El Defensor del Pueblo ha registrado este lunes en el Congreso de los Diputados el Informe Anual de la actividad de esta institución en 2022. Ahora, este documento será enviado a la comisión correspondiente de la Cámara Baja para comenzar su tramitación parlamentaria, que concluirá cuando el informe sea debatido y aprobado por las Cortes Generales.
[Defensor del Pueblo: al servicio de los ciudadanos y las libertades públicas]
“Los ciudadanos han insistido con sus quejas, entre otras cosas, en que las administraciones no deben descuidar la sanidad ni los servicios públicos esenciales por ser estos fundamentales en un Estado de derecho robusto, justo y solidario”, aseguraba Ángel Gabilondo. En este sentido, insistía, “he de recordar que han sido cuantiosas las quejas recibidas por la dificultad a la que se enfrentan los ciudadanos a la hora de conseguir cita en oficinas de la Seguridad Social y en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)”.
El Informe Anual 2022 del Defensor del Pueblo, en números
El Defensor del Pueblo recibió 31.077 quejas en 2022 -2.062 más que en el año anterior- e inició 250 actuaciones de oficio ante distintas administraciones. También acogió 125 solicitudes para que presentara un recurso de inconstitucionalidad o de amparo ante el Tribunal Constitucional, que corresponden a 11 leyes y decretos estatales, así como a cinco iniciativas legislativas autonómicas. Además, se atendió personalmente a 37.210 ciudadanos: 36.152 de ellos mediante llamadas telefónicas y 1.058 de forma presencial.
Los asuntos que más preocupan a los ciudadanos
Los cinco temas que los ciudadanos trasladaron al Defensor del Pueblo como más preocupantes en 2022 tuvieron que ver con la Seguridad Social y el empleo, con la Administración de Justicia, con la función y empleo públicos, con asuntos de Interior y con la educación, tal y como plasma el Informe Anual.
Por su parte, y por procedencia geográfica, el mayor número de quejas llegaron de la Comunidad de Madrid (con un total de 7.780), seguida de Andalucía (3.394), Comunitat Valenciana (3.154), Cataluña (2.975) y Canarias (1.510).
Justicia. El Defensor recomendó al Ministerio de Justicia “agilizar y mejorar” los registros civiles de España, además de adoptar medidas “urgentes” para completar la digitalización y la modernización del Registro Civil central. Y es que esta institución tuvo algunas quejas sobre los problemas de acceso a la nacionalidad y al Registro Civil, que ponen en relieve un inconveniente que debe ser abordado “sin dilación”.
Seguridad. El Informe Anual 2022 del Defensor del Pueblo recoge que se empezó una actuación de oficio ante el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para comprobar si el presunto espionaje de políticos y activistas catalanes mediante el software Pegasus se había llevado a cabo con control judicial. El documento en cuestión concluye que el CNI actuó “con respeto a lo dispuesto en la normativa vigente”.
Educación. El sistema educativo, a través de las becas y de las ayudas, es el que debe proporcionar los bienes y los servicios a aquellos estudiantes que no pueden afrontarlos por sus circunstancias socioeconómicas. Por otro lado, se debe “garantizar” el acceso al comedor para el alumnado con necesidades educativas especiales y para hacer frente a las situaciones de malnutrición infantil.
Migraciones. Este órgano recibió un total de 118.842 solicitudes de protección internacional durante 2022, la mayor cifra desde que se creó la Oficina de Asilo y Refugio, de acuerdo con el Informe. De este modo, el Defensor del Pueblo hizo hincapié en los problemas de identificación temprana de estas personas, que empeoran las condiciones de “especial vulnerabilidad” en las que se encuentran.
Sanidad. A finales de 2022, la institución comenzó a investigar las condiciones que están acometiendo “serios problemas” en el nivel de Atención Primaria. En consecuencia, se pidió información a todas las comunidades autónomas sobre las medidas llevadas a cabo para “dimensionar debidamente” las plantillas de estos equipos, así como los datos acerca de las condiciones de presión asistencial.
- ¿Dónde hubo más quejas sobre la presión asistencial y la demora para conseguir una consulta? En 14 centros de Andalucía y en 10 centros de Castilla-La Mancha, de Castilla y León y de la Comunitat Valenciana. Mientras que el número menor de estas se encuentran en Aragón, Cataluña, Galicia y la Región de Murcia.
Urbanismo. Según se desprende del Informe, los “elevados” precios de compra y de alquiler hacen que las dificultades para acceder a una vivienda perjudiquen, sobre todo, a los jóvenes y a quienes tienen menos recursos. Es por ello que, para lograr una oferta de vivienda asequible, son clave las ayudas a la ciudadanía y la adopción de medidas estructurales a corto y medio plazo. En este punto, se destaca el proyecto de ley por el derecho a la vivienda, que aún se encuentra en tramitación parlamentaria.
Centros penitenciarios. La falta de personal sanitario es “una constante” en los centros penitenciarios, de acuerdo con el Informe Anual 2022 del Defensor del Pueblo. La institución cree oportuno revisar el contenido del Programa de Atención Integral a la Enfermedad Mental (que también se aplica en estos lugares) y la implementación que se hace de este. Así se evaluaría si se están obteniendo los resultados esperados o si se podría mejorar la atención y el tratamiento de las personas con enfermedad mental en estos centros.
Violencia de género. A raíz de una queja, la institución considera que todavía no se ha tenido “suficientemente” en cuenta las denominadas ‘víctimas indirectas’ de la violencia de género, como los familiares de la damnificada. Para ello, se considera “necesario” estudiar reformas legislativas con la finalidad de corregir esta circunstancia.
Los abusos sexuales a menores en la Iglesia católica
El Informe Anual 2022 del Defensor del Pueblo dedica un apartado exclusivo a los avances respecto a la elaboración de un informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos. El Congreso de los Diputados aprobó en febrero de 2022 una proposición no de ley -que sirve para orientar la acción política del Gobierno- del PSOE y PNV para abrir una indagación sobre este suceso.
La propuesta encomienda que la investigación esté liderada por esta institución y se lleve a cabo junto a una comisión independiente de expertos. Así, se especifica, por ejemplo, la creación de la Unidad de atención a las víctimas, que se ha trasladado hasta Barcelona, Mataró, Pamplona, Sevilla, Toledo, Valencia, Vigo y Zaragoza para escuchar a algunas de estas personas perjudicadas.
Hasta el cierre del Informe, el Defensor del Pueblo ha recibido 445 testimonios de este tipo de víctimas. “Estamos satisfechos con el ritmo de llegada de los testimonios y con la cantidad de víctimas que se han dirigido a nosotros”, destacan desde dicho órgano. Asimismo, se está solicitando la colaboración de “distintos estamentos” de la Iglesia católica.
