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- Desde Ecologistas en Acción Salamanca explican que existe la posibilidad de que en el municipio Miranda del Castañar se permita la construcción de un complejo residencial fuera del casco urbano en un espacio perteneciente al Parque Natural Las Batuecas Sierra de Francia incluido en la Red Natura 2000.
- Esta información surge a partir de la reunión de enero de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Salamanca en la que participa el colectivo.
En la reunión de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Salamanca del 25 de enero, desde Ecologistas explican que demoraron la decisión del visto bueno a este proyecto presentando un voto particular que tiene que resolver la Dirección General de Urbanismo.
“Creemos que no se debe aprobar este complejo residencial porque en el pueblo hay problemas de abastecimiento de agua en el verano y porque no está garantizada la red de saneamiento en esta futura urbanización. No se puede aceptar cualquier proyecto a pesar de las promesas de puestos de trabajo o dinero para los pueblos”, comenta el portavoz de Ecologistas en Acción Salamanca, José Ramón Barrueco.
En este caso, desde el colectivo agregan que si son deteriorados nuestros pueblos hasta niveles incompatibles con el desarrollo sostenible, puede ocasionar no solo la pérdida de arbolado y biodiversidad, sino también del turismo que desea disfrutar de parajes con gran riqueza medioambiental como la atesorada por la Sierra de Francia.
Por otro lado, Ecologistas en Acción también recibe con preocupación la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo no. 2 de Salamanca, en relación al recurso presentado por una empresa que pretende abrir una macrogranja de porcino en el municipio de Huerta. Esta sentencia sucede a pesar de que la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Salamanca había rechazado dar el visto bueno a este proyecto gracias a la decisión del Ayuntamiento de Huerta que no tiene interés público para el municipio esa contaminante instalación ganadera.
Sin embargo, la jueza del Contencioso dice que sí, que tiene interés público en contra de lo que opina el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León. Este hecho supone acabar con el criterio mantenido hasta ahora en la Comisión, de respetar la opinión de los ayuntamientos en los proyectos que les afectan. “En este caso, comprobamos una vez más que además de que la justicia es ciega, también es sorda, favoreciendo a los beneficios de unos pocos en contra del bienestar de todas las personas”, agrega su portavoz.
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