Los obstáculos para garantizar la justicia ambiental en los centros de hidrógeno federales

Esta es la segunda entrega de una serie de dos partes. Lea la primera entrega: Los centros de hidrógeno ponen a prueba las nuevas normas federales de justicia ambiental

En la tarde de un miércoles del pasado mayo, Yukyan Lam miraba a la cámara de su computadora, mientras pronunciaba comentarios cuidadosamente preparados durante una sesión de escucha virtual convocada por el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE, por sus siglas en inglés).

La meta del evento era que la agencia federal escuchara las preocupaciones y preguntas de las comunidades que podrían verse afectadas por el centro de hidrógeno del Atlántico Medio. El centro hace parte de un enorme programa federal que busca crear una red nacional de producción de energía del hidrógeno.

Lam, la directora de investigación del Tishman Environment & Design Center de The New School, tenía tan solo tres minutos para presentar toda la información científica disponible sobre una amplia gama de impactos potenciales en la salud asociados con la captura y almacenamiento de carbono y la construcción de infraestructura para el hidrógeno, incluyendo mayores tasas de problemas respiratorios, mortalidad prematura, eventos cardiovasculares y problemas en el nacimiento. Más tarde, después de leer el resumen que publicó el DOE de la reunión, se sintió frustrada.

“No sentí que hubieran resumido con precisión toda la investigación que compartí o que el DOE realmente hubiera escuchado o valorado lo que se dijo en esa sesión de escucha”, Lam le dijo a EHN. “Están avanzando con estos proyectos pero todavía no se han involucrado con la comunidad”.

Lam, quien había estado prestando ayuda técnica y en investigación a la organización sin ánimo de lucro New Jersey Environmental Justice Alliance, que le ha hecho seguimiento al proyecto, no está sola en su frustración.

El centro del Atlántico Medio es una de las siete redes de infraestructuras propuestas y financiadas con fondos federales, creadas a partir de la Ley Bipartidista de Infraestructura de 2021 del gobierno de Biden, que pretenden utilizar tanto energía renovable como fósil para crear hidrógeno destinado a industrias pesadas difíciles de electrificar, como la siderurgia, la construcción y la producción petroquímica. Los centros apoyan el objetivo de la administración de alcanzar emisiones netas de carbono cero en 2050 y lograr una red eléctrica 100% limpia en 2035.

En 2023, la administración de Biden pasó regulaciones históricas ordenando a 80 agencias priorizar la justicia ambiental en la toma de decisiones ambientales. El DOE prometió ser un ejemplo con los siete centros de producción de hidrógeno, pero las comunidades impactadas a lo largo y ancho del país dicen que esa promesa no se ha materializado.

EHN habló con más de 30 ciudadanos y docenas de organizaciones en las regiones en donde se planea construir los centros de hidrógeno. Expresaron que los detalles de los proyectos son confusos, que la participación ciudadana sólo ocurre después de que las empresas ya han recibido millones en fondos gubernamentales y que las comunidades sienten que no tienen influencia alguna en la toma de decisiones.

También expresaron preocupación por los supuestos beneficios ambientales y la posible contaminación proveniente de los proyectos.

“Este centro de hidrógeno es solo una pequeña pieza del rompecabezas de la estrategia de los Estados Unidos para manejar el carbono”, dijo Lam. “Estas son tecnologías riesgosas, con un enorme potencial de causar daños en la salud de las comunidades más afectadas por la injusticia ambiental y además, no funcionan particularmente bien…Aunque fueran una gran solución climática, no estaríamos de acuerdo si fueran injustas, pero el hecho es que la captura de carbono ni siquiera es una gran solución”.

Los expertos dicen que las regulaciones federales en evolución, así como iniciativas para garantizar la justicia ambiental con buenas intenciones pero difíciles de implementar, están dejando a las comunidades en la oscuridad. También dicen que incluir a las comunidades desde las primeras etapas de desarrollo de un proyecto no solo se trata de garantizar que haya justicia, sino también de eficiencia.

