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Esta es una traducción del artículo original publicado el 22 de noviembre del 2022.
Cuando empecé a trabajar como científica para el gobierno estatal de Minnesota, me motivaba impulsar las protecciones ambientales que impidieran que los contaminantes pasaran de un medio ambiental a otro, como del aire al agua. Pero nunca me imaginé que tendría la oportunidad de combinar los conceptos de la justicia social y el cruce de medios para ayudar a implementar políticas destinadas a promover la justicia ambiental y la toma de decisiones más incluyente.
En el 2009 me pidieron que desarrollara un método para implementar un estatuto de Minnesota y tuve la suerte de averiguar de primera mano cómo podrían ser unas protecciones reglamentarias imperfectas, pero más holísticas e informadas por la comunidad. Aprendí que era posible implementar un estatuto para requerir que se realizara un análisis de cómo abordar los impactos acumulativos al solicitar los permisos ambientales. Sigo considerando ese trabajo inicial como uno de los momentos culminantes de mi carrera profesional hasta ahora.
Después de muchos años de dirigir, realizar y revisar estudios de modelado y monitoreo de sustancias tóxicas a nivel estatal, me entusiasma continuar con este trabajo desde una nueva perspectiva en la Unión de Científicos Conscientes (o UCS, por sus siglas en inglés) como becaria Kendall Fellow. Las investigaciones que realicé en este cargo servirán para fundamentar la integración de los impactos acumulativos en la toma de decisiones reglamentarias a nivel federal.
¿Qué son los impactos acumulativos?
Para entender qué son los impactos acumulativos, podemos pensar en algo similar a una cita con el médico. Si tengo dolor de garganta, puedo acudir a una clínica para que me hagan una prueba rápida de estreptococos y me receten antibióticos. Así es esencialmente como funcionan la mayoría de las protecciones ambientales: se aborda un problema a la vez.
Este planteamiento sólo funciona adecuadamente si tengo acceso a la atención médica, no tengo padecimientos subyacentes que pudieran indicar complicaciones adicionales, si estoy bastante segura de que sólo he estado expuesta a estreptococos, si no he tenido infecciones recurrentes por estreptococos y no necesitara tratamiento para otros problemas de salud como un esguince de tobillo o dolores de cabeza frecuentes.
En cambio, una decisión reglamentaria basada en los impactos acumulativos requeriría que el médico valorara el historial completo del paciente. El tratamiento se coordinaría para asegurar que el paciente no tuviera que acudir a cuatro clínicas distintas, se tendrían en cuenta las interacciones entre los medicamentos y se incluiría una serie de análisis lo suficientemente amplia como para garantizar que el paciente pudiera salir del consultorio lo más sano posible.
Continuando con la analogía, en la toma de decisiones ambientales hay muchas evidencias de que el padecimiento implica algo más que una simple faringitis estreptocócica. Debemos adoptar un enfoque más amplio y sistémico para tratar adecuadamente al paciente en su totalidad y evitar las enfermedades más graves y las visitas repetidas a la clínica.
El problema originó con todas las décadas de políticas y prácticas de discriminación racial, desde el nivel federal hasta el local, que siguen influyendo en la ubicación de las fuentes de contaminación, así como en su proximidad a las personas de color. Es probable que usted haya oído hablar de una de estas políticas conocida como “redlining” o segregación residencial.
En la década de los 1940, el gobierno estadounidense negoció la elaboración de mapas con los mercados inmobiliarios locales para orientar las prácticas de otorgamiento de los préstamos hipotecarios. Estos mapas marcaban como más “peligrosas” las áreas con una mayor proporción de personas de color (a menudo en color rojo, de ahí el nombre de redlining o líneas rojas). Estas políticas siguen influyendo en las decisiones de zonificación y concesión de permisos y son parcialmente responsables de que tantas fuentes de contaminación industrial y carreteras principales estén ubicadas tan cerca de las comunidades de color. En muchas áreas del país siguen existiendo estas comunidades y a veces se denominan zonas de sacrificio.
Las protecciones reglamentarias estadounidenses aún no han evolucionado lo suficiente como para mitigar estas exposiciones acumulativas a los contaminantes.
