Conseguir la firma de los que recurrieron al TC, el escollo que impide al PP retirar el recurso contra la ley del aborto

Doce años y medio después de que el PP registrara un recurso de inconstitucionalidad a la ley del aborto, el Tribunal Constitucional (TC) ha dado luz verde para estudiarlo en febrero. Sin embargo, el contexto de la sociedad española respecto a este derecho es muy diferente al que había cuando se aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo en 2010, como señalan los expertos. 

Incluso la posición de los populares ha cambiado, como han dejado ver algunos de los dirigentes del partido en los últimos días tras las medidas anunciadas por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo. 

“Hay algunos miembros del PP que pueden estar más a favor o en contra de la interrupción voluntaria del embarazo durante unos plazos”, aseguró el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista en Telemadrid, donde añadió que “ni en Castilla y León ni en ningún lugar donde gobierna el PP se puede coaccionar a una mujer que quiere interrumpir voluntariamente su embarazo conforme a la ley vigente”. 

El dirigente popular insistió en que el foco de la crítica de su partido a la normativa actual sobre el aborto reside en el consentimiento paterno para las menores, pero el recurso de inconstitucionalidad de 2010 denuncia también otros artículos. “La nueva ley crea un sistema en el que la vida del no nacido en las primeras 14 semanas de gestación queda absolutamente desprotegida”, recogía el PP en una nota de prensa. 

Pero, si la posición del partido ha cambiado, ¿por qué no retiran el recurso de inconstitucionalidad? 

¿Quién puede pedir que se desista un recurso de inconstitucionalidad?

Como explica a Newtral.es María Garrote, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el recurso de inconstitucionalidad solo lo pueden presentar determinados órganos cualificados: el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, las Asambleas legislativas de las comunidades autónomas, los consejos de gobierno de estas mismas, 50 o más diputados y 50 o más senadores.

Ahora bien, el desistimiento depende de quien haya recurrido la norma. En todos los casos salvo para los representantes de las cámaras, “es muy fácil, (que no automático)”. “Esas mismas personas, como realmente lo interponen por el órgano que son, podrán solicitar el desistimiento, da igual que cambie el Defensor del Pueblo, el presidente o la composición del consejo autonómico”, explica Garrote.

El problema aparece en el caso de los 50 o más senadores o diputados: “Son personas con nombres y apellidos”, señala la profesora de la UCM, no representan un órgano. Para retirar un recurso de inconstitucionalidad, “se requiere que sean esos mismos senadores o diputados” quienes soliciten retirar el recurso.

Así lo explica también Javier Tajadura, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco, que aclara a Newtral.es que “si todos y cada uno de los diputados del PP manifestaran su voluntad de retirar el recurso, se podría retirar”.   

¿Podría el PP retirar el recurso de inconstitucionalidad contra el aborto? 

Como exponen los expertos, el escenario más difícil para conseguir retirar un recurso de inconstitucionalidad se da cuando han sido los diputados o senadores quienes lo han presentado. 

Como explica Tajadura, “con que uno de los 50 o más firmantes no quisiera, ya está, no se podría retirar”. Como ejemplifica el experto, en el caso del PP y el recurso de inconstitucionalidad contra el aborto, algunos de los firmantes puede que firmaran para retirarlo, ya que “han pasado casi 13 años y las circunstancias son distintas”. Sin embargo, “algunos otros mantendrían las razones por las que presentaron dicho recurso”, opina Tajadura. De hecho, mientras Feijóo defiende que la denuncia popular es al consentimiento paterno, en diciembre de 2020, 24 diputados firmantes instaron al TC a resolver el recurso presentado. 

Con esta hipótesis coincide Garrote. “Ahí es donde reside, yo creo, el problema del PP. El recurso presentado en 2010 lo promovieron 50 diputados concretos y puede que alguno de ellos haya fallecido o ya no sea diputado”, matiza la experta. En este sentido, dos de los primeros firmantes eran Mariano Rajoy y Soraya Saéz de Santamaría, así como Santiago Cervera o Federico Trillo (como se ve en la nota de prensa del PP), ya no son diputados. Por tanto, no se puede desistir. 

Por tanto: “¿Por qué no desisten del recurso de inconstitucionalidad contra el aborto? Porque no pueden, porque realmente quienes interpusieron el recurso fueron estos parlamentarios y seguramente alguno de ellos ya haya dejado de serlo”, concluye la profesora de la UCM. 

¿Qué pasa cuando el TC acepta el desistimiento?

“Hay muchas decisiones del TC a través de auto en las que se admite el desistimiento, pero normalmente es cuando proviene del presidente del Gobierno”, señala Garrote, ya que es “muy habitual que el Gobierno de turno impugne leyes autonómicas”. No obstante, cuando hay elecciones y cambia el ejecutivo autonómico o nacional, “si las partes están de acuerdo”, es común que se presente el desistimiento. 

Aunque no es un proceso automático, la experta explica que, salvo que se advierta un interés constitucional que justifique la continuación del proceso, el TC acepta retirar el recurso. 

El recurso de inconstitucionalidad como arma política

En numerosas ocasiones, los partidos en la oposición presentan recursos de inconstitucionalidad contra leyes con las que no están de acuerdo, según señalan los expertos consultados y como explicamos en Newtral.es.

Para Tajadura “es legítimo que la oposición, que es la minoría, presente un recurso de inconstitucionalidad cuando hay una ley que no le gusta”, pero cuando los partidos se convierten en mayoría y, por tanto, pasan al Gobierno, “hay algo mucho más fácil: derogar la ley”. “El mismo partido (el PP) que presenta el recurso en 2010 contra el aborto, luego tiene mayoría absoluta en 2011 y la ley no la toca”, explica el experto, que destaca que es algo que ha sucedido también con el PSOE.

La profesora de la UCM ejemplifica esto con el recurso presentado por los socialistas en relación con la prisión permanente revisable. “Realmente ha pasado lo mismo, es decir, una vez en el Gobierno, no modifican ni derogan la ley, pero tampoco desisten del recurso”, señala Garrote, que considera que, en ambos casos, los partidos “saben que es algo que se ha cristalizado ya, hay cierto acuerdo social”.