El acceso al aborto en Castilla y León está en el punto de mira desde que el vicepresidente, Juan García-Gallardo, de VOX, anunciase una serie de medidas antiaborto que habría pactado con el socio de Gobierno mayoritario, el PP. Medidas como la obligación de los profesionales sanitarios de ofrecer la escucha del latido fetal o una ecografía 4D. Estas propuestas ya fueron matizadas por los populares.
El presidente de la Junta, Fernández Mañueco, ha asegurado nuevamente que no serán medidas obligatorias ni para médicos ni para usuarias después de que el Ministerio de Sanidad emitiese un requerimiento formal para pedir a Castilla y León “para que se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa”.
Al margen de estas medidas antiaborto, la realidad es que ya hay obstáculos en el acceso al aborto en Castilla y León a pesar de lo que establece la actual ley, aprobada en 2010 y cuya reforma está en la última fase de tramitación después de que en diciembre fuese remitida al Senado.
Hay cinco provincias que no han notificado ni un solo aborto desde 2010
La ley del aborto en España, o Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, entró en vigor en 2010. Desde 1985 y hasta entonces, solo se podía abortar en tres supuestos: violación, riesgo para la salud física o psíquica de la gestante, y malformación del feto. Pero en 2010, tras su aprobación, la nueva norma permitió el aborto libre en las primeras 14 semanas (y bajo determinadas circunstancias a partir de esa semana).
La ley de 2010 prevé “dar solución a los problemas a los que había dado lugar” el anterior marco regulador (la Ley Orgánica de julio de 1985, que permitía abortar en tres circunstancias concretas) “de desigualdades territoriales en el acceso a la prestación”. Y en su artículo 19, la norma señala: “Se garantizará a todas las mujeres por igual el acceso a la prestación con independencia del lugar donde residan”.
Sin embargo, esta igualdad de condiciones en el acceso no es tal en tanto que hay territorios en los que las mujeres y personas con capacidad de gestar que quieran abortar tienen que desplazarse.
Si acudimos a los informes anuales de interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) desde 2010, publicados por el Ministerio de Sanidad, se observa que en lo referente al aborto en Castilla y León, hay hasta cinco provincias que no han notificado ni un solo aborto desde 2010 hasta 2021 (último año del que hay datos). Es el caso de Ávila, Palencia, Segovia, Soria y Zamora. Una situación que se produce en otras regiones como Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura.
Tal y como explica el propio Ministerio de Sanidad en su metodología, “cada IVE que se practica ha de ser notificada”. Por tanto, si en esas provincias no se ha notificado ni un solo aborto, implica que no se ha practicado ninguno.
¿Podría significar que en esas provincias nadie ha querido abortar? No, ya que en la tabla de número de abortos solicitados por provincia vemos que sí ha habido solicitudes. Dato que también consta en los informes autonómicos elaborados por la propia Junta de Castilla y León. Es decir, en esas provincias hay mujeres que han solicitado abortos, pero desde el centro se las ha derivado a otro territorio para realizar la intervención.
Solo en 2021 constan, en total, 776 abortos solicitados en esas cinco provincias en las que no se ha notificado ni una sola interrupción.
Esto implica que, al menos, esas mujeres han tenido que desplazarse a otra provincia de Castilla y León, o incluso a otra comunidad autónoma, para poder abortar.
¿En aquellas provincias que sí notifican abortos se practican el 100% de los abortos solicitados? No. Con la información que facilitan tanto el Ministerio de Sanidad como la Junta de Castilla y León no podemos saber dónde se realiza cada aborto que se solicita. Atendiendo al último informe autonómico de IVE (2021), sí sabemos que en todas las provincias de Castilla y León hay abortos que se derivan a otra comunidad autónoma. El caso de Soria es el más llamativo, ya que casi todos los abortos solicitados (96,7%) son derivados a otra comunidad autónoma. Le sigue Ávila, donde el 30,5% de los abortos solicitados se realizan también fuera de Castilla y León.
El aborto en Castilla y León: casi el 100% de interrupciones se realizan en centros privados
Según el informe de IVE del Ministerio de Sanidad de 2021, el 84,3% de las interrupciones en España se realizaron en la privada. La prestación de la interrupción voluntaria del embarazo está financiada, es decir, está incluida en la cartera de servicios de la sanidad pública. Sin embargo, la mayoría de comunidades autónomas siguen derivando esta prestación a centros privados con los que tiene concertado este servicio.
