En Guatemala, los periodistas temen que la ley se vuelva en su contra

Cuando el galardonado periodista guatemalteco José Rubén Zamora fue detenido en su hogar en julio del año pasado, organizaciones locales e internacionales pidieron su inmediata puesta en libertad y expresaron su preocupación al respecto al estado de la libertad de prensa en el país.

Pero Rafael Curruchiche, el controversial jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala (FECI), se dirigió al público para decir que Zamora había sido detenido como empresario, no como periodista. Un funcionario público insistió en que el caso “no se trata de persecución política”. 

Zamora es el fundador y expresidente de elPeriódico, una publicación impresa y digital conocida por su voz crítica y por sus investigaciones enfocadas en la corrupción gubernamental. Desde su fundación en 1996, tanto Zamora como el personal de elPeriódico han sido objeto de intentos de asesinato, secuestros, allanamientos y amenazas.

“El caso de José Rubén [Zamora] es paradigmático… es el director del medio más importante de Guatemala que denunciaba y de repente lo tenés a él en la cárcel” — Melissa Rabanales, periodista

La campaña contra elPeriódico es uno de tantos ataques contra los medios de comunicación independientes de todo el mundo, pero mientras que los periodistas de Europa y Norteamérica han visto un incremento de las demandas y los ataques a la prensa, lo que está ocurriendo en América Latina es de una magnitud diferente. Los ataques son especialmente fuertes en Guatemala, un país centroamericano con una población de 18 millones de habitantes y un pasado complejo.

En tiempos más recientes, elPeriódico ha enfrentado un boicot comercial de parte de compañías que solían contratar espacios publicitarios alentado por el gobierno. Mientras tanto, la fiscalía ha iniciado varias investigaciones penales contra Zamora y el personal del periódico, medidas que han sido ampliamente consideradas como políticamente motivadas para obstaculizar el periodismo crítico.

“Siento que el Estado ha utilizado nuevos repertorios para ir callando a las personas”, dijo Ramón Zamora, antropólogo y uno de los hijos de José Rubén. “Encontraron herramientas muy útiles y eficientes en la ley”.

La principal investigación contra Zamora —ganador del Premio Héroe de la Libertad de Prensa del Instituto Internacional de Prensa y del Premio Internacional de la Libertad de Prensa del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ)— está relacionada con un pago que dice haber recibido en nombre del periódico.

Los fiscales acusan a Zamora de chantaje, tráfico de influencias y lavado de unos 38.000 dólares. La defensa de Zamora niega estas acusaciones y afirma que el dinero se obtuvo legalmente y estaba destinado a financiar a elPeriódico, el cual había estado perdiendo clientes publicitarios debido a las amenazas del gobierno. Hasta ahora, los argumentos de la defensa han sido rechazados en los tribunales.

Mientras este primer caso se desarrolla en los tribunales —Zamora se encuentra preso y en espera de su  próxima audiencia— dos de sus antiguos abogados fueron detenidos en relación con una segunda acusación, ahora por obstrucción de la justicia. El periodista ahora enfrenta dos procesos paralelos.

En una de las audiencias de este segundo caso, el juez Jimi Bremer aprobó que la fiscalía investigue a una lista de periodistas por considerar que sus publicaciones acerca del proceso contra Zamora también son una obstrucción a la justicia.

El momento elegido para los ataques legales contra Zamora y sus colaboradores también ha despertado preocupación. El país tiene elecciones generales este año y Human Rights Watch ha calificado el contexto como “una prueba crucial para la frágil democracia de Guatemala”.

La detención de Zamora antes de las elecciones, advierte Arlene Getz del CPJ, “envía un mensaje escalofriante a los periodistas, especialmente a los periodistas independientes y de investigación… en medio de una continua represión contra fiscales, jueces y periodistas que anteriormente han sacado a la luz casos de corrupción”.