Hoy en día, los permisos ambientales para las instalaciones pueden tomar en cuenta varias fuentes de contaminación, pero solamente para un contaminante y un medio ambiental (aire, agua, tierra) a la vez. Muy pocas normas ambientales consideran los factores sistémicos de las comunidades que las hacen más susceptibles a los daños ambientales a pesar de que existe un conjunto sólido y creciente de pruebas científicas que justifican dichas protecciones. Es posible consultar algunos ejemplos de estas pruebas aquí, aquí, aquí y aquí .
El balance final es el siguiente: las fuentes de contaminación ambiental no están repartidas uniformemente y no operan de forma aislada; del mismo modo, las personas no están expuestas a un contaminante a la vez. Nuestro sistema de reglamentación ambiental debe reflejar estas realidades. La universidad The New School llevó a cabo una amplia investigación sobre las políticas de los impactos acumulativos que han sido propuestas y promulgadas en Estados Unidos. Esta investigación puede consultarse aquí y sirve como una magnífica introducción al concepto de los impactos acumulativos. La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) recientemente incorporó estos y otros conceptos en la siguiente definición “la totalidad de las exposiciones a diversas combinaciones de factores de estrés químicos y no químicos y sus efectos en la salud, el bienestar y los resultados de la calidad de vida”, lo que sugiere que se deben considerar los datos cuantitativos y cualitativos para fundamentar una decisión. Las decisiones reglamentarias sobre el medio ambiente que tomen en cuenta los impactos acumulativos pueden incluir múltiples sustancias químicas, la exposición a factores de estrés no químicos, múltiples fuentes de contaminación y múltiples vías de exposición (es decir, ingestión, inhalación, contacto con la piel), así como la sensibilidad y susceptibilidad a los daños ambientales derivados de factores sistémicos que repercuten negativamente en la salud de la comunidad. En la actualidad, la autoridad que regula los factores de estrés ambientales y de salud pública está dividida entre agencias de gobierno a nivel federal, estatal y local. Pero aún si existen algunos factores de estrés fuera de la autoridad reguladora de una agencia, éstos siguen influyendo en el nivel de protección ambiental que necesita una comunidad.
Escuchar al movimiento de justicia ambiental
Si observamos la distribución de la contaminación ambiental en Estados Unidos y los sitios donde está causando más daños, es evidente que necesitamos integrar urgentemente el contexto de los impactos acumulativos en nuestro sistema reglamentario de protección ambiental. Es necesario avanzar hacia un sistema de reglamentación ambiental que se base en lo que hay en un vecindario y en la salud actual de los vecinos.
Sabemos que hay comunidades en todo Estados Unidos que están agobiadas por múltiples y diversas fuentes de contaminación ambiental. Debido a los prejuicios raciales del pasado que persisten hoy en día, estas comunidades están integradas por un número desproporcionado de personas de raza negra, indígenas y de color (BIPOC), quienes están lingüísticamente aisladas y son de bajos ingresos. Las comunidades de justicia ambiental han solicitado durante décadas la aplicación de protecciones reglamentarias ambientales que sean acumulativas para revertir y disminuir los impactos desproporcionados.
También han aportado datos para respaldar esta petición. Robert Bullard y Glenn Johnson, expertos en justicia ambiental, describen el paradigma de protección basado en la justicia ambiental como “un enfoque holístico para formular políticas y normas de salud ambiental; desarrollar estrategias de reducción de riesgos múltiples, acumulativos y sinérgicos; proteger la salud pública; aumentar la participación pública en la toma de decisiones ambientales; promover el empoderamiento de la comunidad…”.
Aunque aún queda mucho por hacer, los grupos comunitarios y de justicia ambiental y las unidades de gobierno locales y estatales han logrado avances significativos hacia un sistema que aborde los impactos acumulativos. California desarrolló un programa llamado CalEnviroScreen que integra múltiples cargas ambientales y de salud para orientar la asignación de los recursos. La legislatura de Minnesota requiere un “análisis de niveles y efectos acumulativos” como parte del proceso de concesión de permisos que surgió del trabajo de organizaciones de base y vecinales de las comunidades de Phillips en Minneapolis. Este análisis requerido por el estado relaciona las emisiones atmosféricas propuestas con los posibles riesgos para la salud humana y luego con otros datos de salud ambiental que tienen posibles efectos similares sobre la salud humana.
