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El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) solicitó el 20 de mayo de 2024 a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI que emitiera órdenes de arresto contra dos líderes del Gobierno de Israel y contra tres líderes de Hamás. No ha sido hasta el 21 de noviembre cuando la CPI ha notificado que ha hecho efectivas esas órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y contra su ex ministro de Defensa, Yoav Gallant. También ha emitido otra contra Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri (Deif), uno de los líderes de Hamás. Las solicitadas contra Ismail Haniyeh y Yahya Sinwar se retiraron después de que Israel los asesinara en un bombardeo en la Franja de Gaza y se confirmara su muerte.
La Corte Penal Internacional es un organismo judicial internacional que se creó en 1988 y se rige bajo el Estatuto de Roma. Está encargado de investigar delitos internacionales como los crímenes de guerra o contra la humanidad, genocidios y agresiones. Este organismo está reconocido por 123 países, entre ellos España, pero no, por ejemplo, por Israel o Rusia. Sí lo hace Palestina, o como contamos en Maldita.es, Ucrania, que aunque no ha ratificado el Estatuto de Roma, sí acepta su jurisdicción desde 2014.
¿Por qué se han emitido órdenes de detención?
Las órdenes de detención contra Netanyahu y Gallant se han emitido seis meses después de que el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional Karim Khan presentara su solicitud. La CPI los acusa de “crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos, al menos, entre el 8 de octubre de 2023 y el 20 de mayo de 2024”. La Sala considera que ambos son “penalmente responsables” de “utilizar el hambre de civiles como arma de guerra, crímenes de lesa humanidad, persecución y otros actos inhumanos”. Añade, además que Netanyahu y su exministro son “penalmente responsables, cada uno de ellos, como superiores civiles, por el crimen de guerra de dirigir intencionalmente un ataque contra la población civil”.
Respecto a Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri (Deif), la CPI argumenta que habría cometido “crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra en territorio del Estado de Israel y el Estado de Palestina desde, al menos, el 7 de octubre de 2023”. La Corte ha notificado a las autoridades palestinas e israelíes que como, a 15 de noviembre de 2024, no había podido determinar si había sido asesinado o seguía vivo, presentaba la orden de detención. Deif era “el comandante de mayor rango del ala militar de Hamás (conocida como Brigadas al-Qassam)” en el momento del ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 y es “responsable de crímenes de lesa humanidad, exterminio, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, así como crímenes de guerra por asesinato, tratos crueles, tortura, toma de rehenes, atentados contra la dignidad personal y otras formas de violencia”. “La Sala también consideró que hay motivos razonables para creer que los crímenes contra la humanidad fueron parte de un ataque generalizado y sistemático dirigido por Hamás y otros grupos armados contra la población civil de Israel”, detallan en el comunicado.
En el caso de Haniyeh y Sinwar, la Corte Penal Internacional indica que la confirmación de sus muertes en ataques israelíes, provocó la retirada de las dos solicitudes que hizo el fiscal general de la CPI para emitir órdenes de detención contra ellos. Aunque, junto a Deif, los considera “responsables de llevar a cabo la operación del 7 de octubre”.
¿Qué había pedido el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional?
Karim Khan anunció el 20 de mayo que “presentará solicitudes de órdenes de detención” contra tres líderes de Hamás, entre ellos el que era su máximo líder en la Franja de Gaza, Yahya Sinwar, y contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su ex ministro de Defensa, Yoav Gallant.
Respecto a los entonces líderes de Hamás, Karim Khan argumenta que son responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad en Israel y Palestina desde los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023. Les acusa de “exterminio, asesinatos, atentados contra la vida, mutliaciones, tratos crueles y tortura, toma de rehenes; violación y otros actos de violencia sexual, tortura, otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física, tratos cureles y atentados contra la dignidad de las personas durante el cautiverio”.
“Mi departamento sostiene que hay motivos razonables para creer que Yahya Sinwar, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri (Deif) e Ismail Haniya son penalmente responsables de la muerte de cientos de civiles israelíes en ataques perpetrados por Hamas y otros grupos armados el 7 de octubre de 2023 y la toma de al menos 245 rehenes”, detallaba Khan en el comunicado. Y añade que “los crímenes contra la humanidad” de los que les acusan forman parte de “un ataque generalizado y sistemático contra la población civil de Israel” y que “continúan a día de hoy”.