El síntoma de una grave crisis de la libertad de prensa

Los periodistas enfrentan una serie de amenazas y desafíos en toda América Latina. Los periodistas en Centroamérica están huyendo de sus hogares en Guatemala, El Salvador y Nicaragua para establecer redacciones en el exilio ante los problemas de seguridad. Mientras tanto, las organizaciones internacionales denuncian un panorama de deterioro de la libertad de prensa: en 2022 al menos 30 periodistas fueron asesinados en América Latina, según datos del CPJ, lo que representa casi la mitad de los 67 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación asesinados en todo el mundo en el mismo año.

En Guatemala, el caso de Zamora sucede en un contexto de criminalización a periodistas, activistas, líderes de la oposición, jueces y fiscales considerados problemáticos por el gobierno.

“Hay una realidad de que se están utilizando las leyes para silenciar medios”, afirma Hazel Feigenblatt, directora de programas para América Latina y el Caribe del Institute for War and Peace Reporting. “En el caso de Guatemala, hemos visto tanto amenazas como amenazas cumplidas, de procesos legales contra periodistas por causas que, sin entrar en detalles, parecen ser politizadas”.

En la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2022 de Reporteros sin Fronteras, Guatemala cayó al puesto 124 de 180 países, un descenso de ocho puestos con respecto a su clasificación de 2021, y casi 50 puestos por debajo de su posición hace 12 años, cuando ocupaba el puesto 77 en el mundo. El investigador del grupo señaló que “los periodistas y medios de comunicación que investigan o critican actos de corrupción y violaciones de los derechos humanos con frecuencia sufren agresiones en forma de campañas de acoso y persecución penal”.

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) ha registrado cerca de 400 casos de acoso y limitaciones a periodistas durante el gobierno del actual Presidente Alejandro Giammattei, incluyendo el uso de la ley para censurar, criminalizar y obstruir el trabajo de los periodistas. La organización afirma que la Fiscal General Consuelo Porras “actúa con celeridad para inventar casos y perseguir a los periodistas”. Las denuncias interpuestas por los periodistas, por su parte, no tienen mucho éxito. El año pasado, el Ministerio Público archivó 34 denuncias (es decir, las aceptó, pero no las investigó más a fondo) presentadas por reporteros y trabajadores de los medios de comunicación; otras 81 fueron desestimadas desde el principio.

Además del caso de lavado de dinero que mantiene a Zamora en prisión, hay al menos 17 investigaciones abiertas contra él y otros periodistas de elPeriódico amparadas en una ley de feminicidio originalmente concebida para proteger a las víctimas de violencia de género.

Guatemala ha caído rápidamente en el Índice de Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras, ubicándose casi 50 lugares por debajo de su posición hace 12 años.

En 2022, un tribunal prohibió a Zamora y a otros dos periodistas de elPeriódico escribir acerca Dina Alejandra Bosch Ochoa, después de una publicación en la que dejan al descubierto supuestas irregularidades en su contrato con el Tribunal Supremo Electoral. Al acceder a la petición de Bosch, el juez amplió la restricción a cualquier cobertura sobre su familia directa, incluida su madre, quien funge como magistrado de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala.

La restricción también impide que los periodistas se acerquen a los lugares de trabajo de ambas funcionarias públicas.

“Están utilizando una ley que fue hecha pensada para proteger a personas vulnerables, en este caso mujeres que viven situaciones de violencia, para proteger a personas con mucho poder dentro del Estado”, afirma Ramón Zamora.

La misma táctica fue utilizada por administraciones anteriores. Ya en 2013, la ex vicepresidenta Roxana Baldetti — que posteriormente fue encarcelada por corrupción—  argumentó que un artículo de Zamora en el que se exponía su lujoso estilo de vida y posibles conexiones con casos de corrupción era misógino. Baldetti consiguió una orden de restricción contra Zamora y, aunque un juez levantó la medida meses después, los funcionarios públicos siguen aplicando la misma estrategia: periodistas de investigación como Marvin del Cid y Sonny Figueroa, entre otros, han vivido experiencias similares.