“Los estudios han demostrado que la participación significativa de las comunidades en la fase inicial de un proyecto reduce los litigios y acelera los plazos de finalización”, explicó a EHN Chris Espinosa, director legislativo de clima y energía de EarthJustice, un grupo de defensa legal sin ánimo de lucro.

Los interrogantes sobre la Ley Nacional de Política Medioambiental (NEPA)

De acuerdo con la Ley Nacional de Política Medioambiental (conocida como NEPA, por sus siglas en inglés), las agencias federales deben evaluar los impactos medioambientales y de salud de proyectos de desarrollo, comunicar esos hallazgos al público y garantizar oportunidades para que el público participe. Pero la forma como esta normativa se aplica varía entre agencias.

“Hay formas muy buenas de hacer esto”, dijo Espinosa, “pero también hay formas de limitarse a dar los pasos requeridos y rellenar las casillas, que en realidad no van a producir el resultado tangible de que las aportaciones, preocupaciones y aspiraciones de las comunidades se reflejen en el producto final”.

Un año después de iniciarse los proyectos de los centros de hidrógeno, aún no está claro qué organismos estatales y federales pueden participar y qué tipos de participación pública será necesaria.

“Cómo va a aplicarse la NEPA va a depender mucho de cada proyecto y no sabremos esto sin que haya la transparencia que han estado demandando las comunidades”, dijo Espinosa. “Hay muchas formas en las que las agencias federales pueden ir más allá de lo que es exigido por la NEPA. Pero, hasta ahora, el Departamento de Energía no ha hecho ninguna de ellas”.

Para hacer la situación aún más compleja, muchas disposiciones clave de la NEPA fueron destripadas bajo la primera administración de Trump, pero luego fueron restauradas y expandidas por la administración de Biden, dejando a las agencias federales en una situación difícil. Con el retorno de Trump a la presidencia en enero próximo, estas agencias probablemente experimentarán más cambios regulatorios.

Un reto con los centros de hidrógeno es que las oportunidades de participación que la NEPA exige sí han sido planeadas, pero después de que los fondos ya han sido otorgados a los socios industriales. Los residentes temen que, para ese entonces, su retroalimentación sea irrelevante.

“El DOE dice que esperemos hasta que los premios hayan sido anunciados y que entonces tendremos más oportunidades para involucrarnos”, dijo a EHN Ben Inskeep, el director programático de la organización sin fines de lucro Citizens Action Coalition of Indiana, que está preocupada por el centro de hidrógeno del Medio Oeste. “Pero eso es poner en marcha estos proyectos antes de pedirle a las comunidades que opinen, en lugar de involucrarnos desde el principio para determinar si los proyectos son apropiados y funcionarán para nosotros”.

Tanto los centros de producción de California y de los Apalaches recibieron $30 millones de dólares y el de el Noroeste del Pacífico recibió $27,5 millones en fondos iniciales por parte del gobierno federal en julio. La financiación de los otros cuatro centros está aún en trámite. En total, los siete proyectos de centros de hidrógeno previstos recibirán $7.000 millones de dólares de financiación federal.

Los esfuerzos federales por la justicia ambiental

Los expertos involucrados en el proceso de planeación para los centros de hidrógeno dijeron que el DOE le pidió a diversos consultores ayuda para incorporar los lineamientos de la propuesta ley nacional de justicia medioambiental para todos, que se considera la “norma por excelencia” en materia de participación comunitaria.

La agencia incorporó esas estrategias en sus directrices para los planes de beneficios comunitarios de los centros, que son planes que los socios industriales deben elaborar para aplicar a los fondos públicos.

