Las ayudas a familias numerosas a debate: ¿se deberían tener en cuenta criterios de renta?

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 ¿se deberían tener en cuenta criterios de renta?

Tras la polémica que ha generado que el vicepresidente y consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, (con un sueldo de 104.000 euros anuales) reciba el bono social eléctrico y térmico destinado para familias vulnerables surge el debate de si conviene incorporar a este tipo de ayudas o políticas públicas también criterios de renta, más allá de incluir a familias numerosas en general.

Las familias con el título de familia numerosa, por el hecho de serlo, tienen derecho al bono social eléctrico si lo solicitan y por tanto también al térmico, ya que este segundo se concede de forma automática. Pero también pueden rechazarlo. Y en ningún caso depende de ningún criterio de renta específico.

¿Convendría incluir criterios de rentas en las ayudas a familias numerosas?

Antonio Jesús Sánchez-Fuentes, profesor y director del grupo de investigación sobre Políticas de Familia de la Universidad Complutense de Madrid, explica a Newtral.es que eso “dependerá del objetivo último de la política pública que un determinado gobierno pretenda conseguir”. 

Este experto apuesta por considerarlo como dos políticas diferenciadas. “Yo soy partidario por un lado de una política de carácter universal para todas las familias numerosas y ya después, si se quiere potenciar el efecto de esta primera, potenciar o complementar con otra destinada a las familias numerosas más vulnerables”, apunta.

¿Por qué se opta por ayudas universales a las familias numerosas? El efecto non take up

Para Luis Miguel Miller, investigador del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC, el principal motivo por el que este tipo de ayudas (en este caso a familias numerosas) no incluyen criterios de renta es que «al hacerlo, se introducen comprobaciones para conceder las ayudas y se hace mucho más complicado el proceso, perjudicando en mayor medida a las familias vulnerables y con las rentas más bajas».

Aunque parezca que lo mejor para las familias más vulnerables es centrar todas las ayudas en ellas, este experto explica que el hecho de introducir comprobaciones «hace que las familias a las que más destinada va esa ayuda y que más lo necesitan no la soliciten siquiera por miedo o rechazo a los trámites burocráticos«. Es lo que se conoce como non take up, la diferencia que existe entre los derechos teóricamente reconocidos y la realidad. «Precisamente por eso hoy en día se defiende la universalización de las ayudas sin ningún control de renta ni nada», añade.

Miller: “Sería mejor hacer transferencias directas según criterios de renta sin un objetivo concreto”

Si lo que se pretende es una redistribución de rentas, Miller cree que lo mejor sería «ir hacia las transferencias directas según criterios de renta sin que esa ayuda esté vinculada directamente a un objetivo». Básicamente, sería recaudar como Estado lo más posible mediante impuestos progresivos como el IRPF y después realizar transferencias directas sociales a las familias que más lo necesitan para que lo gasten en lo que decidan. 

Miller defiende un modelo de integración de ayudas en el que la Administración Pública haga una comprobación directa de la renta, y apunta que hay consenso en este sentido entre los principales partidos políticos de nuestro país.

Pros y contras de las políticas públicas con criterios de renta

Entonces, ¿se podría decir que una política pública es más justa si incluye criterios de renta? Para Sánchez-Fuentes “es difícil valorar el funcionamiento de cualquier política pública en el sentido de justicia al tratarse de un concepto subjetivo o normativo donde las preferencias pueden cambiar para distintos colectivos de la misma sociedad”.

Por eso, este experto prefiere hablar de las posibles ventajas o desventajas de aplicar criterios de renta a este tipo de políticas. “Por el lado positivo, al concentrar su aplicación sobre los colectivos de menos renta, su efecto redistributivo directo es obviamente mayor que cuando se aplica con carácter universal. También porque necesariamente la intensidad por beneficiario en este último caso deberá ser menor”, indica.

Por el contrario, “los niveles frontera que se establezcan (los límites) generarán incentivos y, por lo tanto, pueden alterar la toma de decisiones que los potenciales beneficiarios adoptarían en ausencia de esta política”. Por eso es tan importante analizar bien este tipo de políticas públicas antes de implementarlas.

La importancia de evaluar las políticas públicas en un escenario con recursos limitados

Para Sánchez-Fuentes, más allá del debate actual sobre las ayudas universales a familias numerosas y más allá del tipo de política pública que se implemente, lo que conviene tener presente es que “los recursos siempre son escasos y hay que procurar un uso adecuado de los mismos”.

El hecho de que “una política sea universal o limitada según niveles de renta posiblemente no deba ser la razón última fundamental para que deba recibir una valoración positiva o negativa y, tampoco, que se perciba como más o menos legítima”, defiende el profesor. 

Sánchez-Fuentes cree que es mucho más importante realizar una evaluación sistemática de las políticas implementadas en los distintos ámbitos de actuación del sector público que permita identificar aquellas que funcionan mejor y, sobre todo, aquellas que no aportan el beneficio que se les presupuso en su puesta en marcha.

Fuentes

Antonio Jesús Sánchez-Fuentes, profesor titular de Economía Aplicada, Pública y Política y director del Grupo de Investigación UCM ‘Políticas de Familia’ y secretario del ICEI

Luis Miguel Miller Moya, Investigador del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC

Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas

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