Del requerimiento preventivo al “conflicto de competencias”: los pasos del Gobierno ante las medidas antiaborto en Castilla y León

El anuncio del vicepresidente de Vox de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de las nuevas medidas en su comunidad en contra del aborto el pasado 12 de enero, fue el pistoletazo de salida para que el Gobierno de España emitiera el domingo 15 de enero un requerimiento en contra. 

En él, el Ejecutivo −a través del Ministerio de Sanidad− instaba al gobierno autonómico a que se abstuviera de aprobar y aplicar ninguna medida que vulnerara lo recogido en la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Además, especificaban que “el Gobierno de España utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición” para defender los derechos de las mujeres.

Tras la iniciativa del requerimiento, el Gobierno ha decidido dar un paso más que podría desembocar en la vía jurídica. La ministra de Política Territorial y portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha asegurado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Gobierno “ha aprobado un acuerdo, que es el paso previo a la interposición de un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional. Concretamente este acuerdo trata del requerimiento de la incompetencia al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León”. No obstante, según los expertos consultados, sería necesario que la ejecutiva autonómica publicara sobre el papel el nuevo protocolo antiabortista. Algo que, por el momento, no ha hecho.

El requerimiento del Gobierno sobre el aborto en Castilla y León se anticipa

Entre toda la polémica, la Junta de Castilla y León no ha publicado todavía ninguna ley, decreto, circular o protocolo con respecto a sus medidas en contra del aborto, tan solo una nota de prensa, que no tiene carácter obligatorio. De hecho, el propio presidente, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró en una rueda de prensa que, con este anuncio, “no se modifica el protocolo de actuación sanitaria para la interrupción voluntaria del embarazo”.

En la nota de prensa se especifican las medidas que los profesionales sanitarios deben implementar cuando una mujer o persona gestante quiera abortar, pero son de carácter voluntario, como explicaron a Newtral.es desde la Consejería de Sanidad. Entre ellas se encuentra la de escuchar “el latido fetal”.

El Gobierno de España emitió un requerimiento a la Junta de Castilla y León para que rectificaran sus medidas en contra del aborto aunque el Gobierno de la región no ha publicado un nuevo protocolo que incumpla la ley vigente. Precisamente, los expertos consultados por Newtral.es, explican que hay otras herramientas y pasos previos que el Ejecutivo podría seguir en el caso de que Castilla y León actúe al margen de la ley estatal. 

La vía judicial que podría seguir el Gobierno: ¿en qué punto entraría el requerimiento sobre el aborto?

Javier Tajadura, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco, explica que las herramientas del Gobierno para ir en contra de lo que dicta una comunidad son distintas según lo que haga la autonomía.

“Si Castilla y León hubiera hecho una norma que fuera en contra de la ley del aborto estatal, entonces el Gobierno tendría que recurrirla al Tribunal Constitucional. Si es algo menor, como un reglamento, una circular o un decreto, el Ejecutivo lo tiene que elevar a los juzgados de lo contencioso-administrativo”, analiza el catedrático de la Universidad del País Vasco. En ambos casos, el Gobierno tendría que esperar a que los tribunales emitieran una sentencia.

Tras la sentencia, y en el caso de que fuera favorable al Gobierno, le tocaría a la Junta de Castilla y León actuar. Si ignoraran el fallo, “es entonces cuando el Ejecutivo manda un requerimiento a la comunidad autónoma, ya que estaría incurriendo en desobediencia y rebeldía”, afirma Tajadura.

Según el experto, el requerimiento, que en este caso ha sido por las medidas en contra del aborto en Castilla y León, sería el paso previo a aplicar el artículo 155 de la Constitución española. Ese fue el proceso que se siguió en 2017 cuando se aplicó este artículo en Cataluña, como recoge La Moncloa.

Otras opciones más allá del requerimiento

Lorenzo Cotino, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, señala que existen otras vías además del requerimiento, por tratarse de algo relacionado con el aborto y ser competencia de salud. “El Gobierno podría hacerlo a través de una alta inspección de salud o un consejo interterritorial”, asegura. En este sentido, Tajadura también explica que antes de recurrir a los tribunales lo que haga Castilla y León pueden convocar una comisión de negociación bilateral, y tratar de agotar “la vía amistosa”.

Tajadura añade que existe, además del 155, el artículo 161.2, para llegar a una solución “más inmediata”. “Con este artículo, el Gobierno puede impugnar ante el Tribunal Constitucional una disposición o resolución que emita una comunidad autónoma, lo que suspende automáticamente su vigencia, hasta un periodo de cinco meses, en los que el Constitucional tiene que pronunciarse”, explica.