La Temporada de Peligros climáticos está aquí. ¿Qué puede significar esto para Puerto Rico?

El verano ya casi está aquí, y se espera sea más caluroso de lo normal según NOAA, la dependencia federal de investigación oceanográfica y atmosférica. Con el verano comienza también la “Temporada de Peligro”, o sea, los meses entre mayo y octubre cuando los fenómenos atmosféricos extremos (inundaciones, incendios forestales, tormentas y huracanes, o calor extremo) no solo se han hecho más frecuentes y dañinos debido al cambio climático, sino que es también más probable que traslapen o que ocurran de manera simultánea.  Dada la desastrosa temporada de huracanes que vivió Puerto Rico en 2017 y la huella del cambio climático en el alza en temperaturas y en el poder destructivo de las tormentas tropicales en el Caribe, ¿a qué se enfrenta Puerto Rico durante esta Temporada de Peligro?

Huracanes

Primero veamos el pronóstico para la temporada de huracanes emitido por el Climate Prediction Center (parte del Servicio Nacional de Meteorología, SNM). Se espera que se formen de entre 5 a 9 huracanes; hasta cuatro de ellos se espera sean huracanes mayores. 

NOAA. https://www.noaa.gov/sites/default/files/2023-05/IMAGE-Hurricane-Outlook-May-2023-SPANISH-Pie-052422-NOAA.PNG

Hay una buena noticia en todo esto, y es que tras tres años del fenómeno conocido como La Niña (durante el cual la actividad ciclónica en el Atlántico aumenta), se espera que se desarrolle El Niño, lo cual pudiera tener el efecto de reducir la formación de tormentas tropicales. (Este video en inglés explica brevemente qué cosa es El Niño).

Calor extremo

Desde que comenzó la Temporada de Peligro el primero de mayo y hasta el día 21 de junio, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) ha emitido alertas de calor extremo que han afectado a a 72 de los 78 municipios en Puerto Rico en unas 900 ocasiones. El récord de temperaturas para ésta época del año fue batido hace unos días al brincar a 95°F (35°C). Pero el índice de calor llegó a 112°F (44°C) hace unas semanas y a 125°F (52°C) en el norte de la isla la semana pasada.

National Climate Assessment. https://nca2018.globalchange.gov/chapter/20/#fig-20-14

Y estas altas temperaturas en Puerto Rico son producto del cambio climático. Los resultados del National Climate Assessment para Puerto Rico muestran que la cantidad de días con temperaturas por encima de los 90F ha incrementado a una razón de 0.5 días por año entre 1970 y 2015. O sea, que en promedio, cada dos años entre 1970 y 2015 se añadió un día más con temperaturas por encima de 90°F (32°C). Y si bien el fenómeno de El Niño este año pudiera mermar la formación e intensidad de tormentas tropicales, las altas temperaturas en el Océano Atlántico y humedad en el Sahel pudieran favorecer el fortalecimiento de los sistemas que se formen en la costa oeste de África. Todo esto dependerá de la fuerza que agarre El Niño este año.

Un análisis llevado a cabo por nuestros colegas de Climate Central estima que las altas temperaturas registradas en San Juan durante 256 de los 365 días entre octubre de 2021 y septiembre de 2022 (¡70 por ciento del año!), son entre tres y cinco veces más probables debido al cambio climático. Y cabe decir que San Juan ocupa un alto lugar en la lista de más de mil ciudades en el estudio, ya que solo 21 países o territorios han visto más del 70% del año con temperaturas fuertemente ligadas al cambio climático.

La privatización de la generación energética amenaza la salud de los puertorriqueños

El Dr Pablo Méndez Lázaro—especialista en los impactos del calor en la salud—recientemente contó a El Nuevo Día como estas altas temperaturas son peligrosas no solo para la salud humana, sino también para la debilitada infraestructura de energía eléctrica y salud pública en Puerto Rico.

