- Un nuevo estudio publicado por Seas At Risk, red de la que forma parte Ecologistas en Acción, presenta una hoja de ruta para frenar la destrucción de los fondos marinos antes de que sea demasiado tarde.
- Este verano la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos discutirá por primera vez una política general para establecer una moratoria de la minería submarina.
Ya son 11 los Estados europeos, entre ellos el español, que se han pronunciado a favor de una moratoria, pausa precautoria o prohibición de la minería submarina. No obstante, un nuevo informe publicado por Seas At Risk, red europea de la que forma parte Ecologistas en Acción, apunta que es necesario pasar de las declaraciones a una acción más decidida de cara a la Asamblea de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés) que se celebrará este verano en Jamaica.
El informe ‘The Changing Seascape of Deep-Sea Mining in Europe’ evidencia que la comunidad internacional ya ha pasado por procesos similares en el pasado, como ilustran la moratoria de la pesca de ballenas o la prohibición de la minería en la Antártida. Por ello, Ecologistas en Acción exige al gobierno español que se tome en serio la próxima asamblea de la ISA y ponga todo de su parte para que salga adelante la propuesta de política general para una moratoria internacional.
Se trata de un paso urgente, especialmente después de que Noruega abriera, a principios de este año, sus aguas en el Ártico a la minería submarina y de que la ISA se haya marcado como próximo objetivo aprobar el código minero que permitiría el inicio de la explotación en 2025.
Cada vez son más los países que han dado un paso adelante para parar esta actividad antes de que empiece, dados los impactos irreparables que podría provocar a escala planetaria en términos de pérdida de biodiversidad y de disrupción de las funciones de los océanos en la captura de carbono y la regulación del clima. El estudio de Seas At Risk hace referencia a numerosas publicaciones científicas que sostienen la urgencia de una moratoria y presenta una hoja de ruta con deberes para los gobiernos europeos.
Esta hoja de ruta incluye, entre otras medidas, prohibir la minería submarina en aguas bajo jurisdicción nacional, trabajar para establecer un embargo preventivo de minerales procedentes de los fondos marinos e iniciar una reforma integral de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos para centrar su misión en la protección de estos ecosistemas.
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