Doble amenaza a la rendición de cuentas

Mientras que, por un lado, existe la preocupación de que el sistema judicial esté siendo utilizado como un arma contra los periodistas, por el otro, hay indicios de que el propio sistema legal está siendo atacado. Hay al menos 30 funcionarios públicos, jueces y fiscales en el exilio.

La reportera Melisa Rabanales decidió investigar el caso de Virginia Laparra, ex jefe de la FECI en Quetzaltenango, quien fue detenida y puesta en prisión preventiva tras acusaciones de abuso de poder.

“Se están utilizando las leyes para silenciar medios”, afirma Hazel Feigenblatt, Institute for War and Peace Reporting

“Era un caso que era importante cubrir porque la criminalización [de los opositores políticos] estaba avanzando a pasos acelerados en Guatemala”, dice Rabanales en una entrevista. “Sabíamos de los fiscales que están en el exilio, de los jueces, pero esta era la primer fiscal de la FECI que estaba siendo criminalizada”.

Rabanales y el equipo de podcast de la Agencia Ocote, un medio de comunicación multidisciplinario y transmediático que trabaja en la intersección del periodismo de investigación y narrativo, ingresaron al penal Mariscal Zavala, donde Laparra estaba detenida. Aunque el personal de seguridad vio la grabadora de audio y la aprobó, posteriormente se presentó una denuncia penal contra el equipo de Ocote, argumentando que era ilegal ingresar un dispositivo de grabación a una prisión.

Cuentas anónimas de Twitter, conocidas en Guatemala como “NetCenters“, publicaron detalles del caso y difundieron información personal sobre Rabanales, una práctica cada vez más utilizada para intimidar a los periodistas en ese país. Al ver lo que le había ocurrido a Zamora y temiendo correr peligro, abandonó el país.

“El caso de José Rubén [Zamora] es paradigmático… es el director del medio más importante de Guatemala que denunciaba y de repente lo tenés a él en la cárcel”, explica Rabanales. “Esto ha escalado y es una situación difícil para los medios independientes porque no tienes el respaldo que tienen los demás.  Y, si eres mujer, indígena o vives en una comunidad, pues muchísimo menos”.

Rabanales menciona el caso de Carlos Choc, periodista maya q’eqchi’, que fue denunciado por “instigación a delinquir” por miembros de la Policía Nacional tras cubrir una protesta contra una mina en su región. Choc y otros miembros de Prensa Comunitaria han investigado y publicado reportajes sobre presuntas irregularidades de los proyectos mineros en sus territorios.

Pero mientras el trabajo de los reporteros de medios como Agencia Ocote era criminalizado en Guatemala, era celebrado en el extranjero: el año pasado el equipo de Radio Ocote Podcast recibió el prestigioso Premio Gabo por su podcast “No fue el fuego”, una investigación sobre la impunidad y el incendio que tomó la vida de 41 niñas en un albergue.

Para Rabanales, el premio sirvió para recordar la importancia de su periodismo de investigación. “El trabajo tiene frutos y hay que seguir denunciando”, afirma. Aunque en su caso, sea desde el extranjero.

A pesar de que elPeriódico suspendió su edición impresa en diciembre, Zamora ha dicho que seguirá luchando para limpiar su nombre. El caso contra él, subraya, tiene “motivaciones políticas”, pero ha prometido que “continuará con la lucha y afirmará que no cometió ningún delito.”

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Raúl F. Pérez Lira es un fotógrafo y escritor que se enfoca en temas relacionados a las violaciones de los derechos humanos y las luchas ambientales en el norte de México. Actualmente forma parte de Raichali, un proyecto de periodismo independiente con sede en Chihuahua que forma parte de la alianza de medios Periodistas de a Pie.

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