Más de 40,000 consumidores en Puerto Rico se quedaron sin luz hace unos días durante una de las múltiples olas de calor que ha experimentado la isla desde el primero de mayo. A luces, la gestión de LUMA como operador de la red de distribución ha sido desastrosa, con cuando menos siete alzas en los precios del kilovatio-hora que pagan los consumidores residenciales, una tarifa adicional para subvencionar el costo de combustibles fósiles, y los múltiples apagones, todo consecuencia de no aprender de la experiencia del Huracán María.

LUMA ha demostrado ser incapaz de garantizar el suministro de electricidad y de cumplir su promesa de no buscar alzas en las tarifas. La confiabilidad en el servicio energético—auscultado por ejemplo mediante el tiempo que dura la interrupción en servicio—se ha reducido en Puerto Rico desde la entrada de LUMA al sector. Ahora bajo las terribles olas de calor recientes, la vida y la salud de la población de Puerto Rico está en riesgo. 

Encima de todo esto se viene sobre Puerto Rico la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la cual es el último clavo en el ataúd de la fiscalización de la reconstrucción energética en Puerto Rico. Al igual que LUMA, la empresa privatizadora de generación Genera PR (subsidiaria de New Fortress Energy) recibirá y administrará los fondos procedentes de FEMA para la reconstrucción. Desde que entró en vigor, el contrato de LUMA ha sido objeto de múltiples interrogantes las cuales nunca han sido contestadas:

“De por sí, el contrato de LUMA presenta una cantidad de interrogantes que nunca hemos visto atendidas en el proceso de quiebra. LUMA tiene prioridad de pago, tiene poder de veto, acapara el presupuesto de la AEE y ha solicitado numerosos aumentos de factura mientras provee un servicio eléctrico deficiente y más caro. Por otro lado, sabemos que la Junta de Control Fiscal está dirigiendo la reestructuración de la AEE de una manera que va a imponer más aumentos en la tarifa para el pago de la deuda. La entrada de otro privatizador, definitivamente, va a aumentar ese problema.”

Lic. Zoé C. Negrón Comas

Dada la trayectoria histórica de LUMA en la falta de fiscalización y transparencia en sus operaciones, y lo deficiente y caro del servicio, poner la generación en manos de Genera PR no augura muy bien para que Puerto Rico cuente con servicio eléctrico asequible que promueva la recuperación económica, que elimine la costosa y dañina quema de fósiles para la generación y que pueda proteger a la población de impactos climáticos como las olas de calor que están sufriendo, así como de huracanes y otros desastres.

El archipiélago se encuentra en una situación ya muy delicada y peligrosa para la salud y el bienestar de la población frente a olas de calor y huracanes, por no mencionar otros eventos no climatológicos como la jornada de temblores en 2020 que destruyó muchos hogares y dañó infraestructura. ¿Qué será de mi Borinquen si de manera consecutiva se enfrentara a un huracán, a una ola de calor, y a apagones extensos? La probabilidad de que se junten estas tres amenazas han aumentado debido al cambio climático.

Volviendo a la movida privatizadora, esta también pone en riesgo la transición energética hacia fuentes renovables, ya que no hay razón para pensar que el nuevo operador privado vaya a cumplir con las obligaciones de la Ley de Política Pública Energética de 2019 (Ley 17). El Director Ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), gestor del enlace entre la AEE y Genera PR, celebró recientemente con bombos y platillos la movida privatizadora como un gran paso hacia la transición a la energía renovable y al cumplimiento de la política pública energética. Pero los hechos sugieren que Genera PR se moverá en la dirección opuesta a lo que argumenta el titular de la AAPP.

De acuerdo con el análisis del contrato con Genera PR que llevó a cabo el Centro para la Nueva Economía, Genera PR proyecta generar alrededor de la mitad del ahorro total en sus operaciones mediante la conversión de unidades a gas natural, lo cual contrasta claramente con el mandato establecido en la ley de política energética de que el país llegue al 100% de energía renovable para el año 2050. Preocupantemente, Genera PR no recibirá penalidad alguna si no cumple con las metas de energía renovable en dicho proyecto de ley.

