El Tribunal Constitucional (TC) ha paralizado, como había solicitado a través de un recurso el PP, la tramitación legislativa para llevar a cabo una reforma de la ley del Poder Judicial, que desbloquease la renovación del propio TC. En una decisión sin precedentes que afecta al legislativo.
La tramitación de estos cambios había superado el recorrido legislativo el pasado jueves con la votación en el Congreso de los Diputados, y estaba pendiente de votarse este jueves en el Senado, pero la decisión del TC de admitir a trámite el recurso ha paralizado la votación. Se trata de una decisión sin precedentes, primero por la rapidez y después porque el TC hasta ahora se había pronunciado solo sobre leyes ya aprobadas y nunca había frenado la acción legislativa de las Cortes Generales.
Simultáneamente a esta decisión, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebra este martes un pleno extraordinario para votar los nombramientos de César Tolosa, Pablo Lucas y Jose Manuel Bandrés como magistrados para el Tribunal Constitucional, aunque es posible que no salga ninguno porque no hay mayorías para ello.
¿Qué ha decidido el TC y qué implica para el poder legislativo?
Ante el bloqueo judicial, el Gobierno decidió reformar de urgencia la Ley del Poder Judicial a través de dos enmiendas que se votaron dentro de una proposición de Ley para reformar el Código Penal, que ya estaba en trámite. Esta reforma, vía enmiendas del PSOE y de Unidas Podemos, eliminaba ciertos requisitos, entre ellos rebajaba las mayorías necesarias, para nombrar a los nuevos miembros del TC. La intención era desbloquear la renovación de los tres jueces que llevan meses con el mandato caducado, los cuales también han participado en la decisión de paralizar esta reforma.
El PP, cuyo argumento es que reformar de esta forma el TC no permite a los diputados debatir sobre el tema, recurrieron un día antes de la votación al propio tribunal presentando un recurso de amparo que pedía paralizar de forma cautelarísima la reforma.
El TC admitió dicho recurso y lo elevó a pleno, donde existe una mayoría conservadora de magistrados, aunque tres de ellos tienen el mandato caducado (el presidente, Pedro González-Trevijano y dos magistrados, Antonio Narváez y Juan Antonio Xiol Ríos).
Antes de que el pleno del TC tomase una decisión, Unidas Podemos presentó un escrito pidiendo la recusación del presidente y de Narváez, argumentando que debían apartarse de la decisión puesto que les afecta de lleno, al tener el mandato caducado.
El resultado del debate en el pleno, gracias a la mayoría conservadora, fue rechazar la recusación de los magistrados (los propios magistrados recusados, votaron en contra de su recusación) y aceptar la medida cautelarísima de paralizar la tramitación parlamentaria. Es decir, el Senado no podrá votar este jueves como estaba previsto.
¿Por qué sienta un nuevo precedente?
La decisión del TC sienta un nuevo precedente respecto a su relación con el poder legislativo por dos razones. La primera, por la rapidez con la que el tribunal admitió, elevó al pleno y debatió el recurso presentado por los populares.
En vez de recaer la decisión sobre la sala correspondiente, el presidente del TC, Pedro González-Trevijano, decidió elevar esta cuestión a un órgano en el que tiene mayoría conservadora. Esto ocurrió el pasado jueves, pero el debate se suspendió hasta el lunes. Por eso, el Congreso de los Diputados pudo votar y aprobar la reforma. Sin embargo, durante la noche del lunes, el pleno del TC decidió aprobar las medidas cautelarísimas que pedía el PP.
Esta rapidez choca con otras decisiones que el TC ha ido aparcando. Tiene pendientes recursos contra leyes importantes como la ley del aborto aprobada en el año 2010, sobre los que todavía no se ha pronunciado.
La segunda razón es que el TC hasta ahora no había decidido sobre la constitucionalidad de una norma durante su trámite parlamentario. No existían precedentes en los que el TC limitara la acción legislativa en el Congreso de los Diputados y el Senado durante la tramitación de una norma. El tribunal se había pronunciado sobre leyes una vez se encontraban aprobadas, como es el caso de Cataluña y la declaración unilateral de independencia.
¿Qué implica esta decisión del TC para el poder legislativo?
La decisión del TC, que adquiere la forma de auto, significa que el Senado no podrá votar este jueves las enmiendas relativas a la renovación de los órganos judiciales, aunque sí el resto del texto relativo al Código Penal.
Sobre las implicaciones de este auto y cuáles son los siguientes pasos que seguirá el poder legislativo, tanto la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, como el presidente del Senado, Ander Gil, han asegurado que acatarán la decisión del TC, pero han mostrado su preocupación por la misma.
Batet ha afirmado que acata la decisión del Tribunal Constitucional, pero ha asegurado que defenderá la autonomía del poder legislativo ante este hecho sin precedentes.
«A la mayor brevedad esperamos ser oídos y presentar en el tribunal nuestros argumentos para defender la autonomía parlamentaria», insistió en una declaración institucional realizada en el Salón de Pasos Perdidos del Palacio del Congreso.
La presidenta de la Cámara baja ha resaltado que la resolución adoptada por el Tribunal Constitucional «ha tenido por efecto la suspensión de un procedimiento legislativo en curso, un hecho que carece de precedentes en la historia de nuestra jurisdicción constitucional».
Por su parte, Gil ha manifestado que la suspensión de la tramitación de una ley supone «un grave quebranto» en el sistema democrático.
“Nos conduce a todos a una crisis institucional del Estado sin precedentes en nuestra democracia”, ha aseverado.
¿Cuáles han sido las reacciones?
Tanto el Gobierno como el legislativo, las Cortes Generales (Congreso y Senado), acatan la decisión del TC, aunque han mostrado su preocupación ante un hecho «insólito».
En una declaración institucional en la Moncloa, el Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática de España, Felix Bolaños, ha considerado que es «de una gravedad máxima» ya que se adopta mediante un procedimiento «insólito».
«La democracia y la Constitución, al igual que la verdad, siempre se abrirán camino a pesar de las dificultades. No tengan duda», ha señalado en rueda de prensa en la Moncloa.
Bolaños ha dicho que con sus recursos judiciales «el PP quiere controlar el Parlamento. Decidir qué se aprueba y qué no se aprueba».
Otros miembros del Gobierno, como la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, recalcaba que «la derecha política, mediática y judicial consuma un golpe sin precedentes a la democracia».
Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, señaló en un mensaje en Twitter que gracias a la decisión del TC «la democracia sale fortalecida».
«En un Estado de derecho, todos los poderes están sometidos a la Ley. Frente al ruido y las presiones, seguiremos defendiendo España y las instituciones sin miedo ni cesiones, desde la moderación y la razón», ha aseverado Feijóo.
Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha advertido de que «no hay nada ganado» porque Sánchez «es capaz de desoír» al TC, al tiempo que desde Cs, su líder, Inés Arrimadas, ha afirmado en redes sociales que «gana la democracia y pierde Sánchez». «Es una gran noticia», ha señalado Arrimadas.
Otros líderes políticos como el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado que el TC comenzó a usar Cataluña “como banco de pruebas” y que ahora “lo aplican por todas partes”. “La derecha españolista secuestra a las instituciones y sólo lo superaremos con una agenda valiente y progresista y donde Catalunya sea definitivamente una república soberana”, ha aseverado.
Fuentes
Tribunal Constitucional
Agencia EFE
Congreso de los Diputados
Senado
