Circulan en redes sociales mensajes que afirman que el Gobierno de España ha regularizado la situación de numerosas personas migrantes de cara a los comicios de 2023. “BOE: Regulación masiva de extranjeros antes de las elecciones”, “El Gobierno, mediante real decreto, aprobó una regulación masiva de 470.000 ilegales a los que dará la nacionalidad para que voten al PSOE” o “Por si alguien cree que el socialcomunismo va a dejar de gobernar así como así” son algunos de los mensajes que algunos usuarios están compartiendo en Facebook y Twitter.
Estas publicaciones están acompañadas de una captura de pantalla en la que aparece un documento oficial del Congreso de los Diputados. Datado del 24 de febrero de 2023, el texto se titula Proposición de Ley para una regulación extraordinaria para personas extranjeras en España y los usuarios indican que es una norma nueva que ha aprobado el Ejecutivo.
Desde Newtral.es hemos contactado con expertas en derecho y explican que ni se trata de un real decreto –que no tiene rango de ley– ni se ha aprobado el texto, sino que es una iniciativa legislativa popular (ILP) en trámite. Además, las especialistas afirman que, de aprobarse, no permitiría a los migrantes beneficiarios de la norma votar directamente en las elecciones de 2023.
La propuesta legislativa sobre la regularización de personas migrantes proviene de una ILP, no de un real decreto
Una búsqueda en Google del título del texto que aparece en la imagen viral arroja como resultado una entrada de la web oficial del Congreso de los Diputados y otra de la Junta Electoral Central. En ambos sitios web se encuentra el documento oficial, que es una proposición de ley cuya primera página se muestra en la captura de pantalla que circula en redes.
En la exposición de motivos de la proposición sobre la regularización se indica que las últimas estimaciones reflejan que en España residen entre 390.000 y 470.000 personas de manera irregular, que el sistema de acceso a la residencia contemplado en la ley de extranjería es “insuficiente y limitado”, y que esa dinámica provoca “vulnerabilidad y desprotección” a las personas migrantes en situación irregular.
“Debe entenderse que la presente iniciativa legislativa popular debe poder ordenar al Gobierno el establecimiento de un procedimiento reglamentario para una regularización extraordinaria”, dice el texto. Esta proposición de ley, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG), refleja que proviene de una ILP y que uno de sus autores es Augustin Marie Ndour Ndong, un hombre migrante senegalés que fue candidato a la Presidencia del Gobierno de España en las elecciones del 28 de abril de 2019 con el partido Por Un Mundo Más Justo.
Según las expertas, aprobar esta proposición de ley llevaría alrededor de año y medio
“Es una iniciativa legislativa popular, lo que requiere de la firma de 500.000 personas para poder ser registrada en el Congreso de los Diputados”, declara a Newtral.es Gema Sánchez, profesora de ciencia política de la Universidad Complutense de Madrid. A través de este mecanismo constitucional, las personas pueden presentar iniciativas de ley sin ser representantes públicos en ninguna cámara legislativa; es decir, una ILP es una propuesta legislativa que parte de los ciudadanos y no de los representantes políticos.
La experta aclara que la proposición sobre la regularización de personas extranjeras “todavía no es ley” y explica a este medio el procedimiento parlamentario que debe seguir para serlo. En primer lugar, se deben recoger las 500.000 firmas para poder entregar la ILP en el registro del Congreso de los Diputados. Tras ser registrada, la Mesa de la cámara aprueba o rechaza su tramitación. De aprobarse, pasaría a la comisión correspondiente y comenzaría el trabajo de preparación de enmiendas y del formato del texto que se debe llevar al pleno del Congreso. Es en este punto donde se encuentra –en el momento en el que se publica esta verificación– la iniciativa sobre “regulación de extranjeros” que circula en redes y que usuarios relacionan con las elecciones de mayo.
Como explica Sánchez, una ILP que se aprueba en un primer momento en el Congreso pasa al Senado, que también puede proponer enmiendas, rechazar o aprobar el texto. Si la Cámara Alta lo aprueba también, la proposición de ley volverá al pleno del Congreso, que votará si aprueba o no el texto final. Según la profesora de ciencia política, todo este procedimiento llevaría alrededor de un año y medio.
“Lo que dicen en redes sociales no es cierto porque no daría tiempo a que el texto se aprobara antes de las elecciones municipales y autonómicas de mayo”, explica la experta a Newtral.es. “De todas maneras, el censo ya está cerrado”, afirma Sánchez. De esta manera, en las elecciones de mayo no podrán votar quienes no estén ya inscritos en el censo electoral, que cerró el plazo de inscripción en enero de 2023.
De ser aprobada esta proposición de ley, las personas migrantes regularizadas en ese proceso no podrían votar en los comicios de 2023
Aun así, aunque esta ILP llegara a convertirse en ley, lo que haría sería regularizar a personas migrantes, como dice Sánchez, pero siguen existiendo condicionantes a la hora del voto. “Para votar en las elecciones generales y autonómicas, es necesario tener la nacionalidad española”, explica Pilar Charro, catedrática de derecho del trabajo en la Universidad Rey Juan Carlos, a Newtral.es. “La regularización te ofrece un permiso o autorización de residencia extraordinaria, es decir, es un paso previo. No te da los mismos derechos que un nacionalizado español”, declara Charro.
La experta en derecho indica que el artículo 13 de la Constitución establece que, en el caso de las elecciones municipales, las personas migrantes pueden votar “si existe un convenio de reciprocidad entre España y su país de origen, y si cumplen una serie de requisitos legales”. De hecho, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ya ha anunciado en una nota de prensa los requisitos que deben cumplir las personas migrantes para poder votar en las elecciones municipales.
Por ende, aunque se aprobara la propuesta legislativa sobre la “regulación de extranjeros” antes de las elecciones –algo imposible, según las expertas, por los plazos del procedimiento–, las personas migrantes que vieran regularizada su situación no podrían votar. Esto se debe a que los requisitos indican que los extranjeros que pueden votar en las municipales deben haber residido en España “legal e ininterrumpidamente” durante los cinco años anteriores a la solicitud en el censo (tres años en el caso de países como Reino Unido y Noruega) y a que, además, el plazo de inscripción en el censo terminó en el mes de enero.
Asimismo, de aprobarse la Proposición de Ley para una regulación extraordinaria para personas extranjeras en España, esta posible norma no concedería la nacionalidad española (indispensable para votar en elecciones autonómicas y generales), sino un permiso de permanencia temporal, que el beneficiario debería ir renovando posteriormente si cumple con las exigencias legales, según expone Charro.
Fuentes
Web oficial de la Junta Electoral Central
Declaraciones de Gema Sánchez, profesora de ciencia política de la Universidad Complutense de Madrid, a Newtral.es
Declaraciones de Pilar Charro, catedrática de derecho del trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Rey Juan Carlos, a Newtral.es