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- Ecologistas en Acción Castilla-La Mancha teme que la Ley suponga un primer paso en la privatización de controles administrativos que velan por la preservación del medio ambiente.
- La ley afecta, sobre todo a competencias medioambientales, lo que puede aumentar la presión sobre ecosistemas y medios de vida rurales.
Ecologistas en Acción Castilla-La Mancha afirma que el anteproyecto de Ley regional de Simplificación y Agilización Administrativa supondrá un debilitamiento de las garantías medioambientales en la aprobación de nuevos proyectos, ya que las funciones de control y supervisión de los mismos podrán ser ejercidos por entidades privadas en detrimento de las que ahora asumen los funcionarios de la propia Administración regional.
La creación de las denominadas “entidades colaboradoras de la Administración” supone una clara dejación de funciones, y un debilitamiento de la misma en detrimento del interés público general. La Ley, a la que Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones, supone un preocupante paso hacia la privatización de servicios, que como se ha demostrado en experiencias similares en sanidad, educación o atención a los ancianos, no ha mejorado la eficiencia en la prestación de los mismos.
Ecologistas en Acción considera inaceptable que el único requisito que se pida para la autorización de una entidad colaboradora privada sea una declaración responsable por parte de la misma. El control administrativo para la aprobación de nuevos proyectos, especialmente en los que sean de especial sensibilidad, como los relacionados con el medio ambiente, debe continuar siendo ejercido por los empleados públicos de la Administración, que cuentan con la preparación y los conocimientos que garantizan el desempeño de su función.
Silencio administrativo
La ONG entiende que es muy preocupante que la nueva normativa dé un sentido positivo a los silencios administrativos, puesto que por esta vía podrían aprobarse proyectos muy sensibles sin que hayan sido debidamente evaluados. Insiste en que, en este caso, el silencio administrativo debe tener efectos negativos respecto a la concesión de la autorización.
Critica además que la Ley hable de la reducción de plazos administrativos, que podrían aplicarse a tramitaciones medioambientales y restringir así los periodos de información pública en los que se pueden presentar alegaciones y aportaciones. Teme que los mecanismos de reclamación ciudadana puedan ser determinados por las propias entidades colaboradoras, lo que puede ocasionar situaciones de desamparo.
Ecologistas en Acción recalca que, de las nueve normativas afectadas por la Ley de Simplificación, cinco se refieren a competencias ambientales o de desarrollo sostenible sobre urbanismo, gestión forestal, caza, contaminación, evaluaciones ambientales estratégicas, etc.
La asociación sí que apoya la creación de una comisión específica para la agilización administrativa, pero siempre que respete el principio de no regresión en materia ambiental, ni perjudique su naturaleza de servicio público.
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