Durante los últimos años ha habido importantes avances en el ámbito de los impactos acumulativos, tanto a nivel estatal como municipal. En respuesta a muchas décadas de actividades incansables y estratégicas por parte de los grupos de defensa ambiental, la legislatura de Nueva Jersey aprobó una Ley de Justicia Ambiental que obliga al Departamento de Protección Ambiental (NJDEP) del estado a evaluar los impactos ambientales y de salud pública de ciertas instalaciones en las comunidades agobiadas a la hora de analizar las solicitudes de permisos. La ley también refuerza la autoridad del NJDEP para denegar permisos ambientales en caso de que una propuesta vaya a tener un impacto desproporcionadamente negativo. El estado de Nueva York promulgó una ley similar a principios del 2021 para reducir los impactos acumulativos en las comunidades agobiadas. El estado de Massachusetts aprobó una Ley de Hoja de Ruta 2050 para enfrentar el cambio climático a través de una enmienda de justicia ambiental, la cual requiere resúmenes de las medidas adoptadas para mejorar los impactos económicos, ambientales y de salud pública en las comunidades de justicia ambiental; y el año pasado el estado de Colorado promulgó la Ley de Justicia Ambiental con el fin de formar un Consejo de Justicia Ambiental, proporcionar un financiamiento para la justicia ambiental y requerir un “análisis de los impactos desproporcionados” para propósitos de cumplimiento y aplicación. Varias ciudades también han aprobado ordenanzas (Newark, NJ, Albuquerque, NM, y Wilmington, DE) relacionadas con la justicia ambiental y los impactos acumulativos. Y el impulso sigue creciendo.
Todas las comunidades merecen protecciones
En enero del 2021, la administración Biden publicó una orden ejecutiva que da prioridad a la toma de decisiones más equitativas. En ella se afirma que “el gobierno debe adoptar un enfoque integral a fin de promover la equidad para todos, incluyendo las personas de color y otras que históricamente han sido desfavorecidas, marginadas y afectadas negativamente por la pobreza y la desigualdad persistentes“. La orden ejecutiva establece un enfoque en la justicia ambiental para todo el gobierno y requiere que cada agencia desarrolle planes de acción para la equidad racial.
El plan de la EPA que se publicó en abril del 2022 incluye una nueva estrategia paradesarrollar “un esquema integral para considerar los impactos acumulativos en las decisiones relevantes de la EPA e implementar ese esquema en los programas y las actividades de la agencia”. Más recientemente, la Oficina de Investigación y Desarrollo de la EPA profundizó en este tema al publicar un borrador final de sus Recomendaciones para la investigación de los Impactos Acumulativos, en el cual se detallan los conocimientos existentes y las investigaciones necesarias, aunque no incluye un calendario exacto de cuándo se tomarán medidas para abordar los impactos acumulativos en las comunidades agobiadas.
Ya disponemos de las herramientas necesarias para implementar un sistema reglamentario que aborde al menos algunos aspectos de los impactos acumulativos. Debemos seguir instando a las agencias a que escuchen a sus asesores en materia de justicia ambiental, como por ejemplo aquellos del Consejo Asesor Nacional sobre el Medio Ambiente (NEJAC) y el Consejo Asesor sobre Justicia Ambiental de la Casa Blanca (WHEJAC), así como a los expertos externos en justicia ambiental, para desarrollar un esquema que nos permita estimar y tomar acciones respecto a la exposición acumulativa de las personas que viven en comunidades agobiadas y desfavorecidas, el cual tenga en cuenta y considere los conocimientos y la experiencia de la comunidad.
Mientras eso sucede, los responsables de la toma de decisiones deben adoptar políticas basadas en la ciencia que incluyan a los impactos acumulativos como una herramienta vital que nos permita empezar a afrontar y revertir las desigualdades de salud que existen desde hace mucho tiempo.
