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La Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Popular en manos de Juan Manuel Moreno Bonilla, prepara el borrador de una orden que prevé que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) pueda pagar a las empresas sanitarias privadas que tengan un concierto con la Consejería de Sanidad por realizar consultas en Atención Primaria y, también, por efectuar operaciones en hospitales públicos.
El borrador de la orden, que lleva en fase de tramitación desde el 8 de julio de 2022, pretende “actualizar y homogeneizar” los precios que el SAS paga a la sanidad privada por las operaciones, pruebas de diagnóstico y pacientes derivados de centros públicos de Andalucía. Os contamos qué es lo que sabemos hasta ahora.
¿Qué dice el borrador?
El borrador es, según el propio texto, “un proyecto de orden por la que se actualiza y desarrolla el sistema de presupuestación y tarifación de convenios y conciertos que suscriba el Servicio Andaluz de Salud para la prestación de asistencia sanitaria en centros sanitarios”. Esta norma habilita jurídicamente que los médicos de clínicas privadas atiendan a pacientes dentro de hospitales públicos y puedan realizar pruebas y operaciones concertadas por la propia Junta de Andalucía. Además, la atención primaria se incluye, por primera vez, entre los servicios derivados a la sanidad privada para los que se han establecido diferentes tarifas.
El borrador recoge un listado de precios para procedimientos quirúrgicos, pruebas diagnósticas, estancias por días en hospitales, en UCI, centros de salud mental, radioterapia y, también, de consultas de atención primaria.
¿Qué diferencias hay entre la orden anterior y la que propone el Gobierno de Moreno Bonilla?
El borrador impulsado por el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla modifica las tarifas aprobadas por el PSOE en 1998 en la orden anterior, derogada en 2021. La diferencia entre ambas reside en que la norma que ahora formula el PP abre la puerta por primera vez a que los conciertos se lleven a cabo en la atención primaria. Desde la Consejería de Salud han señalado a El País que la inclusión de la primaria no es una novedad, ya que la orden anterior recogía el término “atención general” y no el de “atención primaria”. No obstante, en el texto de 1998 no encontramos ese servicio, solo el de “primera consulta y consultas sucesivas”.
Orden aprobada por la Consejería de Salud andaluza en 1998. El Gobierno andaluz ya contaba con un régimen de precios para tarifar estas operaciones, pero se aplicaba para las actuaciones médicas derivadas y realizadas dentro de hospitales y clínicas privadas. Con esta norma, los médicos de la privada podrán trabajar en instalaciones públicas, tal y como se recoge en la disposición adicional segunda (p. 7).
¿Qué tarifas establece el borrador?
La norma, que sigue en proceso de elaboración, busca establecer una “tarifa máxima homogénea” para los diferentes servicios que la administración contrate con las empresas. Esto, dicen desde la Junta, implicará “una mayor eficiencia en el Sistema Sanitario Público de Andalucía”.
El artículo 3 del borrador recoge los servicios sanitarios objeto de contratación. Según aparece en el anexo de tarifas, Salud prevé pagar la consulta médica de Atención Primaria a 65 euros. La “primera consulta” a un especialista se pagará a 150 euros y las consultas sucesivas, a 90 euros, mientras que las consultas de alta resolución se pagarán a 210 euros.
Borrador publicado por la Consejería de Salud. Estas tarifas máximas, dice el borrador, se corresponden con las consultas que se realicen en las instalaciones de las empresas adjudicatarias. Si, por el contrario, se realizan en hospitales públicos “la tarifa máxima se verá reducida al 35%”.
Entre otras tarifas (anexo 1) también se recogen los importes para las estancias médicas (215 euros si el paciente está ingresado de 1 a 7 días), 750 euros por día de estancia en la UCI o 130 euros por estancias en el departamento de salud mental para crónicos.
Borrador publicado por la Consejería de Salud. ¿Qué ha dicho la Junta de Andalucía?
La formación política Por Andalucía denunció el pasado día 13 de febrero que el borrador de la Junta pretende “privatizar” la sanidad. Ante esto, la Consejería de Sanidad andaluza ha negado en un comunicado –que han enviado a Maldita.es– que esta orden suponga una privatización de los servicios sanitarios: "El SAS desea aclarar que: En Andalucía no se va a producir ningún tipo de privatización en los centros sanitarios públicos, ni Atención Primaria ni Hospitalaria". El SAS resalta que el nuevo proyecto “mejora al derogado de 1998” actualizando “la obsolescencia anterior y aportando otros beneficios”.
Entre ellos, destacan, las "posibilidades de asistencia sanitaria que pudieran llegar a ser concertadas si en algún momento crítico puntual fuera necesario (incluidas todo tipo de consultas, tanto de Atención Primaria como especializada)" e insisten que tener esto previsto en una norma “es obligación de toda Administración porque es una señal inequívoca de previsión para cualquier tipo de contingencia, por ejemplo: pandemias, situaciones de catástrofe, etc…”.
