Por qué la orden de arresto contra Putin es más un gesto “simbólico” que “eficaz”, según los expertos

La Corte Penal Internacional (CPI) emitió el viernes 17 de marzo una orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y contra la comisionada para los Derechos del Niño del Gobierno ruso, Maria Alekseyevna Lvova-Belova, por presuntos crímenes de guerra. Sin embargo, se trata de una orden que tiene “un valor más simbólico que efectivo”. “Ni Putin ni la gente que está a su alrededor van a salir de Rusia y, por lo tanto, no van a ser detenidos”, explica a Newtral.es el profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales José Ángel López, de la Universidad de Comillas ICADE.

López recuerda que al igual que Estados Unidos o China, Rusia no está adherida al Estatuto de Roma, el tratado que los países voluntariamente deben ratificar para poder ser miembros de la Corte Penal Internacional. “Por lo tanto, la CPI no tiene jurisdicción sobre este tipo de líderes políticos de Rusia”.

El Tribunal considera que hay “motivos razonables” para creer que tanto Putin como Lvova-Belova han cometido crímenes de guerra durante la invasión de Ucrania. Concretamente, les acusa de haber deportado y trasladado ilegalmente a niños desde Ucrania hasta Rusia, delitos tipificados como crímenes de guerra en el Estatuto de Roma.

Pese a la poca efectividad de la orden de arresto, el profesor de Derecho Internacional sí ve importante su valor simbólico, ya que estaría corroborando las informaciones que llevaban tiempo denunciando estos traslados ilegales de menores a Rusia. “Había bastantes evidencias sobre lo que estaba ocurriendo, y la orden viene a refrendarlas”, apunta López.

Los niños ucranianos a los que se ha perdido la pista

Hace menos de un mes se publicaron dos investigaciones sobre la deportación ilegal de niños ucranianos a territorio ruso. Una de ellas fue elaborada por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Yale (Estados Unidos) y la otra por la Red de Periodismo de Investigación de la EBU (siglas de Unión Europea de Radiodifusión). 

“Lvova-Belova y las autoridades rusas presentan estas transferencias de niños como un esfuerzo caritativo para salvarlos de los horrores de la guerra y darles una vida mejor que la que tenían antes. Se pueden ver aviones y trenes llenos de desconcertados niños ucranianos desfilando en vídeos de propaganda e informes de la televisión estatal a medida que llegan a las ciudades rusas”, explicaron los periodistas europeos.

El único registro oficial sobre estas desapariciones es el que elabora el Gobierno de Ucrania. Según este, más de 16.000 menores han sido deportados desde el inicio de la invasión, motivo por el que ahora la Corte Penal Internacional ha pedido una orden de arresto contra Putin y Lvova-Belova.

Algunos de los menores ucranianos habrían sido captados en centros como orfanatos. Otros eran niños ucranianos que vivían en zonas ocupadas, como Jersón, Járkov o Zaporiyia, cuyos padres habrían aceptado la propuesta de enviarles a campamentos “recreativos” gratuitos en Rusia. Algunos progenitores entrevistados en la investigación de Yale explicaron que lo hicieron porque tenían bajos ingresos y querían aprovechar un viaje gratuito para sus hijos; otros porque así les protegerían de los combates, entre otros motivos.

“Una vez en los campamentos, algunos niños ucranianos no son devueltos en el plazo acordado y no pueden ponerse en contacto con sus padres”, recogen las investigaciones. Apenas 300 menores han sido devueltos a sus familias, según las estadísticas del Gobierno ucraniano, siempre tras un “difícil y peligroso viaje al campamento para recuperar a sus hijos en persona”.

Los trabajos de investigación que según López vienen a ratificarse con la orden de arresto de Putin han conseguido ubicar en el mapa 43 emplazamientos a los que han sido trasladados los menores. Si bien la mayoría de estos centros se encuentran en territorio ruso cercano a Ucrania, han detectado al menos dos campos en Siberia y otro en Magadán, una región que se encuentra en la otra punta de Rusia bañada por las aguas del Pacífico.

Mapa de las zonas donde han encontrado centros con niños ucranianos. Imagen: Yale School of Public Health

“Los secuestran, les cambian la ciudadanía, los dan en adopción bajo tutela, cometen violencia sexual y otros delitos”, explicó a la red de periodistas europeos Daria Herasymchuk, comisionada para los Derechos del Niño y la Rehabilitación del Gobierno ucraniano.

¿Podría la justicia internacional utilizar otra vía para hacer efectiva la orden de arresto de Putin y Lvova-Belova?

Más allá de la orden de arresto contra Putin emitida por la CPI, “no hay muchas más palancas que se puedan activar”, afirma el profesor José Ángel López. “Hay más de 44 Estados que están poniendo en marcha esta clase de acciones desde sus propios ordenamientos internos, pero volvemos a lo mismo, siempre volvemos a la casilla de salida: este tipo de acciones se pueden activar cuando los potenciales delincuentes salgan de su Estado y se muevan por la comunidad internacional, cosa que en el caso de Putin no va a suceder”.

Además, la Corte Penal Internacional cuenta con otro obstáculo, y es que no puede juzgar a potenciales delincuentes si no están presentes. López recuerda que en otras situaciones sí se ha podido juzgar a los acusados pese a que estuviesen en rebeldía. Por ejemplo, recuerda la sentencia del caso Malaysia Airlines, en el que 298 pasajeros de un avión fueron asesinados en 2014 después de que el aeroplano se estrellase en Ucrania tras ser alcanzado por un misil. “Esa condena no se va a cumplir porque los condenados están en Rusia, pero por lo menos fueron juzgados”, señala el experto.