De ser ministro a alto directivo: así funcionan las puertas giratorias

Hacer carrera en política y, después, conseguir un puesto como alto directivo de alguna empresa pública o privada como consecuencia –o beneficiándose– de esa anterior responsabilidad pública: o lo que se conoce como la metáfora de usar las puertas giratorias. Un término que tiene su origen en el panorama político anglosajón –revolving doors– y que hace referencia a cómo los lobistas entraban y salían del sector privado, que defendía una regulación concreta, al sector público que la aprobaba (y viceversa).

Ahora el término se ha extendido y popularizado, por lo que abarca esos casos en los que políticos consiguen altos puestos directivos tras dejar su cargo público. Por ejemplo, la actual presidenta de Redeia (Red Eléctrica de España), Beatriz Corredor, fue ministra de Vivienda con José Luis Rodríguez Zapatero y diputada del PSOE con Pedro Sánchez o el exministro de Defensa de Rajoy, Pedro Morenés, que fue nombrado presidente de Amper Ingenio en 2019, un año después de dejar de ser embajador en EEUU.

Pero ¿son todos los casos iguales? ¿qué mecanismos hay para evitar este fenómeno? Aunque tanto en nuestro país como en otros países europeos existen maneras de evitar las puertas giratorias, esto sigue sucediendo, como explican expertas a Newtral.es.

Qué son las puertas giratorias en política

Gema Sánchez, doctora en Ciencias Políticas y profesora titular de la Facultad de Trabajo Social en la Universidad Complutense de Madrid, explica que “conocemos como puertas giratorias a cuando personas que han desempeñado cargos electos consiguen, tras dejarlos, puestos directivos en otros organismos públicos o privados”. De hecho, Sánchez asegura que “en España está generalizado que esto suceda”.

Aun así, existe una ley que regula el ejercicio de los altos cargos en la Administración General del Estado y en ella se especifica cuándo pueden existir conflictos de intereses entre los cargos ocupados con anterioridad y los que se vayan a ocupar. De ahí nace también la Oficina de Conflictos de Intereses, que se encarga de velar porque esto se cumpla.

Por ejemplo, esto podría suceder si un ministro de Turismo deja el cargo, y al poco tiempo asume un puesto directivo en una cadena hotelera que pudo verse beneficiada tras su paso por la cartera ministerial. 

Qué dice la ley sobre las puertas giratorias

En lo que se refiere a puestos de trabajo en empresas privadas tras ocupar un alto cargo público, la norma establece que los altos cargos podrán administrar su patrimonio personal o familiar, dedicarse a la creación artística, científica o técnica, al igual que participar en ponencias o seminarios. También indica que si participan en entidades benéficas, no podrán percibir ningún tipo de retribución (artículo 13).

Pero también impone limitaciones. La ley aclara que “durante los dos años siguientes a la fecha de su cese”, los altos cargos no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado (artículo 15).

Para Victoria Rodríguez-Blanco, profesora de Ciencia Política en la Universidad Miguel Hernández, desde que se aprobó la ley del 2015 considera que “está todo bastante más regulado en cuanto a las puertas giratorias”. Antes había ministros que “dejaban el cargo y a los pocos días ya tenían un puesto de trabajo como consejeros en empresas privadas relacionadas con su cargo”, asegura. Pero aun así, Rodríguez-Blanco opina que “el periodo de carencia de dos años es insuficiente, debería poder extenderse”. 

Las funciones de la Oficina de Conflicto de Intereses que busca evitar las puertas giratorias

Sánchez afirma que “también existe la Oficina de Conflicto de Intereses, que revisa los currículums de los altos cargos de la Administración Pública y autoriza o no a los políticos el ejercer otras funciones en empresas”. No obstante, como asegura la experta, esto no ha evitado que siga habiendo puertas giratorias.

La Oficina de Conflictos de Intereses se encarga de emitir informes sobre las funciones de los altos cargos de la Administración, y valora si han incurrido o no en algún tipo de conflicto según su puesto, como recoge en su página web. También es la encargada de autorizar, durante un periodo de dos años, si un ex alto cargo puede trabajar en la actividad privada tras su cese en la Administración pública. El interesado tiene la obligación de solicitar ese permiso.

Desde su creación tan solo ha habido 15 denegaciones, mientras que se han emitido 439 autorizaciones, como recoge el Portal de Transparencia. Tanto las denegaciones como las autorizaciones pueden ser varias para una misma persona.

La relación con el anteproyecto de ley de los ‘lobbies’

El Consejo de Ministros aprobó en noviembre el texto del Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés, una norma que busca regular por primera vez en España las relaciones entre los grupos de interés o lobbies y los altos cargos de la Administración General del Estado y el Sector Público.

Tal y como explica Sánchez, si esta norma llega a aprobarse, sería la primera vez que se regularía la relación entre los altos cargos y los grupos de presión o lobbies. Esto sería otra forma de evitar puertas giratorias, ya que los altos cargos no podrían realizar actividades de grupos de presión relacionadas con sus competencias en los dos años siguientes a su cese, precisa la experta. Un paso más al que establece la Oficina de Conflictos de Intereses.

Aun así, Rodríguez-Blanco destaca que sigue existiendo una asignatura pendiente en cuanto a las puertas giratorias: la relación entre la política y la Justicia, como el caso del exministro de Justicia, Juan Carlos Campo en el Tribunal Constitucional, o el de la exministra de Justicia del primer gabinete de Pedro Sánchez, Dolores Delgado, en la Fiscalía General del Estado. Para la profesora de Ciencia Política, “aunque sean grandes juristas, esto daña la imagen de imparcialidad e independencia del sistema judicial”. 

Volver a tu antiguo puesto de trabajo en la Administración

Tanto para Sánchez como para Rodríguez-Blanco, el hecho de que políticos que hayan ocupado altos cargos, como el de la Presidencia del Gobierno, vuelvan a sus antiguos puestos de trabajo en la Administración no puede considerarse una puerta giratoria.

Por ejemplo, es el caso del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que tras abandonar la cartera volvió a su puesto de trabajo como registrador de la propiedad. Lo mismo podría suceder con diputados como Edmundo Bal o alcaldes como José Luis Martínez Almeida, ambos abogados del Estado.