Y si bien el proceso bipartidista en la Legislatura que logró la Ley 17 requiere la apertura a un mercado competitivo para romper el monopolio de la AEE, tal parece que el contrato de Genera PR está por fuera de esa estipulación (así como de la Ley 120 de 2018 para transformar el sistema eléctrico). Ciertamente, así lo estima el sindicato de trabajadores de la AEE, UTIER (Unión de Empleados de la Industria Eléctrica y Riego), quien acaba de presentar una demanda para declarar nulo el contrato de Genera PR por violentar las estipulaciones anti-monopolísticas en ambas leyes.

En efecto, como dijo recientemente al semanario Claridad el representante legal del sindicato, la privatización de la AEE es “otra derrota para Puerto Rico” por parte de intereses que no benefician a la mayoría de los puertorriqueños y buscan eliminar todas las medidas para regular los mercados y proteger al pueblo de Puerto Rico y continuar lucrando con la venta y quema de combustibles fósiles mientras el planeta y el Caribe se siguen cocinando.

Los que tienen el poder para resolver el problema son unos necios

Pero el gobierno de turno en Puerto Rico, tanto como la Junta, el Negociado de Energía, LUMA, el entrante operador privado Genera PR, (sin olvidar la renuencia de la administración del presidente Biden a intervenir y hacer cumplir en Puerto Rico su propia política pública energética y de cambio climático) insisten neciamente en añadir más a la factura energética, climática, económica y de salud que paga el pueblo de Puerto Rico por la generación y distribución centralizada en base a fósiles. Dejan la factura inflada sobre la mesa para que la paguen las generaciones presentes y futuras. Las alzas en el costo del servicio parecen no tener fin; un aumento que pide LUMA al consumo es aumento que la Junta y el Negociado de Energía aprueban; esto no parece que vaya a cambiar al entrar Genera PR. Y de aprobarse el Plan de Ajuste de la Deuda que la Junta propone, aumentaría la tarifa durante los próximos 35-50 años para pagar a los bonistas de la AEE.

El pueblo de Puerto Rico está pagando, de su bolsillo y con su salud, las malas decisiones e incompetencia de todos estos entes privados y gubernamentales. Ya en 2020, el gobierno de Puerto Rico entró en una deuda de casi mil millones de dólares solamente para capitalizar la entrada de LUMA al mercado energético de Puerto Rico. Eso de por sí fue una locura.

¿En dónde tiene sentido que un ente privado que no tiene capital para entrar al mercado sea subsidiado por su propio cliente? La respuesta: en un país que no es no soberano, donde las personas que tienen que vivir (o morir) con las consecuencias de las decisiones no son los que toman esas decisiones. La población de la colonia está desprovista de mecanismos para enfrentar los impactos del cambio climático.

Hay soluciones reales apoyadas por la ciencia y la justicia social

Todos estos son obstáculos formidables para poner en marcha una visión energética sostenible y resiliente. Entonces pienso en que no hay más remedio que trabajar con “lo que hay” (como decimos en Puerto Rico cuando las condiciones de juego no se pueden cambiar):  ahora no será una, si no dos empresas privadas que operan (LUMA) y operarán (Genera PR) sin fiscalización, a quienes se les aprueban todos los aumentos que piden, y quiénes ignoran burdamente, con el aval de todas las instancias federales y estatales, los mandatos legales de energía renovable.

Estos intereses desentendidos del bienestar de los y las puertorriqueños contrastan fuertemente con la visión de la coalición Queremos Sol de reconstruir la red de generación y distribución eléctrica en base a las necesidades sociales y materiales del pueblo de Puerto Rico. En su informe han dicho, entre otras cosas, que hay que regresar a la AEE a un estado de gobernanza, operación y fiscalización en base a la eficiencia y conservación energética, y hacerlo de manera distribuida (es decir, no centralizada). Dicha transformación debe priorizar las necesidades socio-económicas y energéticas de la población y cumplir con la ley boricua de política energética, y crear la transición hacia la generación en base a fuentes renovables.