta subdirección? Así serán las multas
Desde Consumo explican a Newtral.es que, ante cualquier información sobre un posible fraude, este nuevo organismo abrirá un período de información y actuaciones previas para analizar el caso concreto y, si conviene, iniciará un procedimiento sancionador.
A pesar de su corto recorrido, esta nueva subdirección tiene abiertas diligencias hasta en un total de 16 asuntos que abarcan un amplio número de sectores: sector energético, sector bancario, sector de la gran distribución, telecomunicaciones, servicios de atención al cliente, sector servicios online, sector ocio, sector alimentario, sector textil. “Las muy graves se publicarán siempre, mientras que las leves y graves dependerán del caso concreto”, indica Consumo.
Según el tipo de infracción, las multas serán:
Leves. Entre 150 y 10.000 euros, aunque podrán ser superiores hasta alcanzar entre dos y cuatro veces el beneficio ilícito obtenido.
Graves. Entre 10.001 y 100.000 euros, aunque podrán ser superiores hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.
Muy graves. Entre 100.001 y 1.000.000 euros, aunque podrán ser superiores hasta alcanzar entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido. Esta sanción lleva también aparejada la publicidad de la resolución sancionadora.
Generalizadas o generalizadas con dimensión en la Unión Europea. Hasta el 4% del volumen de negocio anual del empresario infractor en España.
Las asociaciones de consumidores creen que es una mejora aunque insuficiente
Tanto Facua como la Asociación de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas, Productos Financieros y de Seguros (Adicae) reconocen que es una mejora respecto a lo que había antes, pero piden más. “Desde Facua estamos satisfechos con haber logrado que se recoja por fin nuestra reivindicación, pero decepcionados con la opacidad del ministerio y la inexistencia de expedientes sancionadores. Ojalá se ponga en marcha este organismo de forma eficaz”, apunta Sánchez.
Desde la asociación para la defensa de los consumidores Adicae ven este nuevo órgano como un primer paso para mejorar la defensa de los consumidores pero muy insuficiente. «Es un órgano dedicado a sancionar y nosotros creemos que las sanciones no son eficaces por sí solas. Otra cosa sería si se impulsaran acciones para corregir prácticas o conductas contrarias a los consumidores y garantizar su resarcimiento cuando se vieran dañados por esas prácticas», explican.
[Consumo diseña cómo será el etiquetado en braille para personas con discapacidad visual]
Fuentes
Ministerio de Consumo
Rubén Sánchez, secretario general de Facua – Consumidores en Acción
Asociación para la defensa de los consumidores ADICAE
