Ecologistas en Acción ante los trágicos efectos de la DANA y las inundaciones de 2024

2 hours ago 15

Es urgente tomarse en serio el cambio climático, reduciendo emisiones y mejorando drásticamente las medidas de adaptación.
Se deben reformular de arriba a abajo la ordenación del territorio, eliminando viviendas y equipamientos públicos en zonas de alto riesgo, prohibiendo un ladrillo más en zonas inundables y devolviendo a ríos, barrancos y cauces el espacio que les hemos quitado
La alerta temprana y la reacción ante lluvias torrenciales e inundaciones debe anteponer la vida de las personas y el interés público a los intereses económicos.
Una educación y capacitación social de la población resulta imprescindible para saber prevenir y actuar en situaciones de emergencia.

Cuando todavía se desconoce la magnitud final –que ya es terrible– de los daños generados por la DANA, especialmente desde el 29 de octubre, Ecologistas en Acción se solidariza con el dolor de todas las personas afectadas, especialmente por la inasumible pérdida de vidas humanas. Pero es también momento de decir que las consecuencias hubieran sido menores si las administraciones públicas se hubieran tomado en serio las numerosas advertencias que tanto científicos y expertas como grupos ecologistas y otros ámbitos de la sociedad civil llevan realizando desde hace décadas.

Estas advertencias se pueden resumir en las siguientes:

1. El cambio climático está aumentando la frecuencia y la intensidad de las lluvias torrenciales y lo seguirá haciendo en el futuro. No actuar para frenar el cambio climático se cobra vidas.

Esta DANA ha sido mucho mayor de lo que hubiera sido esperable de no ser por un clima alterado por el cambio climático. Según un primer análisis del WWA (World Weather Atribution), las lluvias torrenciales son ya un 12% más frecuentes y el doble de intensas respecto a un clima preindustrial, en línea con los avisos del Sexto Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC). Episodios de DANA tan o más graves que la actual pueden ser más frecuentes en el futuro si no se actúa drásticamente contra el cambio climático, reduciendo las emisiones y conservando y protegiendo la biodiversidad y los ecosistemas. Asimismo, las formas en las que se han abordado hasta ahora los riesgos de inundación (como los periodos de retorno de las lluvias intensas) están trágicamente obsoletas. Ante lluvias torrenciales de esta magnitud no hay infraestructura capaz de contener la catástrofe. Son necesarias políticas mucho más contundentes. No revisar de arriba a abajo las timoratas medidas actuales de adaptación al cambio climático es una irresponsabilidad histórica por parte de las administraciones públicas, por la que se pagará un precio demasiado elevado.

2. Hay que reformular de arriba a abajo las políticas de planificación y gestión del territorio.

Para adaptarse al cambio climático a la hora de reducir los daños por lluvias torrenciales es inexcusable cambiar por completo la gestión del territorio, actuando en cuatro ejes en los que Ecologistas en Acción y otras voces llevan años insistiendo:

• Ni un ladrillo más en zonas inundables.

Se cuenta desde al menos 35 años con leyes y planes (evidentemente mejorables) frente al riesgo de inundación. Pese a ello, las comunidades autónomas y muchos ayuntamientos, no solo no han eliminado edificaciones en zonas inundables sino que se han seguido otorgando licencias de construcción, anteponiendo los intereses económicos de promotores inmobiliarios y empresas de la construcción al interés público y a la seguridad de las personas y bienes. Por ejemplo, desde alguna administración autonómica se pidió públicamente a la Confederación Hidrográfica correspondiente que retirara la cartografía de Zonas de Flujo Preferente con titulares como este: “Exigen la retirada de los mapas de zonas inundables porque paralizan las licencias”.

Hay que depurar responsabilidades para quienes desde el ámbito privado han promovido y ejecutado, y desde el ámbito público facilitado y aprobado, nuevas construcciones en zonas inundables, hasta llegar a la escandalosa cifra actual de un millón de viviendas y cuatro millones de habitantes en toda España. Es preciso revisar las normativas y los planes autonómicos y municipales de ordenación, así como los Planes de Gestión del Riesgo de Inundaciones, y obligar a la inmediata adaptación de los planes municipales de ordenación a la Cartografía de Zonas Inundables, priorizando la eliminación de obstáculos en las Zonas de Flujo Preferente. Igualmente es necesario verificar el cumplimiento efectivo de la obligación de informar en toda compraventa de inmuebles de su ubicación en zonas inundables, actualizar la definición del Dominio Público Hidráulico a la nueva realidad del cambio climático y finalizar de una vez su deslinde.

• Trasladar equipamientos y viviendas desde las zonas de mayor riesgo a lugares seguros.

En las zonas de riesgo muy alto las ayudas no deben orientarse a reconstruir lo destruido en ese mismo lugar, sino a trasladar los equipamientos públicos (centros educativos, sanitarios, de mayores, infraestructuras críticas como estaciones de comunicaciones y plantas potabilizadoras) y las viviendas de las personas vulnerables a zonas más seguras, aplicando criterios de equidad social para que las ayudas vayan a quienes las necesitan.

• No más obras frente a inundaciones que en realidad agravan el problema.

