La organización Human Rights Watch ha publicado su Informe Mundial de 2023, en el que analiza las crisis humanitarias que han tenido lugar alrededor del mudo en el año anterior: desde los deliberados ataques del presidente ruso Vladímir Putin contra civiles en Ucrania y la persecución de mujeres y periodistas por los talibanes en Afganistán hasta las sentencias de muerte por las protestas en Irán y el uso de la pandemia como excusa para vulnerar libertades básicas en Corea del Norte.
En su examen del estado de los derechos humanos en casi 100 países, este organismo también ha repasado la situación de España. La muerte de migrantes en la frontera sur tras las “devoluciones en caliente”, el aumento de la pobreza y la violencia de género son las cuestiones más preocupantes, según la asociación.
Human Rights Watch critica la muerte de migrantes por la política de “devoluciones en caliente”
Human Rights Watch denuncia en su informe la política de “devoluciones en caliente” de España, que, según indica, “ha contribuido a la muerte de migrantes” en nuestras “fronteras terrestres y marítimas”. El informe destaca el fallecimiento de al menos 23 hombres africanos durante el intento de unas 2.000 personas de cruzar la valla que separa el enclave de Melilla de Marruecos, que tuvo lugar el 24 de junio.
La organización humanitaria critica la violencia empleada por las autoridades marroquíes y españolas, quienes trabajaron conjuntamente para enviar de vuelta a la frontera a los migrantes, muchos de ellos heridos. Subraya que las autoridades españolas “confirmaron que habían retornado a personas a Marruecos de manera sumaria” y recuerda los hallazgos publicados en noviembre que demostraban la muerte de un migrante en territorio español.
En el informe también se señalan las altas cifras de llegadas irregulares a España peninsular y Canarias. Según la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR), a finales de octubre, al menos 25.389 personas habían entrado irregularmente por mar y 1.720, por tierra. La ausencia de rutas legales y seguras han causado daños y muertes. Solo en la primera mitad del año, 987 africanos perdieron la vida en el mar tratando de llegar a España, según estimaciones de Caminando Fronteras.
Asimismo, Human Rights Watch hace alusión al programa de regularización establecido a finales de 2021 en nuestro país y gracias al cual, hasta mediados del año siguiente, se habían concedido permisos de residencia y trabajo a más de 9.300 jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y los 23 años.
En cuanto a la situación de los migrantes ucranianos en España, el informe resalta la concesión, hasta mediados de octubre, de protección temporal a 15.000 personas que huían del conflicto en Ucrania.
Incremento de la inflación, aumento de la pobreza y tercer año sin electricidad en la Cañada Real
Human Rights Watch también se centra, en su informe, en el aumento de la pobreza que ha experimentado España en los últimos tiempos, unida al aumento de la inflación. El 27,8% de la población española estaba ‘en riesgo de pobreza o exclusión social’ en 2021, según datos oficiales, destacando especialmente la vulnerabilidad de los hogares monoparentales, en su mayoría dirigidos por mujeres, ya que más de la mitad de ellos -un 54%- se encontraba en riesgo de pobreza.
Las preocupaciones acerca de este asunto se han visto exacerbadas por el aumento de la inflación, que sufrió un incremento del 10,5% entre agosto de 2021 y el mismo mes en 2022. Se trata del nivel más alto desde que comenzó la medida oficial actual en 1994. Respecto al año anterior, en septiembre, ciertos alimentos básicos habían aumentado entre un 25% y un 40% su precio.
El informe también hace alusión a la adopción de reformas del programa de Ingreso Mínimo Vital (IMV) por parte del gobierno en mayo de 2020. A pesar del aumento de los niveles de apoyo del IMV a principios de año, incluidos aquellos pagos adicionales para personas con discapacidades y hogares monoparentales, este fue superado rápidamente por la inflación.
A pesar de la extensión del gobierno de una moratoria a los desalojos de personas que pudieran demostrar ‘vulnerabilidad social y económica’ hasta finales de año, la mayoría se siguieron ejecutando y solo en los tres primeros meses del año se contabilizaron más de 11.000 desahucios. Esto alertó a los activistas por el derecho a la vivienda, quienes expresaron su preocupación por la idoneidad de la definición de ‘vulnerabilidad’ de la ley.
Pero lo que más resalta el informe de Human Rights Watch es la situación de las casi 4.000 personas que viven en el asentamiento informal de la Cañada Real, cerca de Madrid, quienes entraron en un tercer año sin electricidad y continúan lidiando con el clima extremo y las dificultades en el acceso de más de 1.800 niños a la educación y la higiene.
En septiembre, los residentes de la Cañada Real presentaron una demanda en la que solicitaron una investigación sobre la decisión que llevó a las autoridades y los proveedores de energía a cortar los servicios públicos en octubre de 2020. Un mes después, una decisión de admisibilidad del Comité Europeo de Derechos Sociales, relacionada con una queja separada, ordenó al gobierno que tomara medidas inmediatas que garantizaran suficiente electricidad o que ofreciera alojamiento alternativo adecuado a los residentes de este asentamiento.
La ley del ‘solo sí es sí’ es considerada como una “mejora” por Human Rights Watch
El informe de la organización humanitaria también analiza la problemática de la violencia de género en nuestro país, cuyas denuncias se incrementaron durante 2021 y tuvieron un repunte del 19,33% en los primeros meses de 2022, según las cifras oficiales publicadas en marzo y junio del pasado año.
En este contexto, la nueva ley del ‘solo sí es sí’ sobre violación y consentimiento sexual, aprobada en agosto por el Parlamento, es considerada por Human Rights Watch como “una mejora dadas las debilidades de la legislación española”, al aclarar que el consentimiento no puede ser inferido del silencio, la pasividad o por defecto, y al “cerrar el vacío legal” en el que la violación de niños podía ser juzgada como un delito menor de ‘abuso sexual’ en los casos en los que no se lograba demostrar la existencia de intimidación o violencia.
No obstante, el informe también pone el foco en la preocupación expresada por los activistas ante la posibilidad de que cierta recategorización de delitos reduzca las sentencias mínimas para algunos delitos sexuales, que también pueden aplicarse retroactivamente.
Por último, Human Rights Watch aborda la cuestión del abuso sexual clerical y destaca el trabajo del servicio para las víctimas que la Procuraduría de los Derechos Humanos puso en marcha en julio. Este nuevo servicio afirmó, a mediados de septiembre, haber atendido a 201 víctimas -167 hombres y 37 mujeres- en los dos meses que llevaba operativo.
Fuentes
Informe Mundial de Human Rights Watch de 2023
