El comité congresual que investiga el Asalto al Capitolio recomendó al Departamento de Justicia este lunes que presente cargos penales contra Donald Trump. En concreto, acusan al expresidente de incitar a la insurrección y de conspirar para defraudar a Estados Unidos.
El anuncio supone el penúltimo capítulo para el grupo de congresistas que lleva más de un año intentando descifrar el 6 de enero de 2021. El cierre lo pondrán el miércoles con la publicación de un extenso informe sobre las conclusiones de la investigación.
El comité emana de la actual mayoría demócrata en la Cámara de Representantes.
Esa mayoría se acabará a primeros de enero, cuando los republicanos tienen previsto recuperar el control de la cámara baja tras su victoria por la mínima en las elecciones del pasado noviembre.Es decir, que el trabajo del comité llegará a su fin conforme los líderes republicanos tengan el poder para acabar con una iniciativa con la que nunca estuvieron de acuerdo.La recomendación de presentar cargos penales contra Trump es por tanto una forma de apuntalar una investigación que ya iba en esa dirección desde hace meses. En las audiencias celebradas por el comité en el último año, la narrativa definía a Trump como el líder de una conspiración cuyo papel fue imprescindible para entender lo que ocurrió en el Asalto al Capitolio.
Pero la noticia despierta varias preguntas. ¿De qué manera influye que esté dominado por demócratas? ¿Qué ha demostrado el comité? ¿Tiene de verdad relevancia la recomendación que han hecho? ¿Y qué tiene previsto hacer el Departamento de Justicia al respecto?
Un comité… ¿demócrata?
La Cámara de Representantes formó el comité del Asalto al Capitolio en junio de 2021.
Solo dos congresistas republicanos votaron a favor de su institución, Adam Kinzinger y Liz Cheney, los mismos que sirven en el comité de nueve miembros.16 legisladores republicanos se abstuvieron de votar, mientras que 190 se opusieron a la formación del comité porque lo consideraban una iniciativa partidista.En los meses previos, los líderes republicanos se habían opuesto a negociar la creación de un comité independiente a imagen y semejanza del que se hizo con los ataques terroristas del 11 de septiembre.Kinzinger y Cheney ya habían votado a favor del segundo impeachment de Trump por su papel en el Asalto al Capitolio, lo que les valió la censura de su propio partido.
En el caso de Kinzinger, decidió no presentarse a la reelección en noviembre y su cargo terminará en enero.En el de Cheney, la congresista perdió las primarias republicanas de su distrito de Wyoming y también perderá su escaño en enero.Ambos republicanos han sido dos de las voces más críticas con Trump desde el ataque del 6 de enero. Por esa misma razón, sus palabras han sido repudiadas en los círculos conservadores de Estados Unidos. En general, la burbuja mediática conservadora ha desestimado las narrativas presentadas por el comité.
Las conclusiones del comité sobre Trump y el Asalto al Capitolio
A lo largo del último año y medio, el comité ha entrevistado a cientos de testigos y ha analizado imágenes, documentos y materiales electrónicos. Sus conclusiones podrían resumirse de la siguiente manera:
Trump intentó durante meses atentar contra la credibilidad del sistema electoral estadounidense basándose en acusaciones infundadas y teorías de la conspiración. Específicamente, atacó al voto por correo con la intención de desacreditar después los resultados electorales.Una vez perdió las elecciones contra Joe Biden, Trump siguió mintiendo sobre las votaciones. Siguió propagando mentiras incluso cuando desde su propio equipo le desmentían con hechos muchas de esas acusaciones de fraude infundadas.En los meses posteriores a las elecciones, Trump y sus aliados urdieron un plan para presentar a una serie de falsos electores en estados ganados por Biden con la intención de revertir los resultados legítimos de las elecciones.Y por último, Trump congregó a miles de sus seguidores en Washington D.C. el 6 de enero de 2021 con la intención de presionar e impedir la certificación de los resultados de su derrota, llegando incluso a incitar a la violencia contra los legisladores que debían confirmar los resultados.Según el informe del comité, «las pruebas nos han llevado a una conclusión predominante y sencilla: la causa central del 6 de enero fue un hombre, el expresidente Donald Trump, a quienes muchos siguieron. Ninguno de los eventos del 6 de enero habrían ocurrido sin él».
Y ahora, ¿qué?
Las recomendaciones del comité sobre Trump y el Asalto al Capitolio carecen de peso legal. Y tampoco significan en ningún caso que el Departamento de Justicia, que depende del ejecutivo, deba actuar al respecto. Pero la presentación de pruebas y testimonios que apuntan a la posible criminalidad de Trump sí supone una escalada que carece de precedentes históricos contra un presidente (o expresidente). El comité acusa a Trump de cuatro cargos criminales federales:
Incitar a la insurrección.Conspirar para defraudar a Estados Unidos.Conspirar para hacer una declaración falsa.Obstrucción de un acto del Capitolio.Ahora, le corresponde al Fiscal General Merrick Garland determinar si su Departamento de Justicia debe presentar ese u otros cargos criminales contra Trump. Su equipo lleva investigando al expresidente desde hace tiempo por su papel en el intento de revertir los resultados electorales, en el Asalto al Capitolio y en la obtención de materiales del gobierno que se llevó a su resort de Mar-a-Lago tras el fin de su presidencia. Pero a Garland se le presentan dos dificultades:
Lanzar cargos criminales contra un candidato a la presidencia puede ser visto como una intervención partidista desde una fiscalía que se supone que tiene independencia del ejecutivo de Biden.Lanzar cargos criminales contra una figura clave del partido republicano puede facilitar que los republicanos lancen investigaciones contra Biden y Garland desde la mayoría en la Cámara de Representantes que recuperarán en enero.Los próximos meses prometen ser de alto voltaje en el departamento de Garland conforme tiene en cuenta todas estas consideraciones. Especialmente, sabiendo que su fiscalía necesita pruebas contundentes para no arriesgarse a una derrota judicial que podría ser muy vergonzante.
