La pionera ley de salud mental de La Rioja aumenta las ratios de especialistas para reducir tiempos de espera y la excesiva medicalización

La Rioja se ha convertido en la primera comunidad autónoma en España que aprueba una ley de salud mental. Esta norma pionera impone unos ratios mínimos en las plantillas de los hospitales, un programa específico para prevenir el suicidio y pone el foco de atención en los jóvenes. 

La nueva ley, aprobada este jueves en el Parlamento riojano, fue propuesta en febrero de 2022 por la parlamentaria de Izquierda Unida (IU) del Grupo Parlamentario Mixto, Henar Moreno. Ahora, más de un año después y tras incluir modificaciones de otros grupos, el primer ordenamiento jurídico en el país que regula la salud mental sale a la luz con 21 votos a favor del PSOE, IU y Ciudadanos y 12 abstenciones del PP.

En España no existe una ley estatal que regule la salud mental. De hecho, lleva congelada en el Congreso más de un año y medio una proposición de ley de salud mental de Unidas Podemos, empantanada en tramitación de los plazos de enmienda. Esta norma, en línea con la de La Rioja, obligaría a elevar los ratios de psicólogos y psiquiatras, como recomiendan los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud.

Carolina Darias, la ministra de Sanidad, optó por actualizar la Estrategia de Salud Mental. Para ello, elaboró un Plan de Acción dotado con 100 millones de euros. Además, puso en marcha el teléfono 024 de prevención de suicidios y creó la especialidad de Psiquiatría Infantil. Sin embargo, estas propuestas son planes, es decir, no obligan a nada a diferencia de la nueva ley de La Rioja.

La ley de las personas con problemas de salud mental y sus familias aumenta las ratios de personal especializado

“Esta es una ley que pone en agenda un problema prioritario para nuestra sociedad que se agravó durante la pandemia por el confinamiento”, explica Moreno a Newtral.es. De hecho, según concluía un reciente informe realizado por la Conferencia de la Salud Mental sobre el impacto de la pandemia en las dolencias mentales, cuatro de cada 10 españoles aseguran que no gozan de buena salud mental y un 14,5% ha tenido ideas suicidas o ha intentado suicidarse, siendo los jóvenes y las mujeres los más afectados por estos problemas.

“La ley traduce el compromiso para seguir poniendo los medios para dar solución a los problemas de salud mental que sean solucionables y acompañar a aquellos que no lo sean”, añade Moreno. 

Con esta intención nace la ley de las personas con problemas de salud mental y sus familias de La Rioja. Esta tiene como objetivo garantizar el derecho a la protección de la salud mental a través de su promoción, prevención de la enfermedad, asistencia, cuidados y rehabilitación de las personas que sufren problemas de salud mental. “Era importante que estos derechos se recogieran en una ley y no en un plan, como hasta ahora, porque son las leyes las que generan obligaciones para los poderes públicos”, subraya la parlamentaria de IU.

Para lograr sus objetivos, la norma se centra en varios ámbitos de actuación. El principal, que destaca Moreno, es ampliar la plantilla de personal sanitario especialista en salud mental. En concreto, la ley obliga a que, en los próximos cinco años, se alcancen unas ratios mínimas de 18 psiquiatras, 18 psicólogos clínicos y 23 enfermeras especialistas por cada 100.000 habitantes. 

Unas cifras que superarían por mucho el deficiente panorama actual. La media nacional está en seis psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes, según la información facilitada al Defensor del Pueblo por el Ministerio de Sanidad. En el caso de La Rioja, hay 18 psicólogos clínicos y 23 psiquiatras trabajando en el sistema público de salud para toda la región de más de 300.000 habitantes, según los datos que comparte con Newtral.es el Colegio de Médicos riojano. Y ningún trabajador de enfermería especializado en salud mental. De esta manera, la nueva ley multiplica por cinco esta plantilla.

El aumento de ratios de la ley reduciría el consumo de ansiolíticos y las listas de espera

En España, las autoridades estiman que una de cada diez personas consume ansiolíticos, hipnóticos y antidepresivos a diario, como contamos en Newtral.es en el especial sobre salud mental. Además, como afirma Moreno, las listas de espera “eternas” para ser atendido por un especialista por primera vez y, sobre todo, la frecuencia de estas consultas, que pueden ser de una cada dos meses, agrava un problema que considera como estructural. 

En medio de esta espera están las posibles depresiones, los ataques de ansiedad o los cuadros psiquiátricos más graves que se enquistan sin que nadie los trate en terapia. El aumento de ratio de profesionales que ahora se obliga por ley en La Rioja solucionaría el problema. “Así como incluir a especialistas en psicología clínica en la atención primaria y en el ámbito educativo”, indica Moreno. Porque un médico de atención primaria puede recetar un ansiolítico, pero sin un tratamiento psicológico detrás, la recuperación del paciente es menos probable.

Otras cuestiones que incorpora la ley: prevención del suicidio, atención a las adicciones o reducir las sujeciones en residencias

La norma incorpora un plan específico de prevención del suicidio mediante un programa autonómico que proporcione apoyo psicosocial a personas con ideas o con tentativas previas de suicidio y a sus familiares. También trabajará en la adopción de un Código de Riesgo de Suicidio. Además, establece un modelo integral de tratamiento para personas con trastorno por abuso de alcohol y otras conductas adictivas como las drogas y el juego patológico. Acciones que se coordinarán con trabajadores sociales, no solo dentro del ámbito sanitario. 

Otra novedad es reducir al mínimo las sujeciones forzadas en residencias de mayores y centros psiquiátricos. “Se exigirá una valoración rigurosa de medidas sobre tratamientos coercitivos en cualquier lugar o situación, incluyendo unidades de hospitalización, servicios, centros de salud, colegios o centros residenciales de cualquier tipo”, indica la norma. Una práctica –la de la contención mecánica– que se está utilizando como excusa para recortar personal, como señala Moreno. “Este debe ser el último recurso”, opina. 

Además, el texto de la ley de salud mental de La Rioja señala un apartado especial para la salud mental de las mujeres al sufrir una “doble discriminación”. “Las desigualdades y la discriminación en el ámbito profesional, la carga de responsabilidades familiares y de cuidado o la violencia de género han sido algunos de los principales factores que han provocado o agravado los problemas de salud mental en la población femenina”, recoge el texto.

“Al tramitar esta ley detectamos que había mujeres con problemas de salud mental víctimas de violencia de género que eran excluidas de las casas de acogida por su enfermedad mental, lo que garantizamos ahora en esta ley”, apunta la diputada de IU.

La salud mental es un problema de salud pública y colectivo afectado por factores socioeconómicos como la precariedad laboral. Al respecto, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha presentado un informe que señala que la precariedad laboral y el paro generan 170.000 depresiones cada año. “Los determinantes sociales marcan el estado de salud de las personas, por ello se necesita una red de apoyo social”, subraya Moreno. 

Los nuevos contratos y demás planteamientos de la ley de salud mental de La Rioja se financiarán con los presupuestos autonómicos de 2023 y posteriores. No obstante, Moreno es consciente de que un nuevo gobierno en La Rioja a partir de las elecciones de mayo podría tumbar la ley. En cualquier caso, “esta norma no es el fin, es el medio para seguir luchando contra esta lacra, ya que la ley garantiza un derecho que si se incumple posibilita la vía judicial”.