La vía de urgencia no garantiza una rápida tramitación de las leyes en el Congreso

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La Mesa del Congreso ha calificado este martes la reforma de la ley del ‘solo sí es sí’ y, si como está previsto supera la toma en consideración, se tramitará por la vía de urgencia, lo que formalmente implica que los plazos se reducirán a la mitad. Sin embargo, en la práctica, este procedimiento no siempre es sinónimo de una mayor celeridad.

El Reglamento deja la puerta abierta a que la Mesa acuerde “la prórroga o reducción de los plazos” establecidos y ahí es donde entran en juego los intereses políticos: si les conviene, los partidos que sumen mayoría en este órgano tienen la potestad de ‘congelar’ la tramitación prorrogando sine die el periodo para presentar enmiendas. Pero si por el contrario, lo que quieren es que la norma se apruebe cuanto antes, podría estar lista en un mes siempre que cuenten con los apoyos parlamentarios en las diferentes etapas.

En lo que llevamos de legislatura, la Mesa ha aprobado que se tramiten de urgencia el 46% de los proyectos de ley presentados por el Gobierno, pero solo un 1,9% de las proposiciones registradas por los grupos parlamentarios, la mayoría de ellas impulsadas por PSOE y Unidas Podemos. 

  • El caso de los decretos leyes. Si después de convalidarlo, el pleno aprueba que un decreto ley se tramite como proyecto de ley, esto se hace por la vía de urgencia de forma automática y sin necesidad de que la Mesa se pronuncie sobre ello. Por lo tanto, no se han incluido en la contabilización.

Cuestión de tiempos: la tramitación de leyes por la vía de urgencia

El Reglamento del Congreso estipula plazos concretos para algunas de las etapas de tramitación que sigue una norma en la Cámara, todos ellos contabilizados en jornadas hábiles y teniendo en cuenta que los meses de julio, agosto y enero se consideran inhábiles por norma general.

[¿Cómo se elabora una ley? El proceso, en 5 pasos]

Así, en un procedimiento ordinario, los partidos tienen 15 días para presentar enmiendas; el Gobierno, un máximo de 30 para pronunciarse sobre una proposición de ley; y los diputados de la ponencia, 15 para elaborar el informe previo al dictamen. Si se aprueba que la norma se tramite por la vía de urgencia, los tiempos se reducirían a la mitad, siempre y cuando la Mesa no los prorrogue.

En paralelo, hay otros pasos que no tienen tiempos estipulados, como la aprobación del dictamen por parte de la comisión o el pleno o la celebración del debate de totalidad. En ese caso, depende de los grupos agilizar o congelar el proceso, tal y como ha podido comprobar el PSOE este martes.

Una vez admitida por la Mesa su proposición para reformar la ley del ‘solo sí es sí’, los socialistas pretendían que el pleno votara su toma en consideración la semana que viene, pero ha visto truncados sus planes al no contar con el apoyo unánime del resto de grupos. La proposición se votará en el próximo pleno disponible, que es el del 7 de marzo; y si supera este examen, empezará entonces su tramitación.

Propulsión parlamentaria. Más allá de la vía de urgencia, existe la posibilidad de tramitar una norma en lectura única, lo que implica que la norma no se debate ni siquiera en la comisión: llega al pleno, se aprueba y se envía al Senado. Para adoptar esta vía exprés se exigen más requisitos, pues lo tiene que ratificar previamente una mayoría en el hemiciclo y solo es aplicable “cuando la naturaleza del proyecto o proposición de ley tomada en consideración” lo permita.

Leyes ‘fugaces’ tramitadas por la vía de urgencia en apenas un mes

La reforma de los delitos de sedición y malversación fue calificada por la Mesa el 14 de noviembre y el día 15 de diciembre se remitió al Senado. Es decir, en 31 días naturales se había aprobado el inicio de su tramitación, presentado las enmiendas, elaborado el informe, votado el dictamen y había sido ratificada por el pleno. Un poco más -35 días- tardó la Cámara en dejar listas las leyes por las que el Gobierno cedía una serie de tributos a Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares.

Mucho más veloces fueron la norma que modificaban el Concierto Económico Vasco y la proposición de ley que habilitaba al CGPJ en funciones para nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le correspondía. Ambos textos se tramitaron por la vía urgente entre las urgentes: la lectura única. ¿El balance? 16 días naturales de tramitación.

Aunque los tiempos son cambiantes, todas estas leyes tienen un rasgo político en común: han sido promovidas por el Gobierno o por los grupos del PSOE o Unidas Podemos en el Congreso. La única propuesta de los grupos de la oposición (PP, Cs y Mixto) que se ha tramitado por la vía de urgencia acumulan más de 30 ampliaciones del plazo para presentar enmiendas.

Leyes que llevan casi un año en el Congreso

En el punto contrario se encuentran una serie de leyes que, a pesar de estar tramitándose por la vía de urgencia, en el momento de publicarse esta noticia llevan más de un año en el Congreso. Al extenderse tanto les perjudica el calendario parlamentario puesto que, excepto en casos excepcionales, se paraliza los meses de enero, julio y agosto.

Estas normas también fueron propuestas por el Ejecutivo pero, como no cuentan todavía con los apoyos necesarios para salir adelante, permanecen en el ‘limbo’ de la fase de enmiendas o a la espera de un acuerdo que permita aprobar el dictamen, periodo que tampoco está delimitado en el Reglamento. Son la ley que crea el Fondo para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (616 días naturales en tramitación), la que recorta los beneficios caídos del cielo de la energía hidroeléctrica y nuclear (538) y la ley de vivienda (364).

Más de 300 días duró también la tramitación en el Congreso de la ley de cambio climático, la norma que regula las startups o la conocida como ‘Ley Rhodes’ para las que el Gobierno también solicitó la tramitación por la vía de urgencia. Resulta un tiempo mucho más largo que otras leyes que siguieron un procedimiento ordinario pero se remitieron al Senado en menos tiempo: 156 días en el caso de la ‘Tasa Google’ y la ‘Tasa Tobin’ o 64 en la Ley de convivencia universitaria.

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