Josefina, Richard y sus tres hijas tuvieron que dejar su casa en 2015, ocho años después de que Richard perdiera su trabajo y pagar el alquiler se convirtiera en un imposible. Se instalaron en una vivienda propiedad de un banco, de la que han intentado desalojarlos hasta nueve veces. Ahora un comité de la ONU condena a España por vulnerar su derecho a la vivienda.
“Cuando uno se queda sin trabajo y se da cuenta de que es pobre, lo primero que pierde es la vivienda. Y es un derecho reconocido en la Constitución de nuestro país”, explicaba Richard antes de la rueda de prensa en la que, desde la sede del Consejo General de la Abogacía, se anunciaba una nueva condena de la ONU a España por vulnerar el derecho a la vivienda. Y ya van siete, todas ellas en la Comunidad de Madrid.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (Comité DESC) ha emitido un dictamen condenatorio contra España después de que Josefina y Richard acudieran a este organismo para presentar una queja por la violación de sus derechos humanos; en concreto, el derecho a la vivienda, según explicaron en la rueda de prensa. El Estado tiene seis meses para contestar.
España, el país más condenado
Tal y como señala la Fundación Abogacía Española en su guía práctica sobre los efectos de los dictámenes de los Comités Internacionales de Derechos Humanos en el ordenamiento jurídico español, España es “uno de los Estados más demandados y el más condenado, al menos en el Comité de Derechos del Niño y en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Concretamente en este último, del total de 138 comunicaciones realizadas, corresponden a España 135”.
En cuanto a los dictámenes del Comité, esta es la séptima condena a España por vulneración del derecho a una vivienda adecuada, recogido en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Así consta en la jurisprudencia de la ONU y se recoge también en la guía de la Abogacía.
Siete dictámenes con condena a España por vulnerar el derecho a la vivienda
Como en el caso de Richard y Josefina, las siete condenas anteriores de la ONU a España se produjeron por violar el derecho a una vivienda adecuada, y todos ellos tuvieron lugar en la Comunidad de Madrid.
El Comité publicó su primer dictamen relativo al derecho a la vivienda en 2015. I.D.G. había dejado de pagar las cuotas del préstamo con garantía hipotecaria que mantenía con el banco, y este inició el proceso de desahucio. La notificaron por edicto, y solo supo del proceso cuando ya se había ordenado la subasta. El Comité concluye que no pudo “defender adecuadamente su derecho a la vivienda ante un tribunal”.
Dos años después, el Comité también emitió un dictamen a favor de Mohamed Ben Djazia y Naouel Bellili, español y argelina, y sus dos hijos menores, que habían sido desahuciados de su casa de Madrid en 2013 por impago de alquiler y acabaron durmiendo en un coche.
Otros dos años después, en octubre de 2019, el Comité DESC dictaminó que España violó el derecho a la vivienda de una familia al no considerar su vulnerabilidad en un desahucio. Cuando el Comité supo del caso de Viviana y sus seis hijos, requirió a España que no desalojara a la familia mientras examinaba los hechos. Sin embargo, hizo oídos sordos y Viviana y sus hijos fueron desalojados. El Comité determinó que el Estado “no puede estipular que una persona que ocupa una propiedad sin título legal ha de ser desalojada inmediatamente sin tener en cuenta las circunstancias, y sin que el tribunal considere la proporcionalidad de la medida”.
En el dictamen, el Comité exige que se le repare el daño, pide cambios para evitar este tipo de situación en el futuro y determina que excluir de la lista de vivienda social a personas que ocupan sin título legal y por necesidad “constituye una violación del pacto, pues situaba a la autora en un callejón sin salida”.
Entre 2020 y 2021 llegaron otras tres condenas por violar el derecho a una vivienda adecuada de Rosario, Hakima El Goumari y Ahmed Tidli y El Ayoubi and El Azouan Azouz.
¿Qué es el Comité DESC?
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales monitorea el cumplimiento de los 170 estados que forman parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Comité está formado por 18 miembros que son expertos independientes en derechos humanos. El Protocolo Facultativo, ratificado por 24 estados entre los que se incluye España, establece el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a presentar quejas al Comité contra estados parte que hayan violado sus derechos humanos. El Protocolo Facultativo impone una obligación internacional legal sobre los Estados parte para “cumplir de buena fe con los dictámenes del Comité”, pero en la práctica, esto no se cumple.
