Ferrovial anunció la semana pasada el traslado de su sede fuera de España mientras tiene recurridas en la Audiencia Nacional varias multas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por haber manipulado presuntamente y durante décadas contratos públicos relacionados con el sector de la construcción. Entre las obras públicas afectadas se hallan importantes autopistas, puentes, vías y estaciones de ferrocarril y metro; aeropuertos y edificios emblemáticos.
Desde que se creó la CNMC hace diez años, se han desarticulado dos cárteles de empresas donde Ferrovial, o alguna filial suya, tenía un papel relevante a la hora de repartirse contratos del sector público.
Hasta el momento, la multa más cuantiosa que ha recibido Ferrovial fue de 38,5 millones de euros. La empresa de Rafael Del Pino fue sancionada el año pasado por haber formado parte, junto con otras seis empresas del “G7” (Acciona, Dragados, FCC, Ferrovial, Obrascón Huarte, Sacyr y Latania), un grupo con le que durante más de 25 años manipularon miles de contratos públicos.
Ferrovial formó cártel durante 25 años con las constructoras más importantes del país
La resolución de la CNMC, donde se sancionó a este grupo de empresas, señalaba que el número total de contratos públicos afectados varían entre los 1.196 y 3.250 licitaciones, según la información de cada empresa.
Ferrovial formó parte del G7 desde 1992 hasta 2017. Durante esos 25 años la compañía estuvo compartiendo información privilegiada dentro del grupo, así como repartiéndose contratos públicos con las demás empresas.
Entre los contratos públicos afectados por el cártel y donde tuvo presencia Ferrovial, destacan la construcción de una urbanización del Campus de la Justicia de Madrid. El contrato tenía un presupuesto de 100 millones de euros. En este contrato, por ejemplo, colaboraron la compañía con Acciona, FCC, OHL y Sacyr.
A través del cártel, Ferrovial también participó en la construcción de la línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura, con un presupuesto de 8 millones de euros. También tuvieron un papel clave en el contrato público para la construcción de los ramales de conexión entre Plasencia y Cáceres. Dicho contrato tenía un presupuesto de 27,7 millones de euros, según el expediente de la CNMC.
“Empiezo ‘fuerte’… Ferrovial estaría interesada en el ‘obrón’ del 4 de septiembre”
Durante la investigación, el organismo que vigila la competencia tuvo acceso a determinados emails que corroboran la participación de Ferrovial en este grupo de empresas que se repartían contratos públicos. Destaca un correo electrónico de Ferrovial, donde quedaba patente la importancia que le daba el grupo al compartir trabajos.
- Extracto del correo de Ferrovial: “Empiezo ‘fuerte’………………….(la primera en la ‘frente’) Para el ‘obrón’ de referencia que se licita el 4 de septiembre, Ferrovial Agromán estaría interesada en poner en marcha la REVISIÓN DEL PROYECTO requerida por el PCAP y valorada con 6 puntos. Sí, es posible, por favor, preguntar a vuestras delegaciones para saber interés en la reunión. Saludos” (sic).
Tras su investigación, la CNMC acreditó que este grupo se reunía semanalmente para tomar decisiones de coordinación sobre sus ofertas y hacer un seguimiento de los trabajos contratados conjuntamente que se encontraban en ejecución. También se reunían para ver cómo abordar “las nuevas licitaciones abiertas durante la semana precedente”.
Tras su investigación, la CNMC, descubrió unos documentos Excel, que las empresas compartían entre sí, donde se recogía “con gran detalle”, datos sobre las licitaciones; los trabajos encargados; el nombre del consultor contratado de forma conjunta y el precio del trabajo; así como las empresas que participaban en una determinada licitación.
Ferrovial, al igual que las demás empresas sancionadas, recurrió la multa ante la Audiencia Nacional. Actualmente, la sanción está suspendida hasta que se emita la sentencia. Por lo que esta compañía puede ser contratada por la administración pública. Precisamente, tal y como publicó Newtral.es, Ferrovial, junto a otras 29 empresas multadas por amañar contratos públicos, han recibido cerca de 800 millones de euros de los fondos europeos Next Generation.
En 2021, la CNMC desmanteló otro cártel que manipulaba el resultado de las licitaciones de los servicios de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado. Estaba formado por 12 empresas, que consiguieron hacerse con la adjudicación de 71 de las 101 licitaciones del Ministerio de Fomento entre 2014 y 2018 relacionadas con las carreteras.
El cártel del asfalto: Ferrovial recibió 53 millones de euros en adjudicaciones
Las empresas sancionadas participaban sistemáticamente en todas las licitaciones acordadas, según recoge la CNMC en el expediente de la sanción, y el funcionamiento del cártel se desarrollaba a través de reuniones “para tomar café” donde las empresas participantes establecían los criterios de coordinación para presentar sus ofertas económicas ante el entonces Ministerio de Fomento.
Las empresas conchabadas asignaban una “bolsa” de puntos para cada grupo de licitaciones que se iban consumiendo en función del nivel de descuentos sobre el presupuesto de contratación. Cuando mayores eran las bajas que presentaron en sus respectivas ofertas económicas, más puntos se gastaban.
Según cálculos de la CNMC, el cártel operó entre febrero de 2014 y diciembre de 2018 y el importe total de las adjudicaciones del cártel superó los 530 millones de euros. Esta cantidad suponía el 63% del importe total adjudicado por el Ministerio para los servicios de conservación de la Red de Carreteras del Estado.
Entre las empresas que formaban el cártel, que se repartía contratos públicos, se hallaba Ferroser Infraestructuras (una empresa filial de Ferrovial). La CNMC le impuso una multa de 5,7 millones de euros, por haber participado en el cártel desde 2014 a 2018. Esta empresa fue adjudicataria de un total de cinco licitaciones por un importe de 53 millones de euros, lo que, según cálculos de la CNMC, representaba el 10,01% del total del valor adjudicado a las empresas del cártel.
El cártel de la basura
La CNMC desarticuló en 2015 un tercer cártel donde Ferrovial tuvo un papel clave. Se trataba del “cártel de la basura”, donde casi 50 empresas de recogida de residuos recibieron una multa histórica de 98,2 millones.
En este grupo de empresas, participaba Cespa, filial de Ferrovial desde 2003 hasta 2021. Sin embargo, las sanciones fueron anuladas a principios de 2018 por la Audiencia Nacional. El órgano judicial nunca entró a valorar el fondo de la sanción, la resolución se anuló por un error en la instrucción del expediente de la extinta Comisión Nacional de la Competencia (CNC). El error consistió en que la CNC instruyó el caso como una “infracción única y continuada” de todas las empresas que formaron el cártel. Las empresas recurrieron la sanción y la Audiencia Nacional sentenció que no quedaba suficientemente probada la interconexión entre las participantes.
Fuentes
Expedientes Sanciones CNMC
El País | La Audiencia Nacional suspende cautelarmente la multa de la CNMC a Ferrovial
EPE | El Supremo entierra sin multas el caso del ‘cártel de la basura’ una década después