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Por donde quiera que viajemos por nuestra región, estamos siendo testigos de un proceso que se ve imparable. Nuestros cursos fluviales irreconocibles bajo la expansión del “bambú japonés” (Reinoutria japonica), los espacios de marismas cubiertos de “chilca” (Baccharis halimifolia), los espacios costeros irreconocibles bajo el tupido manto de la “uña de gato” (Carpabrotus acinaciformis) y por todos lados el “plumero” (Cortaderia selloana). En Cantabria están identificadas hasta 125 especies de flora con potencial invasor. Incluidas en el Catalogo de Especies Exóticas Invasoras, dentro de la Estrategia Regional de Gestión y control, y en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Algunas de ellas como los plumeros, provocan con sus ingentes cantidades de polen, nocivos efectos a la salud de las personas, como los enfermos de las vías respiratorias, según un reciente Informe del servicio de Alergología de Valdecilla.
En Cantabria se viene trabajando desde hace años con interesantes conclusiones, recogiendo datos y valorando técnicas, pero ha llegado el momento de dar un serio impulso a la estrategia regional. La progresiva y grave situación de ocupación del territorio de Cantabria por las especie vegetales invasoras, está acentuada por la lentitud de las administraciones, presupuestos insuficientes y una cierta descoordinación.
Como este problema tiene características globales en nuestra región, exige una respuesta con una estrategia global.
Es necesaria una iniciativa legislativa en nuestro ordenamiento autonómico y en coordinación con la administración nacional, que unifique las competencias de las diferentes normativas, como las normas municipales sobre “las condiciones de salubridad, higiene, seguridad y ornato público en solares y espacios libres de propiedad pública o privada”. Y la Ley de Cantabria 5/2022, de 15 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria, Art. 253, sobre los deberes de uso y conservación de toda clase de terrenos
Hay que actuar en base a las normativas citadas: Primero, diseñando una estrategia de acción y control (la total erradicación se descarta en las condiciones actuales) para reducir los espacios afectados.
Coordinando la acción entre las consejerías, ayuntamientos y ministerios, asignando los presupuestos necesarios anualmente y durante un plazo “de prueba”, de entre 8 y 10 años, con intervalos de análisis y revisión.
En segundo lugar los ayuntamientos de la región deberán programar las acciones y asignar los presupuestos en coordinación con la administración autonómica. Será necesario formar equipos de tratamiento de invasoras con personal y medios materiales, a tiempo parcial o total, o la contratación de personal externo, con trabajos a lo largo del año, de forma continuada.
Es necesario recordar a los propietarios de fincas y solares su obligación de mantener sus propiedades libres de ejemplares con capacidad invasora.
En tercer lugar es necesario que los titulares de empresas, polígonos industriales, solares de empresas inmobiliarias, espacios en la red ferroviaria y carreteras, sean informados para actuar con los mismos criterios y bajo la normativa vigente. Advirtiendo de la obligación de regenerar los suelos en espacios naturales o naturalizados para evitar la recolonización de las especies erradicadas.
No se puede basar la estrategia de la lucha contra las especies vegetales invasoras en proyectos temporales, según subvenciones puntuales, abandonando la intervención al acabarse los fondos. Y está claro que la estrategia enunciada costará presupuestos importantes, que bien pueden provenir de fondos europeos. Pero lo más importante es diseñar una estrategia definida a medio y largo plazo y perseverar en las acciones sin interrupción desde todos los sectores citados.
Es de reseñar que la activación de estos planes provocará un efecto positivo en las empresas de jardinería y servicios, y las que se crearan para poner en práctica las citadas estrategias con un aumento de empleos en el sector.
Creemos que es hora ya de asumir la gravedad de la situación por parte de las consejerías y ayuntamientos, sin olvidar las responsabilidades de los ministerios correspondientes y del operador ferroviario en el tratamiento de las invasoras que cubren los espacios de las redes viarias regionales.
Los ciudadanos tenemos que exigir una acción decidida ante la brutal agresión a la biodiversidad, a nuestro patrimonio natural y paisajístico, así como la afección a nuestra salud, que se está produciendo a la vista de todos. Y todos podemos contemplar, según pasa el tiempo, como el problema va a más sin que se afronte con decisión y efectividad.
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