La Junta de Castilla y León no ha ejecutado ni una sola medida del Plan de Calidad del Aire por Ozono de 2021

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El informe anual sobre la contaminación por ozono de Ecologistas en Acción concluye que la totalidad de la población y del territorio regionales han estado expuestos un año más a unos niveles insalubres de este contaminante.
La organización ambiental espera que la nueva Directiva europea de calidad del aire, aprobada ayer, obligue a la Junta de Castilla y León a aplicar medidas eficaces para atajar la contaminación, en el marco de los preceptivos planes autonómicos.

El informe estatal sobre ozono elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos recogidos entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2024 en casi 500 estaciones de medición repartidas por todo el territorio español, entre ellas 30 situadas en Castilla y León.

En lo que respecta a Castilla y León, entre sus principales conclusiones, destacan:

El ozono es un contaminante muy complejo, que no tiene una fuente humana directa, sino que se forma en la superficie terrestre en presencia de radiación solar por la combinación de otros contaminantes denominados precursores, emitidos por el transporte (en especial los vehículos diésel), las centrales termoeléctricas, ciertas actividades industriales o la ganadería intensiva. Se trata por tanto de un contaminante típico de primavera y verano.

El ozono es el contaminante atmosférico que año tras año afecta a más población y territorio en el Estado español, y el más estrechamente ligado al cambio climático, por su relación con la radiación solar. Durante 2024, sus niveles han caído en Castilla y León por la menor duración del calor y la insolación estivales, ceñidos a los meses de julio y agosto.

El informe de Ecologistas en Acción toma como referencia el valor diario recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), de acuerdo al cual el aire contaminado por ozono ha afectado en 2024 a la totalidad de la población y del territorio castellano y leonés.

La única zona donde en el trienio 2022-2024 se ha incumplido el objetivo legal para la protección de la salud y el nuevo objetivo legal aprobado para 2030 por la Unión Europea, el Valle del Tiétar y Alberche abulense, suma 31.000 habitantes, el 1,3 % de la población.

La frecuencia de las superaciones de los estándares legal y de la OMS ha sido inferior a la de los dos años previos, con descensos de respectivamente el 55 % y el 20 % en relación al promedio de las registradas en el periodo 2012-2019, en el conjunto de Castilla y León.

La contaminación por ozono debe abordarse como un problema sanitario de primer orden, que causa cada año en torno a 270 muertes en Castilla y León, según el Instituto de Salud Global de Barcelona, afectando a niñas y niños, mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades cardiorrespiratorias. Durante el verano de 2024, el Instituto de Salud Carlos III ha estimado en Castilla y León un exceso de 215 muertes por el calor y el ozono.

La información a la ciudadanía por parte de las administraciones públicas no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema. Las estaciones del Ayuntamiento de Valladolid y de la Junta de Castilla y León no están optimizadas para la medición del ozono, según ha informado el CSIC, lo que restringe su representatividad, por lo que Ecologistas en Acción ha solicitado su reubicación parcial ante el Tribunal Supremo.

Ecologistas en Acción considera inaceptable que tras casi tres años de vigencia, la Junta de Castilla y León no haya ejecutado ni un solo euro ni una sola de las diecisiete acciones del Plan de Calidad del Aire por Ozono aprobado por el Gobierno regional en diciembre de 2021, para aparentar el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de 2018 y del Tribunal Supremo de 2020. Plan que por cierto ha sido anulado por el Tribunal Superior de Justicia en otra sentencia no firme en 2023, por su falta de concreción.

Las principales vías de actuación para reducir la contaminación del aire por ozono son disminuir el tráfico motorizado, adoptar las mejores técnicas industriales disponibles, sustituir los disolventes orgánicos por agua, el ahorro y la eficiencia energética, un despliegue ordenado de las energías renovables, reducir el tráfico aéreo, penalizar fiscalmente a los vehículos diésel y una moratoria para las macrogranjas.

Vencido hace casi dos años el plazo el plazo para que los municipios de más de 50.000 habitantes establecieran zonas de bajas emisiones, para mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático, las ciudades de Castilla y León no las han implantado, y las previstas en Burgos, Salamanca o Valladolid serán ineficaces por su mínimo tamaño o demora de aplicación. Junta de Castilla y León y ayuntamientos (salvo el de Valladolid) tampoco se han dotado de protocolos de actuación frente a los episodios de mala calidad del aire por ozono.

Ecologistas en Acción saluda como un gran avance la aprobación ayer de la nueva Directiva europea de calidad del aire, y confía en que obligue a Gobierno y Junta de Castilla y León a aplicar medidas eficaces para cumplir en 2030 los nuevos límites legales, en el marco de los preceptivos planes de calidad del aire, así como para mejorar la medición y la información, para lo que la organización pide al Gobierno Central una rápida transposición.