Los mapas de las viviendas públicas que el Gobierno va a destinar a alquiler social

El Gobierno ha situado la vivienda en el centro de la precampaña de los comicios autonómicos y municipales del próximo 28 de mayo, promoviendo una batería de medidas y propuestas para abordar el problema de su acceso. Entre otras, el Consejo de Ministros de este 9 de mayo aprobó la adquisición por parte de la Entidad Pública de Suelos (SEPES) de 8,25 millones de metros cuadrados de terrenos públicos propiedad de Defensa para construir 19.876 viviendas públicas destinadas a alquiler social en 34 municipios, de las cuales el 52,83% se concentran en Madrid.

Esta compra se une a 15 actuaciones residenciales ya firmadas por la empresa dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para desarrollar otras 15.957 viviendas “asequibles” sobre suelo público en desuso, entre los que se encuentran los cuarteles de Campamento (Madrid), Son Busquets (Palma de Mallorca) y de Ingenieros y Artillería (Valencia).

Asimismo, el Gobierno aprobó este 9 de mayo el desarrollo de una nueva línea de préstamos del Instituto Oficial de Crédito (ICO) de 4.000 millones de euros financiada con los fondos europeos para la construcción de 43.000 viviendas a “destinarse al alquiler social o a precios asequibles durante, al menos, 50 años”, y la concesión de avales del 20% de la hipoteca para la compra de la primera vivienda habitual para jóvenes y familias con menores a su cargo.

La Sareb, la otra pata de la estrategia de vivienda para alquiler social del Gobierno

El Consejo de Ministros también aprobó la movilización de 20.768 viviendas de la entidad de control público de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), a través de acuerdos de venta a las comunidades autónomas o municipios para alquiler “social y asequible”. El 40,9% de las viviendas asignadas por el Gobierno se encuentran en la Comunidad Valenciana (4.950) y en Cataluña (3.539), mientras que Asturias (171), País Vasco (81) y Navarra (25) cuentan con menos de un 1% del total de inmuebles.

España es uno de los países de la Unión Europea con menos vivienda pública construida. El peso de este tipo de inmuebles sobre el total de viviendas principales (2,5%) es siete puntos inferior a la media del club comunitario (9,3%), según el Boletín especial Vivienda Social 2020 del Observatorio de Vivienda y Suelo.

El informe anual de 2022 del Banco de España reveló que el 48,9 % de los españoles que residían en viviendas de alquiler en 2021 se encontraban en riesgo de pobreza o de exclusión social, y que cuatro de cada diez inquilinos dedicaban más del 40% de su renta disponible a vivienda.

El barómetro de abril del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) evidenció que el 9,7% de los españoles y uno de cada cuatro jóvenes de entre 25 y 34 años (25,9%) considera que la vivienda es uno de los tres principales problemas del país que más le afectan personalmente.