Castilla y León supera la media nacional. Para 2021, el 97,7% de abortos fueron derivados a centros sanitarios privados. El porcentaje siempre ha sido similar desde que se aprobó la ley en 2010.
Una única clínica acreditada y concertada para abortar en toda la región
En relación al aborto en Castilla y León cabe destacar que hay tres clínicas acreditadas (una en León, otra en Salamanca y una tercera en Valladolid), pero solo una —Ginemédica, la de Valladolid— tiene un concierto con la administración de la Junta para practicar abortos a pacientes derivadas de la pública.
Como explica a Newtral.es Emilia García, psicóloga en la clínica Buenavista (León) y una de las portavoces de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI): “Todas las mujeres de Castilla y León que quieren abortar sin coste alguno son derivadas a Valladolid, a veces incluso a otra comunidad autónoma. Es el caso de Soria, donde las mujeres son derivadas a Madrid porque la Junta tiene un concierto con una clínica de la capital. En definitiva, si una mujer de León quiere abortar gratis en León, no puede. Puede venir a nuestra clínica, pero tiene que pagar el procedimiento porque no tenemos concierto con la Junta”.
Castilla y León es la única comunidad autónoma donde no está financiada la sedación para abortar
Además de que solo hay una clínica acreditada y concertada dentro de la región (y otra en Madrid), Castilla y León es la única comunidad autónoma de España que no financia la sedación para los abortos instrumentales.
Para abortar antes de la semana 14 —periodo en el que se incluyen la mayoría de interrupciones del embarazo— hay dos principales métodos: el farmacológico y el instrumental. Este segundo se puede realizar con anestesia general (sedación suave), anestesia local o anestesia raquídea (una epidural). Tal y como explicaba a Newtral.es Alicia Martín, jefa del Servicio Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias, “la inmensa mayoría de mujeres, cuando abortan con el método instrumental, prefieren la sedación”.
Desde la clínica vallisoletana Ginemédica, la única acreditada y concertada por la Junta, señalan en conversación telefónica que “no existe opción de pagar aparte la sedación”: “Si vas por la vía pública y te derivan para un aborto instrumental, el procedimiento se realizará con anestesia local si es antes de la semana 14. Es así por protocolo. Si se quiere abortar con anestesia general [sedación], hay que pagar el procedimiento completo”. Según Emilia García, de ACAI, el coste total de una interrupción instrumental con sedación suave está “entre los 600 y 700 euros”.
“No poder abortar en tu propia provincia o tener que pagar por ello es muy grave”, apunta García. Por ello, esta sanitaria señala que “en Castilla y León, el Gobierno debería centrarse en mejorar la prestación”. “La mujer que quiere abortar lo va a hacer sí o sí”, añade.
Más del 40% de mujeres de Castilla y León pagan por su aborto
Desde que se aprobó la ley del aborto en 2010, más del 40% de mujeres pagan por abortar en Castilla y León, a pesar de ser una prestación financiada. Raquel Hurtado, coordinadora del área de intervención social de la Federación de Planificación Familiar Estatal (SEDRA-FPFE), recuerda que “aunque todavía muchas CCAA derivan este procedimiento a clínicas privadas, el coste corre a cargo de la administración”. Pero en el caso de esta región no solo la mayoría de interrupciones se practican en la privada, sino que un elevado porcentaje de usuarias pagan por ello.
La coordinadora de SEDRA señala que una de los motivos “podría ser, precisamente, que el circuito en la pública no siempre es claro ni accesible”: “Por ejemplo, en algunas zonas rurales puede que la cita con la trabajadora social que te deriva se demore porque solo acude al centro de salud una vez a la semana. Por otro lado, se une el hecho de que la sedación no esté financiada, por lo que si quieres esa opción, tienes que pagar sí o sí. Además, que sea tan habitual tener que desplazarse a otra provincia o comunidad es un obstáculo en sí que redunda en que, para facilitar el proceso, las mujeres acudan directamente a la clínica”, añade.
Fuentes
Informes de estadísticas anuales de Interrupciones Voluntarias del Embarazo (2010-2021, Ministerio de Sanidad)
Informes anuales autonómicos sobre la interrupción voluntaria del embarazo (2010-2021, Junta de Castilla y León)
Página web de Sanidad de Castilla y León (Sacyl)
Raquel Hurtado, coordinadora del área de intervención social de la Federación de Planificación Familiar Estatal (SEDRA-FPFE)
Emilia García, psicóloga en la clínica Buenavista (León) y una de las portavoces de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI)