La construcción de infraestructuras para acabar con las inundaciones como encauzamientos de ríos, muros y diques, cortas de meandros o presas de laminación de avenidas demuestran que no sólo no han sido capaces eliminar las inundaciones (el nuevo cauce del Turia es una extraordinaria excepción) sino que, en muchos casos, han agravado los daños por tres razones:

En primer lugar, han creado una falsa sensación de seguridad, favoreciendo la ocupación de espacios que en realidad pertenecen al cauce amplio de ríos y barrancos, y que generaciones anteriores sabiamente habían respetado.

En segundo lugar, estas obras encajonan el agua en menos espacio, aumentando la velocidad y la altura del agua, de forma que cuando la avenida es de alta intensidad las consecuencias son mucho peores de las que hubieran existido en ausencia de tales obras.

En tercer lugar, estas infraestructuras no eliminan el agua, solo la mueven a otro sitio, por lo que si las lluvias son de una intensidad muy grande, en el mejor de los casos salvan unas zonas a costa de inundar otras, que sufren así unas consecuencias agravadas por tales obras. Salvar unas zonas y poblaciones a costa de agravar los daños en otras es inaceptable desde una perspectiva de justicia social.

• En gestión de inundaciones hay que pasar del “evacuar” al “retener”.

Por razones de eficacia y también por equidad social, la gestión del territorio debe ir encaminada a retener el agua en todas las escalas (de la más pequeña a la ordenación general de toda una cuenca), utilizando para ello espacios adecuados, con el fin de disipar parte de la energía de la avenida y reducir los daños aguas abajo. Para ello hay que devolver a los ríos el espacio que les ha quitado, eliminando parte de los encauzamientos, muros y diques en zonas adecuadas, para permitir un desbordamiento blando en lugares donde los daños puedan ser menores, como forma de proteger los espacios urbanos y la vida de las personas aguas abajo.

También hay que pasar del evacuar al retener en los espacios agrarios, con prácticas obligatorias de conservación de suelos y retención de escorrentías, las cuales han sido eliminadas, por ejemplo, en los grandes regadíos agroindustriales. Asimismo hay que retener en los espacios urbanos, permeabilizando las superficies con medidas de drenaje sostenible como jardines inundables o sustituyendo superficies impermeables por otras filtrantes. Todas estas medidas contribuirán a reducir las escorrentías y a ralentizar las ondas de avenida, mitigando los daños por inundaciones.

3. Los sistemas de alerta y de reacción antes, durante y después de un evento de inundación por lluvias torrenciales, deben centrarse en salvaguardar la seguridad de las personas y el interés público, no los intereses de empresas y sectores económicos.

La gestión de esta DANA en el País Valencià ha mostrado al mundo que ha fallado casi todo lo que podía fallar, pese a existir planes de emergencia y recursos técnicos y humanos. Son inaceptables, por parte de la Generalitat Valenciana, las 12 horas de retraso en comunicar a la población la situación de alerta roja o que pasaran días antes de que solicitara la ayuda masiva de los recursos del Estado y de otras comunidades autónomas, a la vista de la magnitud de la catástrofe. Estos retrasos y otros fallos, que en su momento habrá que analizar para depurar responsabilidades, obedecen no solo a la negligencia sino también a la voluntad de anteponer los intereses económicos (“que no pare la economía”), con una enorme miopía política (no “alterar” la vida de los ciudadanos ni la “libertad” de uso del vehículo privado), a la protección del medio ambiente y a los derechos humanos.

Es necesaria una revisión completa de los actuales sistemas de alerta, incorporando medidas obligatorias para empresas, trabajadores y población general según la gravedad del riesgo con antelación suficiente para que puedan ser adoptadas. Lo ocurrido en Valencia también ha puesto al descubierto prácticas inaceptables por parte de algunas empresas que, en lugar de velar por la seguridad de sus trabajadores, priorizaron continuar con la actividad, pese a que el riesgo grave era evidente. No pueden quedar estas decisiones en manos de los empresarios y son las administraciones públicas las responsables de que los planes de emergencia y protocolos prioricen la seguridad, y de que tales planes y protocolos se cumplan. En este sentido, se debe asegurar el derecho a abandonar el trabajo en aplicación de la Ley de Riesgos Laborales sin que la precariedad o el miedo al despido ponga en peligro la vida de las personas trabajadoras.

4. Urge mejorar la educación y capacitación social de la ciudadanía en gestión del riesgo.

Hay que mejorar la educación social de la población general en gestión del riesgo desde la prevención (por ejemplo, no edificar ni comprar viviendas en zonas inundables), a saber actuar en situaciones de riesgo, evitando, entre otras conductas, que muchas personas sigan considerando el vehículo privado como un espacio seguro, cuando es una máquina que puede dejarte atrapado y que, además, flota. De la misma forma, esta capacitación social contribuirá a evitar actitudes que agravan los daños, como minimizar la importancia de una alerta naranja o roja y que haya personas que en tales circunstancias pretendan continuar con sus rutinas diarias.

No frenar el cambio climático, no adaptarse a sus consecuencias con una reformulación completa de la ordenación del territorio, no avanzar en la descarbonización, no reaccionar antes y mejor ante el riesgo de lluvias torrenciales e inundaciones y no contar con una ciudadanía con la formación necesaria para prevenir y saber actuar ante situaciones de emergencia, se cobra una factura que la sociedad no puede ni debe asumir.