Las directrices incluyen recomendaciones para que “se involucren de manera temprana con métodos que no sean un proceso formal” y que faciliten “la discusión sobre si hay alguna manera de que el proyecto proponga diferentes sitios o se considere cambiar el sitio elegido basándose en los aprendizajes producto de la participación”. También dice que la participación efectiva “debería dedicar suficiente tiempo para la construcción de relaciones [con la comunidad], la incorporación y respuesta de la retroalimentación, el compartir con la comunidad los resultados de los procesos participativos y planes para negociar acuerdos formales con los socios sindicalistas y de la comunidad”.

“Este documento parece ser un modelo genial sobre cómo hacer de forma correcta”, dijo a EHN Lauren Piette, una asociada senior del programa de energías limpias de Earthjustice. “El problema es que todavía no estamos viéndolo hacerse realidad”.

El DOE dijo que proporcionaría resúmenes de los planes de beneficios comunitarios en su página web para garantizar la “transparencia y rendición de cuentas” pero todavía no lo ha hecho para seis de los siete centros, con la excepción del centro de California, que fue obligado a publicar el plan por leyes estatales.

Para los demás centros, ninguno de los grupos comunitarios con los que habló EHN había sido invitado a participar en las discusiones sobre los planes de beneficios comunitarios con los socios industriales del DOE. Los materiales disponibles para el público general relacionados con los planes hacen referencia a la llegada de nuevos puestos de trabajo y beneficios económicos. Hay muy poco o nada sobre el monitoreo de las nuevas fuentes de contaminación o la disminución de los impactos en la salud pública, reforzar los servicios de emergencia locales en caso de fugas o explosiones, o un seguimiento continuo de los costos y beneficios climáticos, ambientales, económicos y de salud de los proyectos, todas peticiones que las comunidades han hecho. El DOE decidió no compartir cómo está evaluando las fortalezas y debilidades de esos planes.

“Es una cortina de humo”, le dijo a EHN la activista de Pensilvania Karen Feridun, quien lidera un grupo de trabajo nacional sobre los centros de hidrógeno. “Los centros no están involucrando a las comunidades. Cada decisión que se ha tomado ha sido a puerta cerrada”.

El DOE no respondió a las preguntas sobre cómo los proyectos de centros de hidrógeno avanzan los objetivos de justicia climática y ambiental de la administración de Biden, si existen mecanismos para incorporar la retroalimentación de la sociedad civil en el proceso de planificación, o si la agencia ha ajustado el proceso de participación ciudadana y / o el proceso de toma de decisiones para cualquiera de los proyectos a partir de las peticiones de los miembros de las comunidades potencialmente afectadas.

Las limitaciones federales para perseguir la participación ciudadana 

Hay una percepción generalizada tanto entre los residentes como entre los expertos de que el DOE tiene las mejores intenciones pero no tiene las herramientas ni la infraestructura para cumplir con sus promesas de participación ciudadana. La oficina de demostraciones de la energías limpias (OCED, por sus siglas en inglés) del DOE fue creada en diciembre de 2021 con un presupuesto de $25 mil millones y la agencia tiene la misión de distribuir $7 mil millones de dólares para los centros de hidrógeno.

“Esta es una oficina nueva que todavía está tratando de entender cuáles son sus mandantes y procesos internos y que además debe manejar un enorme presupuesto. Toma tiempo ser exitoso, es más, me habría sorprendido que todo marchara bien desde el principio”, señaló a EHN Darshan Karwat, un profesor asociado de ingeniería en la Universidad Estatal de Arizona que investiga la ética en la ingeniería y la justicia ambiental, y que trabajó en el DOE. “Tres años no es tiempo suficiente para crear una oficina, idear un proceso de financiación, pasar por todos los requisitos burocráticos y legales, luego hacer el trabajo de implicación de la comunidad -que de por sí lleva mucho tiempo- y luego distribuir este enorme presupuesto en estos proyectos”.

Las directivas de justicia ambiental de la administración de Biden también representan un viraje grandísimo en las prioridades del DOE, que “se ha establecido para maximizar otros valores y dar prioridad a las métricas tecnológicas y económicas”, añadió Karwat. “Sería difícil para la agencia hacer un buen trabajo alineándose con los nuevos valores si no dispone del tiempo necesario para que todos sus niveles se adhieran a ellos. El cambio organizativo en las grandes burocracias lleva su tiempo”.

