Radiografía de los agricultores de Doñana: quiénes son y qué reclaman

En la batalla que se está librando por el agua de Doñana participan numerosos actores: políticos, científicos, sindicatos, ecologistas y agricultores. Estos últimos, muchos de ellos bajo el paraguas de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, reclaman “justicia y reparación” para las familias de agricultores que quedaron fuera del conocido como Plan de la Corona Norte de Doñana, según explicó Julio Díaz, portavoz de la plataforma, a COPE Huelva.

Aquel plan, aprobado en 2014, limitó el número de hectáreas regables en los alrededores del parque protegido y estableció que solo se podría cultivar en aquellas tierras que ya contasen con concesiones de riego en el año 2004. Es precisamente esta cuestión la que querrían cambiar PP y Vox con su polémica propuesta de ley. De salir adelante, esta regularizaría una serie de terrenos en los que hay agricultores cultivando irregularmente, en ocasiones con agua extraída ilegalmente del acuífero que descansa bajo Doñana. Un reconocimiento que consolidaría la agonía que sufre desde hace años el parque, según los científicos.

Según la proposición de ley de PP y Vox, con el plan de 2014 “a muchos profesionales se les provocó un desamparo que les hizo caer, a veces, en un limbo jurídico y, en otras ocasiones, directamente a una situación no contemplada por una normativa que se aprobó con efectos retroactivos de más de diez años entre su publicación y sus consecuencias”.

La solución que plantean la Plataforma de Regantes y PP y Vox es que esas familias recuperen las tierras para poder cultivarlas y después, se rieguen no con agua del acuífero, sino con agua superficial. Esta procedería del trasvase de los ríos Tinto, Odiel y Piedras, una infraestructura que decidió construirse en 2018 y que aún está en una fase de ejecución muy inicial. Pero la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ya ha advertido en una entrevista con El País que el agua de ese trasvase solo llega para cubrir las demandas de los pozos legales. “La Junta de Andalucía sabe perfectamente que nunca va a haber agua de superficie, nunca, porque está ya agotada”, ha asegurado Ribera.

[La Comisión Europea advirtió hace más de un año y el pasado marzo sobre la nueva propuesta de ley de Doñana pese a lo que dice Borja Sémper]

El cultivo de frutos rojos, el más común entre los agricultores de los alrededores de Doñana

El cultivo de frutos rojos en Huelva, principalmente de la fresa, es al que se dedican la mayoría de los agricultores de la comarca del Condado y más concretamente de los cinco municipios de Moguer, Lucena del Puerto, Bonares, Rociana del Condado y Almonte.

La Junta de Andalucía explica que Huelva es la primera región exportadora de fresa del mundo. Esta fruta, junto con las frambuesas, los arándanos y las moras, “constituyen un motor importante en el desarrollo de la economía onubense”. En 2021, según los últimos datos disponibles del Observatorio de Precios y Mercados de la Junta, Andalucía produjo el 97,3% de la fresa española y casi el 29% de la fresa de la UE, el mayor productor también a nivel comunitario.

Como ya explicamos en Newtral.es, los invernaderos de frutos rojos han pasado de 2.162 hectáreas a 3.542 en solo 10 años. Los investigadores que trabajan en la Estación Biológica de Doñana han visto cómo a medida que crecían los invernaderos, los ecosistemas de Doñana iban deteriorándose.

Quiénes componen la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado y qué proponen

Según explica en su página web, esta plataforma “nació al amparo de diferentes agentes sociales, agricultores, sindicatos, ayuntamientos y asociaciones que persiguen un objetivo común: la llegada del agua superficial a la zona del Condado de Huelva”.

En la entrevista con COPE Huelva, su portavoz recalcó que el objetivo final tanto de los agricultores como de la propuesta de PP y Vox es que “no haya ni un metro de tierra en Doñana -ninguno, de ninguna parcela- que se riegue con el acuífero”. 

Esta plataforma representa a más de 1.500 agricultores solo del Condado de Huelva. No obstante, también son miembros algunos ayuntamientos que pertenecen a otras comarcas. En el listado también figuran asociaciones y sindicatos. Además, la plataforma colabora con dos empresas: Geysen Robotics, enfocada a la fabricación e instalación de maquinaria hortofrutícola, y Clau & Paul Obras y Servicios.

Según la propuesta de ley, esta plataforma ha ido cobrando gran protagonismo en las reclamaciones del sector agrícola referentes al reconocimiento de tierras cultivables y uso de agua superficial para regar.

Sin embargo, no todos los agricultores onubenses están de acuerdo con estos planes. Apoyada por el Ayuntamiento de Almonte, la Asociación de Agricultores Puerta de Doñana, que agrupa a unos 350 trabajadores del campo, abandonó la plataforma hace ya más de un año. En ella sentían que no se estaban defendiendo los intereses generales de todos los regantes, “sino los intereses particulares de una minoría”.

Su portavoz, Manuel Delgado, ha tildado de “auténtica temeridad” la propuesta de ley que ahora está generando revuelo. “Si no tenemos garantizada el agua los agricultores que estamos cultivando legalmente en los últimos 40 años, ¿cómo se pretende ampliar?”, se preguntó en el programa Hablando Claro.

El problema de los pozos ilegales que se usan en la agricultura y que están secando Doñana

Ribera estima que en Doñana quedan unos 200 pozos ilegales “cuyos expedientes están en tramitación”. Estas prospecciones ‘pinchan’ el oficialmente llamado acuífero 27 y extraen agua de él.

Esa masa de agua que hay bajo el suelo ocupa unos 2.600 km² y es la que emerge a la superficie durante la temporada de lluvias, convirtiendo el paraje en el humedal más importante de Europa. Sin embargo, el cambio climático y las extracciones ilegales de agua que realizan algunos agricultores lo han llevado a un punto crítico que se ve reflejado en la ausencia de lagunas en Doñana.

WWF calcula que los agricultores ilegales que ya ocupan una superficie equivalente a 1.460 campos de fútbol de cultivos de fresas bajo los invernaderos. Muchas de estas plantaciones son las que chupan agua del acuífero de forma ilegal.

Según el portavoz de la Plataforma de Regantes, con la propuesta de ley del PP y Vox estiman que se podrían llegar a regularizar unas 750 u 800 hectáreas -una cifra que varía en función de la fuente-. “No estamos hablando de latifundios ni fondos de inversión. Estamos hablando de cooperativas donde hay miles de agricultores y lo que hay son familias viviendo de dos, tres, cuatro, cinco o seis hectáreas”, señaló Julio Díaz.

Para la plataforma, en palabras de Díaz, el objetivo es “que se clausure hasta el último pozo” y sustituirla por la del trasvase. Pero no solo la ministra Ribera dijo que era inviable. Hace un año, Eloy Revilla, el director de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC), dijo en una entrevista para elDiario.es que “la prioridad tiene que ser siempre para los agricultores legales, si se le da agua a los ilegales estaríamos desvistiendo un santo para vestir a un demonio”.