El fiscal de la CPI justificaba su solicitud de arresto para Netanyahu y Gallant en que desde el 8 de octubre de 2023, ambos mandatarios israelíes son responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad en la Franja de Gaza por “utilizar el hambre de civiles como arma de guerra, atentar gravemente contra la integridad física o la salud, ataques directos e intencionados contra población civil, exterminio y asesinato de civiles incluso en el contexto de muertes causadas por inanición, la persecución de un grupo por motivos políticos, raciales, étnicos, culturales o religiosos, y otros actos inhumanos causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o salud mental”.
Khan sostiene en su escrito que “los crímenes de guerra alegados en estas solicitudes se cometieron en el contexto de un conflicto armado internacional entre Israel y Palestina, y un conflicto armado no internacional entre Israel y Hamás (junto con otros grupos armados palestinos) que se desarrolla en paralelo” y añade que “los crímenes de lesa humanidad acusados se cometieron como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil palestina de conformidad con la política del Estado”. El fiscal de la Corte Penal Internacional argumenta que estos crímenes “continúan a día de hoy”.
¿Cuál es el proceso para emitir una orden de detención?
El Estatuto de Roma establece en su artículo 58.1 que es la Sala de Cuestiones Preliminares la encargada de emitir esas órdenes de detención cuando así lo solicite la Fiscalía de la CPI: “En cualquier momento después de iniciada la investigación, la Sala de Cuestiones Preliminares dictará, a solicitud del fiscal, una orden de detención contra una persona si, tras examinar la solicitud y las pruebas y otra información presentadas por el fiscal”.
Un caso similar a este es la orden de detención emitida en marzo de 2023 contra el presidente ruso Vladimir Putin. En aquella ocasión, el fiscal de la Corte Penal Internacional no anunció que había solicitado que se emitiera la orden de arresto contra Putin, pero sí que cuando se oficializó por parte de la CPI. Entonces, Karim Khan publicó un comunicado donde explicaba que había hecho esa solicitud un mes antes.
¿Qué investiga la Corte Penal Internacional?
Desde el 3 de marzo de 2021, la Corte Penal Internacional investiga “crímenes de guerra” cometidos en territorios palestinos para dilucidar las responsabilidades desde 2014 de los líderes de Hamás en sus ataques dentro de la Franja de Gaza y en Israel, y las acciones de las autoridades israelíes en la Franja, Jerusalén Este y en la Cisjordania ocupada.
Estas acusaciones no suelen ser bien recibidas en el Ejecutivo israelí. En 2021, Tel Aviv publicó un comunicado en sus embajadas donde rechazaban las acusaciones porque “Israel no es miembro de la CPI y no ha dado su consentimiento a su competencia”. A lo que la Corte Penal Internacional respondió argumentando que tiene competencias para investigar los crímenes cometidos en Palestina puesto que las autoridades palestinas se adhirieron al Estatuto de Roma en 2015.
Tras los ataques terroristas de Hamás y la respuesta israrelí en Gaza, algunos medios empezaron a publicar que se podrían producir estas órdenes de arresto contra dirigentes israelíes, lo que provocó una respuesta del Gobierno de Netanyahu. El propio Netanyahu escribió en X (anteriormente Twitter) que “bajo su liderazgo, Israel nunca aceptará ningún intento de la CPI por socavar su derecho inherente a la autodefensa”.
Además, según publicó el medio estadounidense Axios, Netanyahu pidió a Estados Unidos (que tampoco reconoce la jurisdicción de la CPI) que evitara que se emitieran las órdenes de detención. Esto provocó que el fiscal de la Corte Penal Internacional publicara un comunicado defendiendo la “independencia e imparcialidad” del organismo y que esas “acusaciones” y “amenazas” podrían incumplir el artículo 70.1 del Estatuto de Roma de “poner trabas, intimidar o corromper a un funcionario de la Corte para obligarlo o inducirlo a que no cumpla sus funciones o a que lo haga de manera indebida; o tomar represalias contra un funcionario de la Corte en razón de funciones que haya desempeñado él u otro funcionario”.
En este sentido, Israel presentó dos cuestiones sobre la jurisdicción de la CPI para investigar crímenes cometidos en territorios del Estado de Palestina porque, a ojos del Gobierno israelí, no tiene competencias para investigarlos ni acusar a dirigentes israelíes de cometerlos. La Corte Penal Internacional ha rechazado ambos escritos porque “los Estados no tienen derecho a impugnar la jurisdicción del organismo en esta materia antes de que se emitan las órdenes de arresto” y tampoco había razones que justificaran la paralización de las mismas.
Foto de portada: El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (I) junto al entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant (D), en una rueda de prensa en Tel Aviv el 28 de octubre de 2023. (Abir SULTAN / POOL / AFP)
*Artículo actualizado el 21/11/2024 para incluir que las órdenes de detención contra Netanyahu, Gallant y Deif se han hecho efectivas.