Para ayudar con ese aspecto, Karwat recibió fondos de las oficinas de tecnologías del agua y de justicia y equidad del DOE para que desarrollara herramientas que permitieran medir qué tan bien estaba la agencia cumpliendo con sus metas de justicia ambiental y su forma de incluir la justicia ambiental en sus programas y procesos. En 2023, los detalles sobre cómo usar la herramienta fueron publicados así como un caso de estudio publicado en un artículo científico, mientras se seguía trabajando, pero, al menos que Karwat sepa, la herramienta no está siendo usada para los procesos de los centros de hidrógeno. “Por favor, háganles saber que estaría encantado de ayudarles”, dijo.

Gente a lo largo y ancho del país comentó que la falta de transparencia e involucramiento colectivo significativo para los centros de hidrógeno parecen ir en contravía de los compromisos que la administración de Biden ha hecho respecto a la justicia ambiental.

“No creo que el presidente sea consciente de que sus prioridades de justicia ambiental están siendo ignoradas en la propuesta [del centro de hidrógeno del Medio Oeste]”, dijo a EHN Chris Chyung, el director ejecutivo del grupo de activismo medioambiental Indiana Conservation Voters.

Jalonne White-Newsome, la directora federal de justicia ambiental del Consejo de Calidad Ambiental de la Casa Blanca, señaló que hay varias medidas cuyo fin es que las agencias federales cumplan con el espíritu de la orden ejecutiva de Biden sobre justicia ambiental, en lugar de simplemente marca con una “x” las casillas de cumplimiento. Dijo que la orden requiere el desarrollo de planes estratégicos para cada agencia para incrementar la justicia ambiental y la elaboración de planes para su medición en el camino, “para que no sea letra muerta en un papel que nadie mira, guardado en un cajón”.

White-Newsome también llamó la atención sobre la creación del Consejo Interinstitucional de justicia medioambiental, que reúne a representantes de distintos organismos que están “comprometidos a garantizar que lo que figura en la orden ejecutiva, las iniciativas que impulsa el presidente, se lleven realmente a la práctica”.

¿Qué pasará con los centros de hidrógeno?

Los tres centros que ya han recibido fondos federales — el de los Apalaches, el de California y el del Pacífico Noroeste — ya empezaron la “fase 1” del proceso de desarrollo, durante el cual se espera que que avancen en la planeación, el desarrollo y el diseño para los componentes del centro; empiecen a desplegar las tecnologías y avancen en la planeación de los beneficios comunitarios y la participación de la gente, de acuerdo con el DOE. Se han anunciado nuevas oportunidades de participación comunitaria en algunos de estos centros.

El centro en California se autodenominó como el primero en ponerse en marcha de manera oficial en agosto 30 de este año. Si no hay problemas de construcción, legales o gubernamentales, el proyecto podría estar listo en ocho a 13 años, de acuerdo con las proyecciones de la OCED. También se espera que los centros de los Apalaches y del Pacífico Noroeste tarden alrededor de una década en completarse tras su puesta en marcha oficial, junto con miles de millones de dólares de inversión privada y financiación pública adicional procedente de exenciones fiscales.

Para los otros cuatro centros, no se espera que haya oportunidades de participación de la ciudadanía hasta que la primera ronda de fondos federales sea distribuida.

Los centros de hidrógeno y otros proyectos de energías renovables se verán muy distintos con la llegada de Donald Trump a la presidencia. Inclusive si la financiación para las centrales se mantiene intacta, los requerimientos de participación pública podrían cambiar, pues Trump ya destrozó la NEPA en una ocasión y prometió deshacer la normativa medioambiental del país durante la campaña electoral. Como presidente, Trump revocó más de 100 normativas medioambientales, para algunas de las cuales se necesitaron casi los cuatro años de la presidencia de Biden en restablecerse.

