Qué es el Título 42 que permite a Estados Unidos expulsar a inmigrantes de forma inmediata

Tras años de aplicación, el Gobierno de Joe Biden intenta poner fin al Título 42, una norma criticada por organizaciones de derechos humanos que permite a Estados Unidos la deportación inmediata de los inmigrantes que llegan por tierra a su frontera con México. Su derogación, sin embargo, no será inmediata. La Casa Blanca ha pedido alargar la vida de la norma hasta el 27 de diciembre citando preparativos en curso para evitar una gran afluencia de migrantes y el próximo fin de semana festivo, como indican varios medios estadounidenses. 

Esta restricción para limitar la entrada a los inmigrantes nació como una medida sanitaria. Fue establecida por el presidente republicano Donald Trump en marzo de 2020 e impulsada por el Centro para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) con la intención de impedir la propagación del coronavirus en Estados Unidos. Sin embargo, la Administración Biden ha continuado utilizándola pese a la remisión del virus.

La decisión de la actual Casa Blanca no es casual. En noviembre, un juez obligó a la administración federal a poner fin al Título 42 al calificar la norma de “arbitraria y caprichosa” y dio un margen al Gobierno de cinco semanas para llevar a cabo el trámite. El plazo se cumplía este miércoles 21 de diciembre, sin embargo el presidente del Tribunal Supremo se adelantó y decidió prorrogar el Título 42 de manera temporal, dando la razón a la moción que presentaron 19 estados republicanos de Estados Unidos. 

Arizona, Luisiana, Missouri, Alabama, Alaska y Texas, entre otros, argumentaron ante el jefe de la justicia estadounidense que, sin la norma, “la crisis fronteriza en curso solo se intensificará y causará un daño irreparable a la salud y la seguridad del país”.

¿Qué es el Título 42 en Estados Unidos?

El Título 42 es una política fronteriza introducida por la Administración Trump en marzo de 2020 que permite a los agentes fronterizos rechazar a los migrantes en la frontera sur con el argumento de que podrían expandir el virus de la Covid-19 a Estados Unidos. En concreto, el Gobierno aseguró en ese momento que la orden estaba diseñada para evitar la propagación del coronavirus a través de los centros de detención de inmigrantes, donde son retenidos antes de ser liberados o deportados.

Por tanto, en virtud de esta política, la Administración utilizó la orden de emergencia de salud pública para rechazar a inmigrantes incluso cuando solicitaran asilo. La alternativa al Título 42 es aplicar la ley de inmigración de Estados Unidos, en la que una solicitud de asilo desencadena un proceso concreto en el que se debe permitir que la persona migrante pueda permanecer en el país el tiempo suficiente para defender su caso. 

En la práctica, el Título 42 permite a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) expulsar a los inmigrantes “inmediatamente”. Pero esto provoca un efecto contrario al de su intención de origen, ya que muchos inmigrantes intentan entrar en el país repetidamente, incluso después de haber sido expulsados bajo la norma, según el análisis del Consejo Americano de Inmigración, una ONG que provee de servicios legales a los migrantes. Según los datos de la CBP, desde que entró en vigor el Título 42 se ha expulsado a cerca de 2,4 millones de inmigrantes, la mayoría de ellos durante el Gobierno de Biden. 

¿Por qué es controvertido el Título 42?

Tanto la Administración Trump como la de Biden han estado aplicando el Título 42, creado para dar solución al contexto sin precedentes de emergencia sanitaria provocado por la pandemia, como si se tratara de la política migratoria de Estados Unidos.

Durante los casi tres años que lleva en vigor, el Título 42 ha sido denunciado en varias ocasiones por epidemiólogos y expertos en salud pública que han pedido poner fin a una norma que, “sin base científica, expulsa ilegal e inhumanamente a los solicitantes de asilo en la frontera sur de los Estados Unidos sin el debido proceso”. 

También ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés), OXFAM América o Raíces, organizaciones que han promovido la demanda para poner fin al Título 42.

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), una organización que promueve los derechos humanos en el continente, la tacha directamente de ilegal, ya que los migrantes son rechazados de inmediato sin tener la oportunidad de solicitar asilo, un derecho garantizado por la legislación estadounidense e internacional. 

¿Cuál ha sido el periplo legal para poner fin al Título 42?

Defensores de los solicitantes de asilo interpusieron una demanda en noviembre de este año, alegando que ya no existe una justificación sanitaria válida para denegar a los migrantes su derecho legal a pedir un puerto seguro en territorio estadounidense. En noviembre, un juez del distrito federal les dio la razón al bloquear el uso del Título 42 al calificarlo de “arbitrario y caprichoso” cuya aplicación expulsaba a los inmigrantes “a lugares con una alta probabilidad de persecución, tortura, asaltos violentos o violación”. 

El magistrado argumentó en su dictamen de 49 páginas que su decisión impide que se deporte a familias basándose en la política del Título 42. Además, en otra orden de dos páginas el juez también anula “todas las órdenes y memorandos de decisión emitidos por los CDC o el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos que suspendan el derecho a introducir a determinadas personas en Estados Unidos”. Y le dio cinco semanas de prórroga al Gobierno federal.

Para prepararse para gestionar la posible llegada de un mayor número de inmigrantes una vez levantada la norma, el Gobierno de Biden solicitó y obtuvo un aplazamiento de la aplicación de la decisión del juez. Posteriormente, el 19 de diciembre, el Tribunal Supremo bloqueó temporalmente la finalización del Título 42, prevista para el 21 de diciembre, mientras estudia la moción de los funcionarios estatales republicanos que piden mantener la norma en vigor. La lucha legal, por tanto, continúa.