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Este 15 de junio se ha cumplido un año de la entrada en vigor de la excepción ibérica. Este mecanismo pactado por los Gobiernos español y portugués con la Comisión Europea en el contexto de la subida de precios de la energía tras la invasión rusa de Ucrania se basa en la creación de un tope al precio mayorista del gas: un precio máximo con el que el gas usado para generar electricidad puede entrar en el mercado mayorista eléctrico de la península ibérica, es decir, en el que los países y empresas distribuidoras compran el megavatio a los productores de energía. De esta forma, esta medida benefició al consumidor final con tarifa regulada o PVPC (precio de venta al pequeño consumidor) o un contrato en el mercado libre posterior al 26 de abril de 2022. Este tope no se aplica si el precio del gas está por debajo de un precio acordado, como ha pasado desde el 27 de febrero.
Analizamos cómo un año de este mecanismo ha influido en la factura de los consumidores afectados: aquellos con tarifa regulada o un contrato en el mercado libre posterior al 26 de abril de 2022.
Un mecanismo sin aplicarse desde el 27 de febrero al bajar el coste del gas
En los primeros seis meses el tope estabilizó el precio mayorista de la electricidad. El coste se mantuvo entre los 60 y los 200 euros el megavatio hora (€/MWh), frente al precio en países europeos como Francia, Italia o Alemania, donde el valor ha fluctuado más, superando los 700 €/MWh a finales de agosto y bajando después. Desde la segunda mitad de diciembre, el precio mayorista máximo de la electricidad ha sido de 186,73 €/MWh el día 17 de diciembre y ha bajado desde entonces.
Al precio mayorista en España habría que sumarle la compensación a las compañías que han vendido electricidad con gas a un precio topado que no cubre sus costes. Dicho ajuste se le repercute a los consumidores afectados por el mecanismo y no está reflejado en las cifras del mercado mayorista. El precio resultante de sumar ambos componentes, descrito en el gráfico como ‘España con mecanismo’ llegó a un máximo de 486,21 €/MWh el 31 de agosto y a un mínimo de 1,82 €/MWh el 31 de diciembre de 2022.
Sin embargo, desde el 27 de febrero, la excepción ibérica no se ha activado. Esto ha ocurrido porque a partir de esa fecha el precio de gas natural, que marca el precio mayorista de toda la electricidad en el mercado, se ha mantenido por debajo del nivel a partir del cuál se aplicaría este tope (de hasta 65€/MWh). Durante todo ese tiempo en que el precio del gas fue menor al del tope, el precio de la electricidad fue el mayorista, sin necesidad de pagar la compensación o ajuste.