Aunque el destino de los centros de hidrógeno podría determinarse por los cambios bajo la administración de Trump, los activistas comunitarios no se han quedado de manos cruzadas.

“Me gustaría que el Departamento de Energía y el gobierno federal interactuara con nuestras comunidades de la misma manera como interactúa con la industria”, dijo Shiv Srivastava, un investigador de política pública para Fenceline Watch, una organización de justicia ambiental de Houston. “El DOE lleva mucho tiempo pensando en el hidrógeno y colabora estrechamente con sus socios industriales. ¿Dónde están los socios comunitarios? La divulgación se parece a lo que empezaron a hacer décadas antes con la industria, porque tienen un esfuerzo concertado”, añadió.

Virginia Wiltshire-Gordon, la encargada de los procesos de participación ciudadana de la oenegé Pipeline Safety Trust, que trabaja a nivel nacional para garantizar la seguridad y la transparencia respecto a las tuberías, le dijo a EHN: “Creo que lo principal es que el Departamento de Energía tiene que trabajar más para conocer mejor a los miembros de la comunidad tal y como son. Eso significa educar a las personas. Significa pensar quiénes son fuentes confiables al interior de las comunidades y conectar con la gente”.

White-Newsome, la directora federal de justicia ambiental de la Casa Blanca, animó a que los miembros de las comunidades que se sientan frustrados con el proceso se comuniquen con el Consejo de Calidad Medioambiental de la Casa Blanca.

“Nuestras puertas están abiertas”, dijo White-Newsome. “Si hay conversaciones que las comunidades con están pudiendo tener, o no están pudiendo conectarse o no se sienten satisfechas respecto a alguna de las agencias con quienes trabajamos, es responsabilidad [del Consejo de Calidad Ambiental] intervenir cuando sea posible”.

“Si bien no he escuchado directamente de ningún constituyente sobre los centros de hidrógeno, puedo reconocer las preocupaciones respecto a su uso y cuestiones como el coste, la eficiencia, la sostenibilidad y el uso del agua, por citar algunas”, declaró John Lively, representante del estado de Oregón. “El proyecto todavía está en sus primeras etapas y cualquier proyecto que se lleve a cabo en Oregon necesitará de una participación comunitaria diversa para triunfar. Trabajará con los ciudadanos y le pediré al gobierno federal que, a medida que avancen con el proyecto, se involucren con seriedad con los ciudadanos de la región, las partes interesadas, los activistas y los líderes”.

Robert Routh, un director de política pública en el Natural Resources Defense Council (NRDC, por sus siglas en inglés), dijo que a pesar de los retos hasta ahora, espera que las comunidades no se rindan en la batalla por una participación significativa en los centros.

“Estos proyectos van a suceder en el curso de la próxima década, por lo que tenemos una ventana de tiempo para que las agencias federales y los socios de los proyectos puedan y hagan mejoras”, Routh le dijo a EHN. Aunque llevamos un año con menos compromiso y transparencia de lo que nos gustaría, espero que los miembros de la comunidad no sientan que es demasiado tarde para que sus aportes hagan la diferencia”.

Este artículo fue traducido por María Paula Rubiano A.

Producción y edición de video: Jimmy Evans

Sobre las autoras:

Kristina Marusic cubre temas de salud ambiental y justicia en Pittsburgh y el occidente de Pennsylvania para Environmental Health News. Su nuevo libro, "A New War On Cancer: The Unlikely Heroes Revolutionizing Prevention", revela la existencia de un naciente movimiento a nivel nacional que busca prevenir el cáncer reduciendo la exposición a sustancias químicas cancerígenas en nuestra vida cotidiana.

Cami Ferrell es una reportera de vídeo bilingüe para Environmental Health News, radicada en Houston (Texas). Ferrell informa principalmente sobre el desarrollo de la industria petroquímica en la costa del Golfo de Texas.